La Unión Europea y el caso austríaco
Las sanciones aplicadas por la Unión Europea a Austria por el ingreso de la ultraderecha al gobierno de ese país sientan un precedente de singular importancia. Esto ocurre, además, en el momento en que se discuten las condiciones para acelerar el proceso de ampliación europea hacia el Este y las obligaciones impuestas a los países aspirantes a ese ingreso.
Se trata, en efecto, de la primera vez que Europa se pronuncia y adopta decisiones como un bloque político homogéneo, no ya frente a una amenaza o conflicto externo, como ocurrió con la guerra en los Balcanes, sino frente a un gobierno de un país que forma parte de la UE y al que se lo responsabiliza de contrariar los principios y valores constitutivos de esa comunidad de naciones y estados.
Conviene recordar que la inserción de Austria en la Europa de posguerras se dio bajo el signo de una protegida neutralidad en su política exterior y el consenso antifascista de los partidos democráticos en su política interna. La pertenencia de Austria a la UE es relativamente reciente: data de mediados de la década pasada, y cumplió para ello con todos los requisitos, entre ellos, la realización de un referéndum.
De tal modo, los ciudadanos austríacos, al votar afirmativamente el ingreso en la Europa comunitaria, aceptaron colocar su soberanía bajo una esfera supraestatal que le otorgó beneficios pero impuso, al mismo tiempo, condiciones. La primera de ellas es el respeto y resguardo por los principios y valores de la democracia, los derechos humanos y libertades fundamentales y el estado de derecho.
Votar a un partido xenófobo y complaciente con las políticas del nazismo no es compatible con dicha pertenencia al concierto europeo, y es esto básicamente lo que se desprende como mensaje de los gobiernos de los catorce estados miembro que sancionaron a Austria.
Existe, por cierto, un margen de discusión y controversia sobre la pronta y fuerte reacción de la presidencia de la UE, luego moderada por el Consejo Europeo, ya que se trata de sanciones preventivas. El gobierno austríaco no ha producido, en verdad, hechos concretos que constituyan violaciones graves.
Pero, por otra parte, representa un paso político trascendente, pues coloca límites explícitos respecto de la clase de gobiernos que pudieran surgir de elecciones libres en países del este europeo recién ingresados o próximos a entrar en la UE, o en otros países que, como Austria, se consideraban hasta ayer inmunes al avance de ideologías destructoras de la democracia.
Tomado de (%=Link(«http://www.clarin.com.ar/»,»El Clarín Digital»)%) de Argentina del 14 de febrero de 2000
