La polarización mexicana

A pesar de los sustos que puedan generar zafarranchos en la Universidad Nacional, nuevos brotes de violencia en el sureste mexicano o en los Estados de Guerrero u Oaxaca, o de los persistentes incrementos de las tasas de interés en Estados Unidos, hoy día el favorito para triunfar en las elecciones presidenciales del próximo 2 de julio en México sigue siendo el candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa. La reunificación del partido gobernante bajo la conducción del presidente Ernesto Zedillo, la ausencia de grandes desencantos o disensos internos ante la candidatura de Labastida, el éxito de la primaria priísta celebrada el pasado 7 de noviembre, la estabilidad económica y la fortaleza de la divisa mexicana, y, ante todo, la división de las fuerzas opositoras, son factores todos ellos que abonan en esa dirección. Las encuestas en su conjunto arrojan más o menos el mismo resultado: una ventaja suficiente de Labastida, un segundo lugar distante, aunque en plena mejoría, de Vicente Fox, el candidato del Partido Acción Nacional, y un tercer lugar, desdibujado y lejano, de Cuauhtémoc Cárdenas. Sobre todo revelan que un elevadísimo porcentaje de mexicanos -cercano al 75%- da por segura la victoria del PRI. Más aún, la mayoría de los análisis y sondeos basados en la situación prevaleciente al día de hoy postula un triunfo del partido de Estado no sólo en los comicios presidenciales, sino también en las elecciones para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, así como para las Cámaras legislativas federales y de la capital. Lo que en México se suele llamar el «carro completo».

Pero como nada es seguro en el amor y la política, los participantes en la contienda electoral perseveran en sus esfuerzos y buscan afanosamente argucias, astucias e hipótesis de trabajo que les permitan alterar los equilibrios vigentes y su destino en apariencia inexorable. Entre los llamados «escenarios» -anglicismo enfadoso pero eficaz-, destacan dos que en realidad van aparejados y cuya consumación constituye, por el momento, el único supuesto desprovisto de accidentes, sorpresas o errores garrafales del PRI bajo el cual podría modificarse el vaticinio ya citado. Se trata de la polarización extrema de la elección entre dos candidatos, a exclusión de los demás, y la transformación de la jornada electoral en un referéndum sobre la permanencia o clausura del sistema político mexicano, vigente desde los años treinta del siglo pasado.

La polarización es prácticamente ya un hecho, y todo indica que lo será cada vez más, aunque su confirmación depende más de la voluntad de los votantes que de los candidatos; el carácter referendario de la elección de julio aún no se confirma, y su emergencia se deberá, en su caso, a la hipotética habilidad de los aspirantes presidenciales para lograrlo o impedirlo.

La polarización avanza: los dos principales aspirantes a la primera magistratura mexicana, Labastida y Fox, concentran ya más del 80% de las preferencias manifiestas, y el número de indecisos encoge cada día. En el bando opositor, un porcentaje creciente de los votantes con proclividades antipriístas se aglutina en torno a una candidatura -por ahora, la de Fox-, condición indispensable de una victoria opositora en julio. Las encuestas y los ánimos de los votantes muestran una brecha constante o ligeramente creciente entre los dos contendientes opositores, a favor de Fox y en detrimento de Cárdenas. Desde las fracasadas negociaciones sobre la alianza de oposición en septiembre del año pasado, Fox ha conservado una ventaja de dos y medio o casi tres a uno sobre Cárdenas, que se traduce en 20 a 25 puntos porcentuales. En este lapso, ni Fox ha caído ni Cárdenas ha subido, y, por tanto, la distancia entre ambos se ha mantenido.

Las preferencias electorales para Cárdenas se han reducido a la mínima expresión del llamado «voto duro» del PRD -entre 10% y 15% del total-, y Fox ha conservado el 30%-35% del voto con el que contaba al iniciarse la campaña. Si bien Cárdenas pareció repuntar por algunos instantes a principios de año, aparentemente restándole votos a Labastida, todo indica que el conocido fenómeno del voto útil ha empezado ya a operar en México.

