Las Malvinas son argentinas
Al conmemorarse el 2 de abril pasado el 30 aniversario de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, vale reflexionar sobre la vida de los 649 veteranos argentinos, 255 británicos y tres malvinenses muertos durante el conflicto. En honor y su memoria y de todos los combatientes que les sobrevivieron, sería importante que ambas partes se sentaran a la mesa de negociaciones para discutir la soberanía en litigio como lo ordenan las Naciones Unidas desde 1965.
Existe hoy un contexto diferente al que reinaba 30 años atrás cuando la invasión a las islas Malvinas ocurrió por sorpresa y cuando todos pensaban que antes de que llegara la Armada Británica al archipiélago sur, habría una salida pacífica a la disputa. Lamentablemente, el hundimiento del crucero General Belgrano por parte del submarino HMS Conqueror no solo sepultó la vida de 323 marinos argentinos, sino también la esperanza de un acuerdo diplomático.
Está claro que la reivindicación por las armas de parte de Argentina fue una manera de incentivar el nacionalismo para extender a un gobierno militar, al mando del general Leopoldo Galtieri, que por entonces hacía agua. Pero también es cierto que esas mismas condiciones las encontró la primera ministra Margaret Thatcher, a quien la guerra le vino como anillo al dedo.
Igualmente, es cierto es que la actual presidenta, Cristina de Kirchner, tiene en la escalada de este conflicto diplomático una razón valedera para mantener y aumentar su popularidad, menguada por una economía proteccionista que compromete la estabilidad de su gobierno. Sin embargo, más allá de sus formas, las intenciones de la Presidenta coinciden con la de millones de argentinos que, con sentido común, piensan que un territorio tan cercano, dentro de la plataforma territorial y habiendo sido usurpado hace 179 años, no puede permanecer como colonia de ninguna potencia extranjera.
Para muchos no solo se trata de un tema político, como cuando Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China, sino de un tema económico desde que algunas perforaciones indican que existen reservas petrolíferas de consideración en el mar cercano a las islas; además de su estratégica posición geográfica a solo cientos de kilómetros de la Antártida, el reservorio de agua potable más importante del planeta.
Aunque coincido con el periodista Andrés Oppenheimer, del The Miami Herald, de que la posición del gobierno argentino se fortalecería si tratara de alcanzar un mejor acuerdo con los isleños (como promover viajes gratuitos de los malvinenses al continente) antes que confrontar con el gobierno británico; creo, sin embargo, que la Presidenta argentina tiene derecho a generar presiones económicas y financieras con la finalidad de que su contraparte acepte sentarse a la mesa de negociaciones.
No estoy muy seguro si las presiones contra entidades económicas y financieras de EE.UU. y de Gran Bretaña que asisten a compañías petroleras multinacionales encargadas de las perforaciones tendrán éxito por sí solas. Pero estimo que son medidas adecuadas de presión que tanto EE.UU. como Gran Bretaña utilizan a menudo y en forma sistemática para lograr sus fines. Léase el embargo económico en vigencia más antiguo, como el de EE.UU. a Cuba y las medidas económicas más recientes impuestas por ambas potencias a Irán por su política nuclear y a Libia y Siria por sus violaciones a los derechos humanos de sus disidentes y rebeldes.
Estimo que esta presión económica anunciada por Cristina de Kirchner, sumada a la de varios gobiernos sudamericanos que impiden que los barcos de bandera de las Falkland Islands atraquen en sus puertos, permiten no solo generar opinión pública en el Reino Unido y en el mundo, sino también ofrecer un mensaje simbólico sobre la extemporalidad de colonias imperiales en pleno siglo XXI.
Tanto estas medidas de presión como el mensaje que la Presidenta ofreció desde Usuahia, sobre que su gobierno aspira a dialogar y respetar los derechos de los isleños, son muy elocuentes.
