La fórmula matemática de los linchamientos

Veamos.

No hace falta ser un entendido para aceptar que nuestra sociedad tiene un serio problema de anomia, es decir, con el cumplimiento de las normas y que ello se extiende desde lo más encumbrado del poder hasta los habitantes de viviendas precarias. Los ejemplos son innumerables: actos de corrupción protagonizados por altos miembros del gobierno y empresarios, cortes de calles y rutas llevados a cabo por individuos de las clases sociales más pobres, proliferación de “entraderas” y “salideras”, robos con gran violencia, generalizada violación de las normas de tránsito, episodios de aguda violencia callejera y en el fútbol, etc.

Este comportamiento anómico se agudizó con la descomposición social ocurrida en el mundo laboral, la dinámica barrial y la familia en la década menemista y se profundizó en la etapa kirchnerista.

Esta sociedad, nuestra sociedad, tiene como contraparte un Estado anémico, o sea, con gran debilidad para conducirla hacia la civilidad.

Un Estado cuya principal característica es recaudar y gastar, pero incapaz de que ese gasto tenga una efecto benéfico proporcional a su volumen.

El caso educativo es un ejemplo muy claro: una gran inversión educativa en el sector público con resultados mediocres, para ser generosos. Pero también esta incapacidad se expresa en las carencias de los organismos estatales para asegurar sanidad del medio ambiente, protección al consumidor, servicios de transporte adecuados, protección de la vida y pertenencia de las personas, etc. Y al hablar de Estado no me refiero sólo al Poder Ejecutivo sino también al Judicial, en el que junto a magistrados y fiscales ocupados en evitar que la selva argentina se torne más feroz, existen aquellos que enmarañan la administración de justicia cuando no son socios activos de la corrupción. Todo ello en el marco de un sistema de legislación cuya pretensión de modernidad y vanguardismo choca con el primitivismo social y la incapacidad estatal.

La consecuencia de esta anomia social y anemia estatal es la proliferación de todo tipo de delitos y de impunidad produciendo realimentación entre ellos: las bajas probabilidades de ser castigado o recibir castigos leves es un poderoso impulsor de la repetición y extensión de la transgresión.

Los intentos frecuentes de linchamiento no son sino una r eacción enfrentada con las normas por parte de una sociedad que poco las respeta en respuesta a la percepción de falta de castigo al transgresor.

¿Y entonces qué? Una normativa garantista avanzada es deseable para la Argentina, pero en una etapa a la cual no hemos llegado. En las actuales circunstancias, por el contrario, el castigo a las transgresiones de todo tipo debería ser efectivo y muy severo, y ello hasta tanto la sociedad logre alcanzar un nivel de convivencia civilizada apegada a un alto cumplimiento de la ley. Se trata de una situación de “emergencia anómica” que precisa un antídoto muy específico: penas proporcionales al delito en cuestión y capaces de desincentivar su cometido o reincidencia de manera de devolver a la sociedad la certeza de que el que las hace las paga.

Ni mano dura ni mano blanda: mano justa.

Pero hay que trabajar con los otros términos de la ecuación.

Lo sugerido no es posible con el Estado actual. Una profunda reforma de las instituciones del Estado, en especial del Ejecutivo y Judicial, es imprescindible y ello significa que dicha reforma debe ser parte del proyecto de las fuerzas que intentarán vencer, en un futuro próximo, a quienes hoy nos gobiernan y su puesta en práctica, un primer acto de una verdadera política de Estado. Se está abriendo la oportunidad para debatir estos temas, encontrar puntos de acuerdo y traducirlos en acciones concretas.

Ni el trato severo de la emergencia anómica ni la imprescindible reforma del Estado serán suficientes para conducir al país a un etapa superior de convivencia civilizada sin cambios sociales y un sistema de valores remozado y bastante más amplio que el imperativo del consumo.

El impulso a un crecimiento económico sostenido, la reducción de la desigualdad social, la generación de empleo y servicios públicos de calidad deben acompañar a valores de solidaridad con los que compartimos un territorio, de esfuerzo y superación en nuestras labores, de respeto y tolerancia en el comportamiento cotidiano.

Esta tarea no sólo le cabe al Estado. Debe ser emprendida y sostenida por empresarios, sindicalistas, intelectuales, periodistas y de todos los sectores relevantes de la vida social. Tarea poco sencilla.