Opinión Internacional

Las FARC no quieren paz

El pasado lunes 24 de septiembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confirmaron al mundo su carácter de organización terrorista. Asesinaron grotescamente -de dos disparos en la cabeza- a una mujer de 56 años de edad, quién además de estar desarmada, estaba secuestrada. La víctima, la señora Consuelo Araujo, fue Ministra de Cultura del Presidente Andrés Pastrana y era la esposa del actual Procurador de Colombia, Edgardo Maya.

La asesinaron por un motivo trivial: al estar agotada, se negó a seguir caminando por una zona inhóspita de la Sierra Nevada de Santamaría, y la respuesta de los guerrilleros; fue asesinarla, dejando su cuerpo abandonado a la intemperie, para continuar su camino con el resto de los secuestrados.

Consuelo Araujo, fue secuestrada junto otras 20 personas en una carretera del Departamento del Cesar, donde las FARC habían bloqueado la vía. El lugar del homicidio está ubicado a unos 175 kilómetros al suroeste de Maicao, Penísula de la Guajira y a unos 275 kilómetros al noroeste de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander.

Y a más de mil kilómetros de distancia de San Vicente del Caguán, paraíso insurgente -donde las fuerzas militares y policiales colombianas tienen prohibido entrar- por ser la «zona de despeje» concedida por el gobierno colombiano a las FARC, quienes la exigieron como pre-requisito para participar en conversaciones de paz.

Las FARC son una organización terrorista

¿Cuál otra puede haber sido la reacción del resto de las personas secuestradas junto a Consuelo Araujo, ante el abominable hecho antes descrito, sino la de quedar sumidas en el más profundo terror? Al igual que está sumido en el terror, el resto de los colombianos, quienes no tienen otra alternativa a la de arriesgar sus vidas diariamente, en su rutinario transitar por las zonas de su país donde operan los numerosos «frentes» de las FARC.

¿Puede alguien ahora objetar el calificativo de «organización terrorista» que los Estados Unidos han endilgado a las FARC?

¿Cumplirá su palabra el gobierno de Hugo Chávez, que muy recientemente ha dicho estar en contra del terrorismo, y en consecuencia, cambiará contundentemente su posición oficial de que «la guerrilla colombiana no es enemiga de Venezuela»?.

¿Qué pasa en Colombia?

Desde que el Presidente colombiano, Andrés Pastrana Arango, se reuniera el 7 de enero de 1999 con Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, alias Manuel Marulanda Vélez, jefe de las FARC, en cumplimiento a su promesa electoral de lograr la paz entre gobierno y guerrilla colombianos; los guerrilleros no han hecho absolutamente nada para ponerle fin a la guerra civil en la que ha estado sumida Colombia desde hace ya 37 años.

Las FARC no han aceptado un alto al fuego -ni siquiera una tregua- mientras se realizan las conversaciones de paz. Han seguido sus operaciones «militares» que incluyen secuestros de aeronaves (hechos calificados como terrorismo internacional por las Naciones Unidas), el secuestro de civiles inocentes, por métodos abominables como la denominada «pesca milagrosa», que consiste en secuestrar en una misma operación a uno o más autobuses en cualquier carretera colombiana, para escoger entre sus pasajeros a los extorsionables; aterrorizar a ganaderos y otros empresarios amenazándolos de muerte si no pagan la extorsión denominada «vacuna», porque al pagarla los «inmuniza» contra ataques guerrilleros por un determinado período de tiempo; y la protección a narcotraficantes internacionales a cambio de pagos en efectivo.