Quizás reteniendo la respiración y cerrando los ojos, un número cada día mayor de electores cardenistas se aprestan a votar por Vicente Fox: no por sus virtudes o propuestas, sino a pesar de las innegables deficiencias que presenta Fox a ojos de dichos votantes. Por una sencilla razón: es el único que puede ganar, por remotas que por ahora se consideren sus probabilidades de triunfo. Esta tendencia podría culminar en una o dos salidas conforme se acerque el día del sufragio: ya sea que el desvanecimiento del electorado cardenista alcance un grado tal que la presencia del otrora principal dirigente opositor en México simplemente sea insignificante en términos electorales, ya sea que Cárdenas decline explícitamente a favor de Fox semanas antes de los comicios, para salvar los muebles del PRD y evitar una verdadera hecatombe para ese partido. Hoy resulta altamente improbable cualquiera de estas eventualidades, y todo apunta hacia una consolidación de la candidatura de Cárdenas en 15%-18%, y, por ende, a una elección insuficientemente polarizada para impedir el triunfo del PRI. Pero quién sabe.

Triunfo tanto más seguro si la elección es percibida por los mexicanos de la manera en que pretende lograrlo el candidato del PRI y el Gobierno. El razonamiento es sencillo. Parte de una premisa discutible, pero coherente y aceptada por un gran número de observadores nacionales y extranjeros: gracias a las reformas políticas puestas en práctica en México durante los últimos años, el país ha logrado construir ya una democracia representativa cabal, que permite concebir esta elección en términos perfectamente análogos a los de cualquier otro país: una competencia abierta y limpia entre candidatos, partidos y programas, donde los ciudadanos escogen entre las opciones disponibles y la contienda se dirime en las urnas en condiciones esencialmente equitativas. Para los partidarios de esta visión -ilusa e idílica, en mi opinión-, el voto debe emitirse por el mejor candidato, o a favor del candidato cuyas posturas resultan más afines para cada elector, sin mayores aspavientos o contemplaciones. De convencerse una mayoría de los mexicanos -tácita o explícitamente- de los méritos de este enfoque, es probable que salga adelante Labastida, debido a dos factores. El primero es «el aparato», es decir, el conjunto de fuerzas -presidencia de la república, gobernadores, delegados federales de los ministerios de la ciudad de México, empresarios, obispos, jefes de zona militar, líderes sindicales, medios de comunicación locales y nacionales, dirigentes campesinos- que han conformado el sistema priísta desde su fundación hace 70 años. Contra todo ello se antoja prácticamente imposible ganar una elección «normal», justamente porque no es «normal». El indudable y paulatino desgaste del aparato a lo largo de los años no obsta para que siga vivo y actuante, tanto más que, como acostumbran confiar los priístas inteligentes, sólo se divide y debilita cuando la oposición se fortalece, y por ahora no es el caso. Contra el aparato, en condiciones carentes de excepcionalidad -colapso financiero, violencia generalizada, escándalos de corrupción-, resulta difícil vencer.

En segundo lugar, el hecho es que, gracias a su permanencia en el poder, a la disponibilidad de cuadros de la que goza, a la pericia de sus dirigentes, el PRI suele presentar un mejor «caso» que la oposición. Si la opción es entre un candidato del PRI con una larga experiencia administrativa, un equipo técnico de primera, viejas relaciones con el mundo empresarial, sindical, extranjero y eclesiástico, y candidatos opositores aislados, carentes de colaboradores y de apoyo, golpeados por los medios de comunicación y por los años, en muchos casos provistos exclusivamente de una experiencia estatal de gobierno, los votantes tenderán a simpatizar por la honestidad, frescura y decencia de los segundos y a inclinarse electoralmente por el (Pri)mero. No se trataría de una proclividad absurda: medido con esa vara, es probable que Francisco Labastida brinde mayores garantías de ser un buen gobernante que cualquiera de sus rivales viables. En cambio, sí puede surgir una posibilidad de superar la enorme ventaja que representa el aparato si la oposición logra plantear la elección en términos diferentes, derivados de una premisa inicial radicalmente opuesta a la que enunciamos anteriormente. Se trata de una perspectiva diferente; según ésta, México aún no logra liberarse del sistema autoritario que ha padecido durante decenios (y que, por cierto, le rindió servicios valiosos al país en su momento), a pesar de los innegables avances de los últimos años en materia de limpieza y autonomía electorales, de los éxitos de la oposición en varios Estados y en los comicios legislativos, de la apertura de ciertos medios de comunicación, de la mayor aceptación de los actuales gobernantes mexicanos de la derrota de su partido, el sistema como tal sigue intacto. De allí que las elecciones presidenciales de 2000 en México aún no posean esa normalidad, esa asimilación automática a las de otras naciones que sostienen los adeptos de la tesis optimista expuesta previamente. De allí también que convenga formular los parámetros de la contienda de una manera distinta, justamente como un referéndum sobre el sistema, o como un plebiscito sobre el PRI. En esta óptica, la oposición «interpelaría» a los ciudadanos a propósito de su preferencia por la continuidad o el cambio, por la perpetuación del sistema político actual o su remplazo por otro, sobre la permanencia del PRI en el poder o su sustitución por otro partido, grupo, candidato o coalición. En este planteamiento, la competencia, experiencia, carisma o sofisticación de los candidatos individuales cuenta menos que el voto plebiscitario, sí o no, a favor o en contra, por el cambio o por la continuidad.

