Opinión Internacional

Las bondades de la nacionalización boliviana

Desde que Carlos III, por allá por 1783, decretó que todos los recursos del subsuelo pertenecían al reino, vale decir al rey, estatizó hasta nueva orden los recursos naturales en todas las colonias españolas. Bolívar, en 1829, redactó otro decreto en el que mudó la propiedad del rey a la nación, pero por lo demás lo dejó igualito, de modo que los recursos del subsuelo siguieron estatizados. Esta tradición se ha mantenido inamovible en toda la América hispana, de modo que nacionalizar los recursos, bien sean hidrocarburos, hierro, feldespato, mármol o granito, es absolutamente innecesario. Los recursos ya están nacionalizados.

Ahora bien, una cosa es nacionalizar los recursos y otra muy distinta decidir como explotarlos. Para explotar los hidrocarburos, desde siempre nacionalizados, Bolivia tiene dos opciones, a) Reserva la explotación a empresas del estado o b) Permite la participación del capital privado en cualquiera de sus múltiples modalidades. Normalmente a la opción (a) es a la que hemos dado en llamar con orgullo soberano en estos tiempos revolucionarios “nacionalización”.

Pero esta decisión conlleva sus consecuencias. La más obvia es que el estado tiene que asumir todas las inversiones y los riesgos del negocio. Si quiere explorar, para aumentar las reservas, tendrá que asumir todos los costos resulte o no exitosa su búsqueda. Lo mismo cabe para la producción, procesamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos. Si además no posee tecnología para afrontar alguna de las fases del proceso tendrá que contratar empresas especializadas que le cobrarán su tarifa sin asumir ningún riesgo. Al final se tendrá una soberana empresa boliviana contratando a unas soberanas transnacionales en distintas tareas vinculadas a la producción de hidrocarburos. Debe quedar claro que así como toda nacionalización aumenta la soberanía, todo contrato la restringe.

Sería más razonable comprender que la posesión del recurso, que es indeclinable, le otorga a Bolivia el poder fundamental respecto a sus hidrocarburos, el cual es decidir la estrategia de desarrollo de los mismos. El o los agentes que los van a producir es un aspecto secundario, siempre que se negocie una adecuada recompensa impositiva que tome en cuenta los bruscos cambios que experimentan los precios de los hidrocarburos.

Dentro de esta estrategia, Bolivia debería sopesar sus limitaciones. Su riqueza exportable se reduce al gas natural, el cual debe transportarse por tuberías o licuarse en costosas instalaciones junto al mar. El gas boliviano está lejos de un mar que es ajeno, por lo que Bolivia tiene que negociar su salida. Respecto al transporte por gasoductos sus mercados se limitan a Brasil, Argentina y Chile, contando que venderle a este último requiere pasar por Argentina, cosa que en efecto está sucediendo. Esto obliga a que Bolivia garantice ser un buen proveedor. Brasil invirtió US$2.000 millones en la construcción de un gasoducto de 3.000 Km para llevar gas a San Pablo bajo unas condiciones contractuales. Bolivia tiene legítimo derecho a aspirar renegociar dichas condiciones, pero debe entender que es un asunto que involucra a los dos países. La posesión del gas otorga un cierto poder, pero no lo suficiente para poner de rodillas a Brasil y cambiar las condiciones unilateralmente.

La estruendosa nacionalización puede ser muy útil de cara al proceso constituyente que impulsa Morales. Con seguridad enardecerá las más profundas fibras del patriotismo de los bolivianos. Pero no hay duda de que ya, independientemente de los caminos que se tomen en adelante, le está haciendo un gran daño a Bolivia.

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