Opinión Internacional

La Izquierda Democrática y la Integración

Para la izquierda democrática la Integración Regional es una palanca para el desarrollo y un instrumento de negociación, para insertar al país en el complejo mundo de la globalización a objeto de alcanzar crecimiento económico, desarrollo social y la preservación del ambiente. La integración supone la existencia de un proyecto común a partir de amplias áreas de coincidencia entre los diferentes proyectos nacionales; si no se cumplen estas dos premisas la integración no funciona, toda vez que su éxito depende de la superposición de las motivaciones y la compatibilidad de las mismas, es decir, construir el viejo paradigma latinoamericano del fortalecimiento a través de la unión.

El Acuerdo de Cartagena también conocido como “Pacto Andino” fue la respuesta a la incapacidad de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, de construir una Zona de Libre Comercio. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, heredera histórica de ALALC, con el Tratado de Montevideo 1980 abrió el camino para una integración más agresiva y eficiente, permitiendo la formación dentro de su marco normativo, de Zonas de Libre Comercio (tales como el TLC-G3; los Acuerdos de Complementación Económica-ACEs, el TLC CAN-MERCOSUR), Uniones Aduaneras (CAN) y Mercados Comunes, e híbridos como el MERCOSUR, que facilitaran la convergencia hacia un Mercado Común Latinoamericano.

La CAN, con el Protocolo de Trujillo de 1996 y el Protocolo de Sucre de 1997, se orientó a lograr niveles más profundos de integración, yendo más allá de los aspectos arancelarios, comerciales y financieros, mediante la creación del Sistema Andino de Integración, amparado en el concepto de la supranacionalidad – caracterizado por los principios de aplicación directa y preeminencia, la autonomía del sistema institucional jurídico y comunitario, y la estabilidad y seguridad jurídica – que descansa en la clara diferenciación de sus órganos ejecutivos (Consejo Presidencial, Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Comisión de la CAN y Secretaría General), legislativos (Parlamento Andino) y judiciales (Tribunal de Justicia), reconocidos en los Convenios: Andrés Bello sobre educación, Simón Rodríguez sobre materia laboral, Lara Bonilla sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, e Hipólito Unanue sobre salud. Dentro del ámbito institucional se crearon también el Consejo Consultivo Laboral y el Consejo Consultivo Empresarial como órganos asesores y se fortalecieron, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas y se creó la Universidad Andina Simón Bolívar, siendo el Acuerdo al mismo tiempo la ley constitucional y la ley ordinaria de la CAN.

Estos principios fundamentales se orientaron al difícil ordenamiento de los archipiélagos nacionales, porque la experiencia señala que no hay verdadera integración sin supranacionalidad, y que ésta necesariamente requiere instituciones para su desarrollo y fortalecimiento, ya que por ser democrática es indubitablemente plural y alternativa, y no ideológica, caracterizada por la flexibilidad de la diplomacia presidencial para negociar, con una clara motivación política, con la comprensión de las dificultades coyunturales de los socios, dentro de una metodología similar a la desarrollada por la Unión Europea. La conclusión lógica es que las integraciones exitosas son construcciones graduales, producto de compromisos y valores compartidos.

La decisión de Chávez de denunciar la membresía de Venezuela en la CAN, es una muestra de la ignorancia irresponsable del autócrata, en su iluso afán de promover un ALBA imposible que descansa en la petrohegemonía militarista. Chávez no comprende la integración porque carece de solidaridad emocional con la institucionalidad – se suma a Pinochet y a Fujimori en el afán destructivo del proyecto comunitario -. El autócrata militar sólo es capaz de transitar proyectos hegemónicos, no comprende que toda negociación implica una transacción a efectos de construir y desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas dentro de una agenda compartida, que tiene matices y diferencias permitidas en los esquemas realistas de regionalismo abierto.

