Las universidades y el servicio de inmigración
Si el Servicio de Inmigración (INS) se sale con la suya, algunos empleados de mi universidad pronto estarán actuando como si fueran agentes del gobierno federal. Cuando el Congreso de Estados Unidos promulgó una reforma de la ley de inmigración en 1996, ordenó a la INS exigirle a todas las universidades la imposición de un cargo adicional a cada estudiante extranjero.
Este cargo de 95 dólares iría a cubrir los costos de un sistema computarizado que le permitiría a la INS hacerle un seguimiento a cada estudiante extranjero en Estados Unidos. Las universidades estarían obligadas a reportar, sobre cada uno de sus estudiantes extranjeros, una serie de datos como cambios de dirección, cambios en su visado y en su situación académica.
A las universidades les alarma la idea de convertirse en agentes del gobierno de Estados Unidos. La preocupación, en parte, tiene que ver con el costo administrativo de tal programa. El jefe de la oficina de estudiantes extranjeros de la Universidad de Texas, donde están inscritos casi cuatro mil estudiantes extranjeros, estima que sólo el costo de iniciar el programa sería de alrededor de 10.000 dólares
El Consejo Americano de Educación (American Council on Education), el grupo de cabildeo en Washington que representa a la mayoría de las instituciones universitarias, se opone a esta nueva regulación y estima que los administradores de las universidades tendrán que dedicarle no menos de una hora -por cada estudiante extranjero- a asuntos relacionados con el cobro de esa cuota. Por lo tanto, la medida significa un costo de millones de dólares para las universidades americanas.
Pero en esta propuesta hay bastante más que un problema de costo. Un principio fundamental está de por medio. Las universidades están dedicadas a educar estudiantes y no en ayudar a que se cumplan las leyes de inmigración ni a recolectar impuestos. La relación con los estudiantes y quizá hasta el objetivo mismo de atraer a los mejores estudiantes extranjeros, sería dañado si la universidad es vista por ellos como un brazo del gobierno federal.
Quienes apoyan esta imposición a las universidades argumentan que es necesaria para combatir el terrorismo. Indican que uno de los hombres condenados por el incendio en 1993 del rascacielos World Trade en Nueva York, ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante y luego se quedó ilegalmente en el país. Es verdad que si cada ciudadano tuviese que estar reportándole constantemente a la policía dónde está y qué hace, habrían menos delitos. Pero tal cosa no es impuesta porque reconocemos que sería un inaceptable entrometimiento de las autoridades en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué vamos a tratar a los estudiantes extranjeros de otra manera?
La casi totalidad de los estudiantes extranjeros en este país son respetuosos de las leyes. Están aquí para cosechar los beneficios ofrecidos por el sistema de estudios superiores que muchos consideran como el mejor del mundo, de manera de regresar a sus países de origen y aplicar sus conocimientos. Si las propuestas regulaciones de la INS son instrumentadas, los estudiantes extranjeros se llevarán algo más a casa: desconfianza respecto al gobierno de Estados Unidos y respecto a sus agentes en las universidades americanas. Ello sería una indeseable lección para nuestros estudiantes.
El autor es Profesor de leyes de la Universidad de Illinois.