Hace 16 años, existía una excusa para no aceptar un alto al fuego o una tregua

James Dunkerley, nos la explica: [«Political Suicide in Latin America». Verso, New York,1992. pp. 5-6]:

«No hubo guerrilleros sobrevivientes en la ocupación del Palacio de Justicia colombiano por militantes del M-19 en noviembre de 1985. Una organización dedicada a acciones aventureras en un país con una excepcional y fuerte tradición de violencia socio-política, el M-19 aparentemente montó el asalto con el objetivo de abrir negociaciones, aunque éstas nunca fueron permitidas por los militares, quienes estaban preparados para arrasar el edificio a pesar del gran número de rehenes adentro. Lo que parece haber sido diseñado cómo una atrevida “acción propagandista” -probablemente influenciada por la exitosa captura por parte de los Sandinistas del Congreso de Nicaragua en 1978- finalizó en una incontrolada carnicería; la fanfarronada fue retada. Cómo resultado, el M-19 comenzó a considerar ofertas de amnistía y reintegración a la política local. Aún así, a medida que se embarcaron en este cambio, sus simpatizantes se convirtieron en blancos fáciles para los escuadrones de la muerte de la derecha. Esto provocó la razonable queja de que al renunciar unilateralmente a la práctica de matar; los ex-guerrilleros, habían efectivamente incrementado sus chances de ser asesinados. En partes del país era a todo intento y propósito, un suicidio, conducir actividades políticas en forma pacífica y tradicional».

Pero, «Paz» para las FARC significa que primero deben aniquilar al «enemigo»:

Las FARC, en su página de Internet, dicen lo siguiente: «La naturaleza oligárquica del Estado colombiano, una de cuyas expresiones sigue siendo el carácter excluyente y hegemónico de sus élites políticas, que busca aniquilar cualquier expresión contraria, ha empujado permanentemente al movimiento popular hacia modalidades de acción no institucionales. De esta forma, la resistencia armada cobra particular importancia, como respuesta a la acción terrorista del Estado y único camino para abrir espacios de participación política, en un largo y complejo proceso de aprendizaje. En el marco de este modelo de dominación y frente al cierre de los espacios de acción legal, surgen nuevas organizaciones político-militares: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 1965 y el Ejército Popular de Liberación (EPL), 1966. En la década siguiente emerge, el Movimiento 19 de Abril (M-19), El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el movimiento indigenista «Quintin Lame» y la Autodefensa Obrera (ADO). El terrorismo de Estado sigue aplicándose en Colombia, ahora con nuevas modalidades, como el cobarde secuestro de ciudadanos inermes, por el sólo hecho de ser familiares de comandantes guerrilleros. Pero mientras en Colombia persista el asesinato a quienes reclaman justicia, la desaparición forzada de los dirigentes populares, la actuación sangrienta e impune de las Fuerzas Armadas, el libre accionar de grupos paramilitares, las FARC-EP mantendrá en alto sus armas y sus banderas y seguiremos demostrando nuestra indeclinable voluntad de paz.»

Sin embargo, cómo nos demuestran los hechos, las FARC pueden ser acusadas de exactamente las mismas aberraciones que ellas atribuyen al Estado colombiano.

Desde el «cobarde secuestro» de personas, el «carácter excluyente y hegemónico de sus élites», como lo demuestran su negativa a permitir la entrada a San Vicente del Caguán de la marcha organizada por el candidato presidencial Horacio Serpa en septiembre de 2001; así como de cualquier autoridad colombiana civil o militar. También, sistemáticamente, se han dedicado a la «desaparición forzada de dirigentes populares» como lo ha sido el asesinato de numerosos alcaldes y candidatos a alcalde en numerosas municipalidades colombianas; y sin ninguna duda, son responsables de «actuación sangrienta e impune», como lo acaba de demostrar el asesinato de la señora Consuelo Araujo.

No debemos olvidar, que las FARC no han limitado el ámbito de sus actividades terroristas a Colombia. Todos los países fronterizos a ese país, (Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú), han sido víctimas -y continúan siendo víctimas- de sus incursiones terroristas.

Si el gobierno de Hugo Chávez, ante el abominable asesinato de la señora Consuelo Araujo, mantiene sin cambio su posición política ante las FARC… ¿No está exponiendo a Venezuela a que sea incluída en la lista de naciones delincuentes que de alguna forma amparan a las organizaciones terroristas internacionales?

¿Podemos los venezolanos permitir que el gobierno chavista, que se supone nos representa a todos, mantenga una conducta totalmente contraria a los interes de la Nación?

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