Las FARC: ¿un nuevo Estado?
Si fuésemos Gobierno, estaríamos alarmados pensando si es posible mantener la zona de distensión, que ahora debe llamarse de «extorsión», y seguir reuniéndose con unos individuos que expiden «leyes» y le fijan impuestos a la población, bajo amenaza de secuestro.
Serio golpe a las conversaciones de paz, y naturalmente a la paz misma, acaban de propinar las FARC y, si fuésemos Gobierno, estaríamos perplejos y alarmados pensando si es posible mantener la zona de distensión, que ahora debe llamarse de «extorsión» y seguir reuniéndose con unos individuos que expiden «leyes» y fijan, bajo amenaza de secuestro, impuestos a la población del país.
El grotesco comunicado del grupo subversivo, en efecto, ordena que todas las personas jurídicas y naturales que tengan un patrimonio superior a un millón de dólares deben, a partir de hoy, trasladarse al Caguán para recibir la notificación personal de con cuánto dinero tienen que contribuir al sostenimiento de la guerrilla.
Quedamos notificados también que de no cumplir con tan exótica obligación, las FARC harán conocer a los «culpables» o «evasores» el valor de la suma adicional que deben pagar como multa por no haber hecho oportunamente su «declaración patrimonial».
¿Sanción? El SECUESTRO.
Este hecho sin precedentes en el mundo sería una payasada, si no fuera tan grave; más aun, podríamos estar en el momento más complejo por el cual haya atravesado el país en su historia.
Rechazamos con indignación el viraje que se le quiere dar a los diálogos para la paz, que parecería ser una respuesta al Plan Colombia -en su aspecto de ayuda militar de los Estados
Unidos-, o una reacción contra la apertura de conversaciones con el ELN, o una medida para recobrar -y en qué forma- el protagonismo que quitó el Presidente Pastrana a las FARC con su propuesta de referendo, que ha buscado entre otras cosas impedir que ese hoy odioso grupo se vuelva el adalid de la lucha contra la corrupción.
La perplejidad que pensamos que hoy embarga al Gobierno se genera frente a un dilema: ¿pueden seguir sus representantes sentándose a la mesa con los malévolos legisladores de las FARC? ¿Pueden los colombianos aceptar que mientras el Alto Comisionado para la Paz habla sobre desarrollo económico, tenga también que ocuparse de la logística para que los «contribuyentes» sean trasladados al Caguán a exponer la realidad de su patrimonio y pagar el impuesto? ¿Puede el Estado estar sentado a la mesa con unos malhechores que mientras hablan de paz están haciendo y entregando a los bandidos encargados de las tareas sucias, las listas de quienes deben ser secuestrados por «evasores» del impuesto que acaba de crear las FARC por medio de la «ley 002 de 2000»?
¿Qué suerte correrá el país ahora? Vemos llegar días de tinieblas:
El éxodo de colombianos se incrementará, el turismo y la inversión extranjera quedan condenados a muerte, la seguridad ciudadana en total entredicho, … Nos llenamos de tristeza por Colombia.
El Gobierno cuenta con el total respaldo de El Espectador en la medida en que no acepte este alarmante estado de cosas, ni se haga el de la vista gorda para mantener vivas unas negociaciones que se habrían de adelantar en medio del terror que ahora se desata.
Si no se resuelve ya esta situación y, por supuesto, si no se suspenden las conversaciones hasta tanto no revoquen las FARC su agresiva e inaceptable amenaza, continuar los contactos implicaría que el Presidente estaría violando el juramento que prestó al tomar posesión de su cargo, los negociadores se volverían cómplices del delito, y la comunidad internacional y las ONG no tendrían la capacidad moral de apoyar un proceso financiado por el secuestro.
¿Es éste el precio de la tregua de que hablaban las FARC?
