Opinión Internacional

Las relaciones económicas con Colombia

Uno de los puntos de la agenda nacional que ha adquirido especial relevancia es el de las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela que, con lógica, es objeto de permanente tratamiento por parte de los medios de comunicación y de los gremios empresariales vinculados a las actividades inmersas en esas relaciones. Como no es posible separar las relaciones económicas de las políticas y culturales, esa relevancia se acrecentó como consecuencia de los sucesos acontecidos en fechas relativamente recientes que condujeron, en algún momento, a la ruptura de relaciones diplomáticas.

No cabe duda que esa ruptura causó cierta desazón en las sociedades de ambos países, no solo por la problemática económica involucrada, sino que también por su repercusión en otros ámbitos que han permitido entretejer un complejo entramado de interrelaciones propio de dos naciones que comparten una historia y un destino común, así como por los efectos que esa situación podría haber acarreado sobre la subregión suramericana. Tampoco hay dudas acerca del comportamiento del Presidente Álvaro Uribe frente a la actuación del Primer Mandatario venezolano, Hugo Chávez, en torno a la concreción de un acuerdo humanitario como paso inicial hacia la pacificación del vecino país, lo cual se constituiría en el primer eslabón de una cadena de acontecimientos que alcanzan su punto máximo cuando fuerzas regulares colombianas violan la soberanía ecuatoriana y precipitan los hechos que son de amplio dominio público. Si bien ese capítulo de la historia diplomática latinoamericana aún no ha concluido, gradualmente las relaciones colombo-venezolanas han comenzado a reencauzarse por los canales regulares, aunque debe reconocerse que todavía quedan algunas heridas que apenas comienzan a cicatrizar por acción de la dinámica que siempre ha caracterizado a las relaciones binacionales.

A pesar de esa coyuntura que motivaron las agoreras opiniones que apresuradamente surgieron, los vínculos económicos continuaron desarrollándose dentro de un clima de relativa normalidad. Las inversiones colombianas o venezolanas radicadas en uno u otro país, no se vieron afectadas; en tanto que la actividad comercial, con todo y los transitorios controles establecidos en nuestras fronteras, siguieron fluyendo de manera tal que Venezuela se consolidó como el segundo mercado en importancia como destino de las exportaciones globales de Colombia y el primero como receptor de las ventas externas no tradicionales, sobre todo de productos agrícolas y agroindustriales, así como de químicos y confecciones. Por supuesto que la balanza comercial sigue siendo superavitaria a favor del país neogranadino y de mantenerse la tendencia observada durante el primer semestre, es factible esperar que a fines de año, el comercio recíproco alcance un nuevo récord histórico.

Estos hechos factuales echaron por tierra las tesis catastróficas de los efectos negativos que enfrentaría nuestro país como resultado de la crisis diplomática. Obviamente, que esas tesis fueron desarrolladas con base en hipótesis falsas, al ignorar la capacidad adquisitiva de Venezuela, los requerimientos estatales para garantizar el abastecimiento de productos básicos y de insumos para la industria omitiendo, asimismo, dos factores que explican el constante crecimiento interanual del comercio binacional. Por una parte, el mas importante, la complementariedad de las dos economías; y, por la otra, la cada vez mayor dependencia del mercado venezolano por parte del sector exportador colombiano. Sobre este último aspecto, es conveniente señalar que en ocasión de la crisis diplomática de comienzos de 2004, generada por la ilegal actividad de funcionarios de organismos de seguridad del vecino país en nuestro territorio, comenzaron gestiones para identificar mercados alternativos, las cuales resultaron infructuosas para poco más del 85% del total de las exportaciones colombianas de ese entonces destinadas a Venezuela.

Hasta el presente, el intercambio recíproco sigue rigiéndose por las normas establecidas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para regular el funcionamiento de la zona de libre comercio conformada en el marco de ese proceso subregional de integración, las cuales permanecerán vigentes hasta el año 2011, cuando fenece el período de transición (5 años) iniciado desde la fecha que se hizo efectiva la denuncia de Venezuela al Acuerdo de Cartagena. No obstante las crecientes cifras que registra el comercio, así como de los montos de las inversiones públicas y privadas de origen y destino binacional, se pueden detectar algunos problemas que están obstaculizando el movimiento de mercaderías entre los dos países que requerirían atención inmediata, tanto por parte de las autoridades como de los operadores económicos involucrados.

