La OEA frente a su encrucijada
Como ya es conocido, la reciente Asamblea General de la OEA dejó sin efecto la resolución vigente desde 1962 mediante la cual excluía transitoriamente a Cuba del sistema interamericano. 47 años después del exabrupto cometido con la anuencia de 15 gobiernos que en ese entonces actuaron como acólitos de los Estados Unidos de Norteamérica, la Organización comienza a actualizar su ordenamiento jurídico y, en consecuencia, a adaptarlo al escenario político imperante en el hemisferio, con miras a poder cumplir cabalmente el rol que le corresponde desempeñar en la actualidad.
Los resultados de la Asamblea pusieron en evidencia la nueva correlación de fuerzas que se ha venido estructurando gradualmente como resultado de los cambios políticos operados en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños que por primera vez a lo largo de la historia de la OEA, unieron sus voces para alterar la tradicional lógica de funcionamiento prevaleciente en la institución desde su creación. Con todo y los matices que pueden identificarse en el cuadro de esos cambios políticos, el coro de los países subdesarrollados del hemisferio forzó la mutación de una actitud que a casi tres décadas del fin de la guerra fría, sobresalía no solo por su desfase temporal sino, aún más, por lo absurdo de su justificación.
La derogatoria de la resolución apenas si constituye el primer paso del largo camino que deberá transitar la Organización para recuperar su papel como foro para el desarrollo del necesario diálogo interamericano que precisamente ahora, ha resurgido bajo crecientes expectativas ante las primeras acciones desplegadas por la todavía flamante administración Obama. En ese tráfago, necesariamente los órganos de la OEA deberán acometer una acelerada actualización de las normas y procedimientos que rigen su accionar en diversos campos.
Las mutaciones políticas experimentadas en la región se están fundamentando en una expansión del sistema democrático a través de la diversificación de los canales de participación social y de la ampliación de los existentes, concediéndole a la ciudadanía un mayor protagonismo en el diseño, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Esta concepción del sistema político constituye, en la práctica, un desplazamiento de la democracia representativa que fuese la fuente inspiradora de la normativa vigente en la OEA.
Al incorporarse esa nueva acepción de la democracia en las sociedades latinoamericanas y caribeñas, en forma inmediata se altera la totalidad de los conceptos que orientan las materias objeto de tratamiento en la institución. Desde los análisis relacionados con los derechos humanos pasando por los procedimientos para las observaciones electorales hasta los programas de cooperación desarrollados con fondos de la Organización, deberán ser sometidos a una profunda reestructuración que, finalmente, tendrá que reflejarse en la estructura orgánico-funcional de la Secretaría General, así como en la composición del personal profesional al servicio de la misma.
Ahora bien, aún acometida esa reestructuración, la OEA jamás podrá constituirse en una instancia adecuada de negociación si no se reformula el diálogo interamericano, en el cual deben verse reflejarse los cambios antes descritos, de forma tal que efectivamente convoque a los 35 países del hemisferio; sin embargo, ello no será posible hasta tanto todos formen parte del sistema interamericano. Para esos efectos, es ineludible que los Estados Unidos levante definitiva e incondicionalmente el bloqueo que hace desde poco menos de medio siglo le impusiera a Cuba que, contra todo pronóstico, ha resistido estoicamente sus efectos, al tiempo de agigantar la dignidad de su pueblo a partir de la revalorización de los principios de la autodeterminación y la no injerencia.
Ya no se trata de determinar medidas al estilo de las anunciadas el pasado mes de abril o de ahondar las mismas, cuyos orígenes y efectos son muy controvertidos y dudosos. De lo que se trata es de derogar un cuerpo legislativo, lo cual requiere de una sanción parlamentaria en momentos cuando todo parece indicar que las condiciones que enfrenta el ejecutivo estadounidense no son, precisamente, las más favorables. Mientras no se concrete el levantamiento del bloqueo, el diálogo interamericano continuará siendo inviable y, por tanto, la labor de la OEA resultará totalmente inocua y carente de sentido.
Frente a la encrucijada en que se debate el futuro de la OEA, los países latinoamericanos y caribeños también deberán adoptar decisiones trascendentales con miras a amalgamar los intereses comunes que hoy, incluso, los han llevado a elevar su voz en coro, sin que mediara coordinación alguna. Todo ello es producto de la primera cosecha de los avances registrados en la ejecución de políticas y proyectos integracionistas ajenos a los preceptos clásicos, los cuales les están permitiendo enfrentar en forma conjunta problemas que en distintas magnitudes los afectan a todos, poniendo de relieve la validez de la cooperación basada en la solidaridad y la complementariedad como máxima expresión de la integración.
Corresponde ahora retomar la idea que trascendiera durante la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de los países de América Latina y del Caribe efectuada en diciembre pasado en Salvador de Bahía, Brasil, acerca de la conformación de un organismo en cuyo seno se puedan examinar desde una perspectiva regional, los diferentes desafíos que enfrentan y determinar líneas de acción para contrarrestar sus impactos. Entre otros, uno de los retos de que deben afrontar -tal vez, el de mayor envergadura- es el de establecer un esquema de relacionamiento no excluyente y equitativo con los países desarrollados del hemisferio.
La región cuenta con un amplio abanico de instituciones especializadas que deberían converger hacia la creación de ese organismo, especialmente, a partir del acervo acumulado tanto con el funcionamiento del Grupo de Río (G-Río), cuya membrecía ha sido ampliada a todos los países de la región, como en el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que bien podría ser asimilado como entidad de base de una eventual Asociación u Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
En todo caso, esta tarea debería centrar la atención de los gobiernos. Independientemente de las acciones que se lleven a cabo para reestructurar a la OEA, debe tenerse presente que jamás podrá optimizar su funcionamiento hasta que Cuba pueda incorporarse plenamente al sistema interamericano. Mientras el Gobierno de los Estados Unidos decide, y puede, reivindicarse con la historia y corregir el curso de sus vínculos con América Latina y el Caribe, resulta impostergable profundizar y consolidar el sendero de la integración, como única alternativa válida para reforzar la autodeterminación de nuestros pueblos y preservar a la región de indeseables y aún impunes injerencias como sucediera en reiteradas ocasiones.