La decisión de Chávez, que carece de racionalidad política, jurídica, económica y social, viola flagrantemente los acuerdos suscritos por él mismo en julio de 2005, en el marco de la Asociación CAN / MERCOSUR más Chile, Guyana y Surinam. El comunicado conjunto de Presidentes de MERCOSUR y Estados Asociados (diciembre de 2005); la Declaración del Cuzco (diciembre 2004) y la Declaración Presidencial y Agenda Prioritaria (Cumbre de Brasilia, mayo 2005) para articular la Comunidad Sudamericana de Naciones; la Declaración de Salamanca de la Cumbre Iberoamericana (octubre 2005); los compromisos de la IV Cumbre de las Américas (noviembre de 2005) y compromete nuestra participación en la IV Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea de mayo 2006. En fin, Chávez empaña con su conducta de “carrito chocón” el éxito de los trabajos que se realizan para la Cooperación Sur-Sur, la construcción de un nuevo orden económico internacional, la participación en la Ronda del Milenio o Ronda del Desarrollo para culminar las negociaciones del sistema multilateral de comercio y obtener las ventajas de la vocería común, con el fin de alcanzar el bienestar de nuestro pueblo.

Chávez ha demostrado que es enemigo de la integración, y que no respeta los pactos, acuerdos, convenios, internacionales que él mismo ha suscrito, violentando el respeto al derecho internacional público, ignorando la identidad común andina, los principios de la solución pacífica de controversias, la necesidad de la solidaridad y cooperación para alcanzar el desarrollo social y económico de nuestro pueblos y la consolidación de la integración latinoamericana, convergiendo en la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Pena ajena – por la obsecuencia e ignorancia – dan las declaraciones de los voceros del régimen sobre la desafortunada iniciativa presidencial, desconociendo que era a través del mecanismo de solución de controversias de la institucionalidad andina, la convocatoria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y del Consejo Presidencial Andino, la manera institucional por la cual se podía resolver la crisis. Chávez ha vulnerado crónica y reiteradamente desde que asumió la presidencia, la normativa andina, a partir del mismo momento en que ordenó el trasbordo de la carga en la frontera colombo-venezolana. La lista de incumplimientos a la normativa andina demuestra su posición anti-integracionista y su pretensión de convertirse en un primus interpares, que amenaza también al MERCOSUR, por los efectos imperiales de su petrodiplomacia tarifada.

La izquierda democrática latinoamericana está consciente, que para que exista una integración regional exitosa se requieren como condiciones necesarias, la estabilidad macroeconómica de los socios, alto grado de institucionalidad del proceso y el carácter facilitador del regionalismo abierto, porque como decía el presidente Lagos “la globalización llegó para quedarse” y en ese sentido es necesario concluir que cada país tiene la globalización que se merece, que cada modelo socio-económico tiene la globalización que se merece y para ello es prudente recordar lo dicho por el socialista francés Jospín “que los países subdesarrollados se integren al mercado global sin desintegrar la nación”. Esta debe ser la meta.

En siete años Chávez ha destruído la estructura industrial del país, y especialmente las PYMEs, ha destruido el empleo formal y estable, ha creado inseguridad jurídica e impunidad, acabado con la clase media y la pequeña burguesía progresista, ha reducido la inversión extranjera, y en contradicción a su discurso anti-imperialista ha privilegiado al capitalismo transnacional y a las importaciones, y hoy para rematar la faena pretende destruir la CAN, porque es incapaz de trabajar y construir dentro de una institucionalidad reglada, y en sus frecuentes desvelos y sueños autárquicos olvida, mutatis mutandi, lo que el presidente del Partido Socialista de Chile sostuviera recientemente: “el desarrollo endógeno sobre la base del proteccionismo es un imposible para un país pequeño como Chile”. Además traiciona la memoria de Allende, quien sostuvo en su discurso inaugural de la UNCTAD III (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), realizada en Santiago el 13 de abril de 1972:

«El Pacto Andino, auténticamente latinoamericano, tiene trascendencia no sólo por el pragmatismo técnico con que estamos enfrentando los problemas como surgen, sino también porque estamos realizando una experiencia autóctona de integración, basada en el más absoluto respeto al pluralismo ideológico, al legítimo derecho que cada país tiene de adoptar las estructuras internas que estime más conveniente»

Podemos concluir, parafraseando a Tabaré Vazquez, que sobre Chávez y el chavismo ”se puede decir que pocas veces semejante fracaso tuvo tanto éxito”.

La izquierda democrática llama al pueblo de Venezuela y a los pueblos andinos y latinoamericanos a defender la integración, la convergencia y la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones, única manera de insertarnos eficientemente en la mundialización y avanzar hacia el desarrollo económico y la justicia social de la región.

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