Son evidentes, entre otros, los inconvenientes derivados de la tramitación de las operaciones en aduanas, la concreción de los pagos por el acceso a la disponibilidad de divisas y la carencia de un mecanismo ágil y efectivo para la solución de controversias. En la medida que se vaya superando la crisis diplomática vivida, será necesario incorporar estas materias en las agendas de trabajo de las distintas comisiones binacionales, una vez que éstas reanuden sus actividades. A esos efectos, convendría elaborar propuestas orientadas hacia la facilitación del comercio a través de la profundización de la cooperación entre las respectivas administraciones aduaneras; estudiar la factibilidad de establecer un convenio análogo al creado recientemente entre Argentina y Brasil, mediante el cual se regula el uso de las respectivas monedas domésticas para efectivizar los pagos del comercio; y actualizar los compromisos para evitar la doble tributación. Adicionalmente, se precisaría activar un sistema de arbitraje comercial, el cual podría ser abordado sin la intervención de los entes estatales brindando, así, una instancia a los operadores para negociar soluciones a problemas cuya génesis radique en la actividad empresarial.

Complementariamente, y teniendo en cuenta los impactos socio-económicos que acarrea el relacionamiento colombo-venezolano, no luce descabellado comenzar a considerar alternativas acerca de la forma cómo podrían ser reguladas las relaciones económicas bilaterales en el mediano y largo plazo una vez caduque la vigencia de las actuales, esperando el momento mas oportuno para incorporar esta temática en la agenda de las conversaciones entre los dos gobiernos. Sobre esta materia, por supuesto, deberían considerarse múltiples opciones que oscilarían desde un eventual retorno de Venezuela a la CAN hasta la suscripción de un acuerdo parcial en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Luego de dos años de haber hecho efectivo su retiro de la CAN, con excepción del problema político con Colombia antes referido y que se encuentra en vías de solución, las relaciones de Venezuela con los países andinos han seguido desenvolviéndose dentro de un ambiente favorable para todas las partes involucradas. En el plano económico, las relaciones han trascendido el ámbito comercial al expandirse hacia otros sectores como el financiero, energético, educativo y el de la salud, por ejemplo, mediante la ejecución de un conjunto de programas de cooperación en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Los avances registrados en el desarrollo de esos programas contrastan abiertamente con la evolución reciente de la CAN, la cual enfrenta una de las mayores crisis por la que haya atravesado que, incluso, podría desembocar en su desmembramiento definitivo. Las causas que explican esa situación son similares a las que en su momento (abril de 2006) motivaron al Gobierno venezolano a denunciar el Acuerdo de Cartagena: el relacionamiento con terceros países de extrazona a través de la negociación y posterior suscripción de tratados de libre comercio (TLC).

En aquel entonces era previsible no solo la perforación del sistema preferencial de comercio a favor de la subregión, sino que también lo eran las radicales modificaciones que debía introducirse al cuerpo normativo del proceso para adecuarlas a los compromisos adquiridos por los países andinos participantes de los TLC. Esas previsiones, ahora son una realidad. Los órganos de la CAN decidieron desistir de la aplicación de una tarifa externa común renunciando, en consecuencia, a las posibilidades de contar con una política comercial comunitaria y desvirtuando la capacidad de acometer negociaciones como bloque, las cuales solo podrán estructurarse con ficciones tarifarias como el punto inicial de desgravación determinado para las negociaciones con la Unión Europea (UE). En el plano del comercio intrasubregional, además de haber desaparecido el margen de preferencia –y la correspondiente discriminación- a favor de los productos originarios de los países miembros, se han abierto las compuertas para la proliferación de prácticas comerciales contrarias -por definición- a cualquier proceso de integración como el ensayado por la CAN, al no haberse planteado siquiera la adecuación de las normas reguladoras del comercio, con la finalidad de ordenar el mercado ampliado ante el inminente ingreso indiscriminado de bienes desde terceros países, la mayoría, desarrollados.

