La OEA de Pilatos
El argumentar que no existe una “ruptura democrática” que justifique siquiera la convocatoria de los cancilleres para tratar la cuestión, hace preguntarse qué entiende sus Estados miembro por democracia. No parecieran importar en dicha concepción la libertad a disentir y manifestar, la existencia de una prensa independiente, la vigilancia de los DDHH y la actuación contra el terrorismo de Estado. Ni hablar de autonomía de los poderes públicos.
El cese de las transmisiones de la televisora NTN24, el hostigamiento a reporteros, la negativa a aprobar las divisas para la importación del papel, la sanción desproporcionada a medios y la consecuente autocensura de sus pares, no son suficientes evidencias para la Organización presidida por José Miguel Inzulsa, de que en Venezuela la libertad de expresión se encuentra en entredicho, y dista mucho de poder cumplir con su rol de informar y servir al debate democrático.
No sólo es la libertad de expresión un pilar de la democracia, sino un derecho humano fundamental (art. 19), contando además con un desarrollo especial de la cual la OEA debería ser garante: la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Esta declaración es inequívoca en su condena a las formas de castigo o recompensa por ofrecer información u opiniones favorables o no al gobierno (art. 7 y 13), propiciar la censura (art. 6), atentar contra periodistas o material informativo (art. 9) y limitar la autonomía ciudadana para buscar, recibir y difundir libremente información y opiniones (art. 2). Por claras que sean al observador común las violaciones de tales principios en Venezuela, no lo son así para la OEA.
Similar apreciación cabe ante la represión a manifestaciones públicas, bien sea a manos del Estado o grupos paramilitares. En ambos casos la represión ha sido desmedida y por mucho no ajustada al respeto a los Derechos Humanos. La coordinación de la actuación de los cuerpos policiales con la de colectivos armados, son constancia de cómo el control del orden en las manifestaciones públicas tiene a la violencia y amedrentamiento como patrón, acompañados de fuerte carga de intolerancia.
Pero incluso considerada por sí sola, la represión ejercida directamente por los organismos policiales ha sido una nítida demostración de terrorismo de Estado. La desproporción en el ataque, violación de domicilios, la actuación no apegada a la normativa en el control de manifestaciones públicas, y de forma especial, el uso del sistema judicial para penalizar y disuadir la disidencia, son actuaciones que, por la vía ilegítima –es decir: no apegada a la legalidad y los Derechos Humanos–, buscan obediencia infundiendo temor en la población.
En 2002 la OEA se comprometía a enfrentar todas las formas de terrorismo, por medio del Comité Interamericano Contra el Terrorismo. Pero ahora pareciera no importarle que sea el propio gobierno venezolano el que financie, arme y sea permisivo con la actuación represiva de grupos paramilitares, los cuales completan el cuadro de terrorismo de Estado que, de alguna forma, no representan ahora un quiebre para democracia.
Inútil es mencionar la inoperancia de los poderes públicos para la preservación de los Derechos Humanos. Ejemplos como los de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, más preocupadas por justificar la actuación del Gobierno que de investigar denuncias con sólidos fundamentos, ya pasan desapercibidas por cotidianas. A ello habría que sumar las vejaciones y limitaciones en medio de las cuales actúan los diputados opositores en la Asamblea Nacional, donde no pasan de ser unos invitados sin voz (recordemos cómo de hecho en más de una ocasión se les ha quitado el derecho de palabra). Una vez más el cercenamiento a la democracia es constatable por cualquiera menos por la OEA,
Todo lo cual lleva a la pregunta ¿sobre qué base piensa la Organismo hemisférico que se llevará a cabo el diálogo entre oposición y gobierno, al cual se limitan a exhortar en su comunicado sobre la crisis en Venezuela? ¿Cómo puede encauzarse una democracia que presenta las deficiencias descritas, cuando la parte gobernante no ha dado señales confirmables de considerar las demandas de quienes hoy en día se encuentran en la calle, siendo que los demás poderes públicos tampoco cuentan con la voluntad o autonomía para hacerlas respetar?
Cuesta comprender las declaraciones de Insulza cuando, con el mayor desparpajo, afirma: «Las herramientas que la OEA tiene para actuar, a no ser que la crisis sea verdaderamente grave y haya una falta de gobernabilidad, son muy pocas». Entonces… ¿Para qué sirve la OEA? ¿Cuál es su papel? ¿Simplemente verán hacia otro lado mientras el país se sume cada vez más en la violencia? ante tanta pusilanimidad, hay que concordar con Maduro en que en efecto se trata de un Organismo moribundo, desprestigiado, títere de oscuros intereses.
