Opinión Internacional

Las ONG´S en Bolivia

Ninguna repartición del Estado boliviano puede informar sobre el número de ONG’s que operan en el país. Algunas son fundaciones, otras instituciones internacionales. Las ONG’s son ‘organizaciones no gubernamentales’ proveedores de servicios que los Estados generalmente no alcanzan a suministrar. Por lo general ellas tienden a definir su propio rol y tradicionalmente se oponen a cualquier iniciativa de control que evite el desvío de los fondos que administran. Ello ha dado lugar a que en países de estructuras débiles, como el nuestro, sea más frecuente que los dineros que reciben sean filtrados y alterado su propósito. La resistencia a la fiscalización ha dado lugar a que la corrupción, la malversación de fondos y la burocracia, entre otros males, sea la regla y no la excepción de su accionar.

De lo que se trata es de evidenciar que esta situación es lo suficientemente delicada para que continúe de manera indefinida como tema tabú. Bolivia anualmente recibe algo más de cuatrocientos millones de dólares y es uno de esos ‘paraísos fiscales’ en los cuales esta contribución carece de un control adecuado que garantice de manera cierta el destino de estos recursos. Además, el sólo anuncio del Estado boliviano de la intención de elaborar un ‘marco regulatorio’, motiva la inmediata advertencia de las ONG’s, en sentido que con esta medida el país pone en riesgo la cooperación internacional. Lo real es que la oposición a la idea de manejar una tesis clara de transparencia que posibilite que esta ayuda merezca ese sustantivo, es debido a la afectación de múltiples intereses.

Lo que se conoce de las ONG’s nacionales es que en muchos casos benefician a reducidos grupos de personas que burocráticamente viven a costa de ellas, y en otros, han prostituido su concepto vocacional dado que se tiene la clara evidencia de su participación en activismo político, al destinar recursos para apoyar determinada tendencia política. En este último aspecto el riesgo en sí mismo no lo constituye únicamente el hecho de solventar económica y logísticamente a las organizaciones partidarias, sino que el fin político que se persigue subyace escondido a la luz pública y no es advertido por las personas que acuden a sus servicios. A muchas ONG’s se las ha visto financiar marchas y bloqueos y sostener económica y logísticamente varias candidaturas; en retribución a ello, varios oenegistas ocupan cargos ministeriales o fungen de constituyentes, ejerciendo las ONG’s a las que pertenecen una suerte de co-gobierno con el presidente Morales. Sin embargo, se sabe que varias ONG’s, sobre todo europeas, que han incitado a resucitar viejas y enconadas tesis indigenistas, están arrepentidas de haber alentado este experimento político; jamás se imaginaron acabar propiciando un gobierno totalitario, fundamentalista y arbitrario, que ponga en riesgo la unidad nacional.

Por lo que se objeta, es primordial que se insista en la necesidad de establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de estas organizaciones en Bolivia. No se trata de legislar o definir políticas públicas con el propósito de supervisar cada una de las operaciones de modo que resulte una especie de intervención a su gestión interna. Tampoco el país puede continuar con la sensación de que ellas operan en tierra de nadie. La idea fiscalizadora se traduce en plasmar un conjunto de normas, incentivos y compromisos que apropiadamente convenidos contribuyan a la eficiencia de esta cooperación y no a atentar contra ella. Experiencias en este sentido existen en Colombia con el gobierno de la ciudad de Cali; en Venezuela con el Estado de Aragua, y en Brasil el proyecto de reforma del Estado contempla el establecimiento de contratos de gestión entre el Estado y las ONG’s. De eso se trata.

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