Ese abandono a las discriminaciones en materia del intercambio de bienes se está proyectando hacia otros ámbitos objeto de la integración, tales como el comercio de servicios, las inversiones, propiedad intelectual, obstáculos técnicos al comercio, competencia y la preservación de la biodiversidad, entre otros. La ignorancia de los preceptos básicos de cualquier esquema integracionista, por minimalistas que sean sus objetivos, ha alcanzado tal magnitud que mientras en el marco de la Comunidad no ha sido posible concertar normas sobre las compras de los estados, conservación del medio ambiente y defensa de los derechos laborales, entre otros temas, sí se logró consensuarlas en los TLC suscritos por dos de los países andinos.

Frente a ese sombrío panorama, no sería realista esperar, en un corto plazo, el retorno de Venezuela a la CAN, salvo que medie una decisión política fundamentada en la reformulación completa del proceso que, en las condiciones actuales, solo sería posible llevarla a cabo con base en los elementos básicos que configuran una zona de libre comercio. Si esa hipótesis fuese válida, surge la interrogante sobre el costo de oportunidad política que asumirían las autoridades venezolanas si optaran por retornar a la CAN.

La alternativa de un acuerdo de alcance parcial en el marco de la ALADI emerge como la más viable, por lo menos desde el punto de vista técnico. En este caso, se impone analizar previamente si ese acuerdo comprenderá a los cuatro miembros de la CAN o si el mismo conviene concederle un carácter estrictamente bilateral. Dado que la membrecía a la CAN no conlleva el requisito de la negociación conjunta y que el intercambio comercial de Bolivia y Ecuador con Venezuela se canalizan a través de las normas andinas con tratamientos diferenciales establecidos por razones políticas, no cabría pensar en una negociación bajo un formato de “4 + 1”. Asimismo, debido también a razones de índole política y la experiencia acumulada con los fallidos intentos de incorporar a Perú como parte de una negociación en bloque, lo mas recomendable sería avanzar hacia el establecimiento de un acuerdo bilateral entre Colombia y Venezuela que comprenda todas aquellas materias involucradas en el amplio espectro de las interrelaciones económicas que unen a los dos países.

En ese acuerdo deberían consolidarse todos los compromisos comerciales vigentes en la actualidad y adecuar la normativa correspondiente a la realidad de la estructura del intercambio existente y previsible en el mediano plazo. Como se indicó anteriormente, deberá contemplarse toda la normativa requerida para regular la totalidad de las relaciones económicas bilaterales, así como aquellas relacionadas con la ejecución de proyectos de cooperación en las áreas sociales, financieras y energéticas. Un acuerdo de esta naturaleza, necesariamente, deberá comprender –y con especial énfasis- la integración fronteriza.

Finalmente, no está demás subrayar que, salvo la materia referida al arbitraje comercial, el tratamiento orgánico de las relaciones económicas bilaterales está sujeto a la evolución de las relaciones político-diplomáticas, razón por la cual habrá que actuar con un alto sentido de la oportunidad que permita detectar el momento más conveniente para hacer efectivos los planteamientos. Todo pareciera indicar que las acciones desplegadas por los dos gobiernos están encaminadas hacia la normalización de esas relaciones, por lo que corresponde a los grupos sociales beneficiarios directos de esa situación aportar su contribución, en especial, presentando propuestas y estimulando un debate constructivo en torno a ellas, de manera tal que se constituyan en la piedra angular de su participación en la reconstrucción y proyección de las relaciones binacionales. Para ello, de igual manera, será fundamental el aporte que hagan para motivar el tratamiento adecuado y veraz de los vínculos de Colombia y Venezuela por parte de los medios de comunicación de ambos países. Si ello no fuese así, flaco favor harían para la recuperación de la confianza mutua entre los gobiernos, elemento determinante para alcanzar los objetivos propuestos.

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