Opinión Internacional

La política por otros medios

Un dato, la cifra de paramilitares que se desmovilizarán estará por encima de 26 mil (El Tiempo, 4 de febrero). Dos hipótesis, o los grupos paramilitares han seguido creciendo durante este proceso, o siguen apareciendo falsos ‘paras’ que quieren beneficiarse de los auxilios económicos que reciben los combatientes desmovilizados. Tres aproximaciones a lo que puede continuar: una espiral creciente de depredación de los recursos que el Estado tendrá que destinar al gasto de reinserción, la explosión de nuevas modalidades delictivas sustitutas del paramilitarismo o, en un escenario menos crítico, los reajustes necesarios para una política de Estado que permita negociar con el enemigo interno el conflicto armado. Es necesario examinar más de cerca estos asuntos.

Tanto paramilitar desmovilizado revela una confabulación silenciosa para acabar con el mal sin importar los medios. Ganaderos y medianos hacendados, militares en retiro y empresarios afectados por el secuestro y la extorsión, todos apostaron en favor de acabar con la plaga insurgente. Y estas agrupaciones mercenarias crecieron a la sombra de informantes, finqueros, esmeralderos, todos aquellos que simpatizaban con arrasar con el campo y dejar así las mejores tierras en manos de sus jefes. La curva de desempleo era muy alta, el gobierno seguía gastando en los años 80, mientras la inflación se disparaba. Y en las regiones que daban asiento a estos escuadrones de asesinos, la coca y el comercio de drogas proporcionaba una fuente de ingresos para las nuevas agencias de protección paramilitar. El fenómeno de los estados mínimos sustituyó las flaquezas de los gobiernos. Y el enano se creció disparando una concentración de riquezas y propiedades ilícitas que ahora, tomando un segun
do aire, buscan legalizarse.

En las zonas de influencia paramilitar o insurgente se erosiono la base fiscal, por la caída de la producción y por las dificultades para recaudar una tributación legal de tierras. Y la necesidad de llevar a cabo las operaciones militares contrainsurgentes obligó la búsqueda de fuentes alternativas de financiación. Declinada la actividad productiva legal, muchos habitantes de estas zonas se integraron al paramilitarismo, operando económicamente mediante la transferencia de bienes que le quitaban a las poblaciones desplazadas. Además de mantener las vacunas, la extorsión y el saqueo, entendieron que el negocio más rentable eran las rutas y los mercados de comercialización de las drogas. Mientras los gobiernos y empresarios, hacían como el avestruz.

Ahora el paramilitarismo tiene objetivos políticos. La meta es una movilización a nivel regional. Tienen capitales de reserva gracias al negocio de la droga. Y la guerra les ha proporcionado la legitimación de diversas formas de enriquecimiento privado. Con suficiente inteligencia resguardada, ¿O no Clausewitz?, sus jefes hacen una apuesta para decolorar su perfil violento, observando cómo sus voceros darán la pelea desde el Congreso y los órganos ejecutivos. Vuelta de tuerca. Asegurados los capitales para su financiamiento, el camino hacia el poder político local resulta menos complicado.

Mayor desafío entonces para el gobierno. Porque tendrá que demostrar, con suficiente material de prueba, que lo suyo es una política de Estado. Y desmontar el paramilitarismo desde sus fuentes financieras. La estructura militar es derivada, ya sabemos. ¿Y qué pasará con 26 mil reinsertados? No es suficiente que hagan diplomados sobre los derechos humanos. Tampoco vale como suficiente una política sectorizada de reinserción. Un camino es convertir a buena parte de esta población en una fuerza productiva en los campos. Por lo que debe planificarse con los gremios y sectores económicos, que los financiaron al principio, programas de restauración y empleo en las zonas que hasta ayer fueron su retaguardia.

Negociar el conflicto armado con la insurgencia tendrá que hacer parte de la agenda. Demostrados los fracasos de una victoria militar. Y teniendo como referentes los anteriores procesos. Una política negociada de la guerra debe proceder como un asunto de Estado, que cuente con la confianza de toda la sociedad.

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