Una oposición unida en los hechos gracias a la polarización de los comicios, o reagrupada por un juego de declinaciones mutuas, capaz de imponerle a las elecciones de julio este cariz referendario, de esquivar la tentación o la trampa de la normalidad, podría, tal vez, remontar las considerables desventajas -tanto autoinfligidas como producto de la fuerza del PRI, de su candidato y de su aparato- que la agobian, y dar la pelea en verano. Existen poderosas razones históricas, políticas, culturales y de mercadotecnia para pensar que la oposición puede ganar un plebiscito, pero que no podrá salir airosa de una elección «normal».

Ciertamente existen riesgos. El primero es que los votantes, colocados frente a una disyuntiva tan desgarradora como la que hemos sugerido, se decidan por el mal menor, por el camino más conservador, por la seguridad que ofrece la continuidad, y rechacen la aventura de un cambio presentado por el PRI como peligroso, desprovisto de tranquilidad y confianza y dependiente de manos inexpertas o erráticas.

El segundo peligro estriba en la dinámica del «todo o nada», o del volado «cara o corona». En una elección polarizada y plebiscitaria, se puede ganar todo, pero también perder todo. Tensar las cosas al máximo puede llevar a una victoria de la oposición en la contienda presidencial, en el Distrito Federal y en las cámaras. Pero puede conducir también a una derrota en toda la línea, sobre todo en un país en el que no existen demasiados antecedentes de voto dividido, donde el sufragante escoge al candidato de un partido para presidente, al de otro partido para alcalde de la capital, al de otro partido como senador y a otro para diputado. Aunque muchos partidarios democráticos del PRI -y algunos opositores «realistas» que abrigan múltiples dudas sobre la candidatura de Fox- ansían triunfos opositores en la capital del país y en la Cámara de Diputados a pesar o junto con la victoria presidencial de Francisco Labastida, dicho desenlace, sin ser inverosímil, carece de sólidos fundamentos. Lo más probable, en una elección como la que hemos descrito, es que si gana el PRI se lleve todo, mientras que si vence el candidato opositor gane mucho, aunque posiblemente el PRI conserve de todas maneras posiciones importantes en las cámaras legislativas.

México es a la vez una nación profundamente conservadora y que anhela el cambio. Es un país que ha podido dotarse de prácticas y procedimientos electorales cada vez más transparentes y fieles a la voluntad popular y donde, sin embargo, sobrevive un aparato político-estatal emanado de uno de los sistemas autoritarios más longevos, sofisticados y eficaces del siglo XX. Y es una sociedad atravesada por desigualdades y grietas seculares, que, no obstante su hondura, sólo de tiempo en tiempo generan reacciones políticas conmensurables. Para cuadrar todos estos círculos se requiere de una complejísima conjunción de circunstancias y suerte; en su ausencia, la inercia de la historia y de la costumbre resulta aplastante.

Jorge G. Castañeda es profesor de Relaciones Internacionales de la UNAM.