Opinión Internacional

Los candidatos a la presidencia de Perú cierran la campaña entre temores de fraude

FRANCESC RELEA, ENVIADO ESPECIAL, Lima
La campaña electoral peruana más sucia de los últimos años, según coinciden observadores extranjeros y nacionales, ha llegado a su fin. En medio de la sospecha generalizada de posible fraude, 14,3 millones de electores tienen 24 horas por delante para decidir si certifican en las elecciones generales de mañana la obsesión del presidente Alberto Fujimori, El Chino para sus seguidores, de perpetuarse cinco años más en el poder o abren paso a una alternativa política nueva.

Pese a la desigualdad de recursos económicos y apoyo de los medios de comunicación a su favor, Fujimori siente muy cerca el aliento de Alejandro Toledo, el candidato de la oposición que en la recta final de la campaña ha subido de manera imparable en las encuestas. «La situación es muy preocupante en el actual escenario de empate. Fujimori va a hacer todo lo posible para ganar en la primera vuelta», sostiene Sofía Maher, presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos, quien asegura que el fraude sería una espoleta para la explosión social.

«La gente saldría a la calle en Cuzco, Puno, Iquitos, Arequipa y quizá también en Lima». Rafael Roncagliolo, presidente de la organización Transparencia, que se encarga de velar por la limpieza de las elecciones, no duda en calificarlas como «las más contaminadas de los últimos 50 años en Perú y de los últimos años en América Latina». Pero no cierra la puerta a la esperanza: «Pese a todo, hay una gran voluntad de participación, y la voluntad de manipulación no significa omnipotencia. Pinochet convocó un plebiscito para perpetuarse en el poder y lo perdió».

Transparencia tiene desplegados 194 comités en todo Perú y 33 en el extranjero para llevar a cabo una muestra de 1.020 mesas electorales (recuento rápido), que indicará la tendencia de voto desde el primer momento del cierre de las urnas. Estos voluntarios trabajarán con telefonía, radio y a caballo en las zonas más remotas para tratar de descubrir actuaciones fraudulentas. Pero sus medios son limitados, como lo son los de los demás organismos de observadores, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Transparencia no es garantía de limpieza electoral. Daremos testimonio de lo que podamos ver», dicen sus responsables, que apuntan hasta 14 posibilidades distintas de fraude, difíciles de demostrar. Por ejemplo, la denuncia de la impresión de 16 millones de cédulas de votación, casi dos millones más de los electores aptos; del llamado carrusel de papeletas, consistente en cambiar las válidas por otras en las que previamente se ha marcado el símbolo de la candidatura de Fujimori; de la existencia de fábricas de actas («tenemos conocimiento de unas 10, pero no lo podemos probar, porque deberíamos acudir a la Fiscalía de la Nación, que está totalmente controlada», se queja Sofía Maher).

El mayor riesgo de irregularidades es en las zonas más alejadas del país, donde no habrá prácticamente ningún apoderado de las candidaturas de la oposición. Perú 2000, la fuerza política de Fujimori, es la única que tendrá apoderados o personeros en las 88.900 mesas electorales.

Desde la oposición se denuncian modalidades del fraude más sofisticado, como la supuesta capacidad del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que dirige el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, de interferir y manipular los datos transmitidos vía satélite al centro de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Hasta llegar a las denuncias referidas al mismo día de las elecciones, los peruanos han asistido a un rosario de irregularidades que se remontan a hace cuatro años, cuando el Congreso aprobó la Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se apoya Fujimori para concurrir a un tercer mandato. Cuando tres jueces del Tribunal Constitucional declararon inaplicable dicha ley, el Congreso (controlado por el oficialismo) los destituyó y dejó inoperante al alto tribunal. Y cuando el opositor Foro Democrático propuso un referéndum sobre la re-reelección de Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo impidió. Quedó libre la vía para la candidatura del presidente, presentada oficialmente el pasado 27 de diciembre.

Antes y durante la campaña electoral, una herramienta de gran eficacia a la hora de descalificar a los rivales del presidente-candidato ha sido la prensa amarilla, conocida popularmente como «prensa chicha», de difícil asimilación con los parámetros de la prensa más sensacionalista de cualquier país. Desde un nivel intelectual bajo mínimos, peor gusto e impunidad en sus ataques, la prensa chicha se ha dedicado a insultar o difamar a políticos y periodistas de la oposición.

http://www.elpais.es/p/d/20000408/internac/fraude.htm

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