Los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales

“Lo más sagrado es la vida del ser humano”, afirmación formulada por el Embajador, insigne venezolano y experto en derechos humanos, Andrés Aguilar. Partiendo de esta premisa, nos decía, los Estados con sistemas de gobierno democráticos, tienen la obligación de establecer una serie de leyes destinadas a la protección de los derechos y las libertades de sus ciudadanos, así como los mecanismos adecuados para garantizar el pleno goce de los mismos.

Coincido con esa afirmación, pero me doy cuenta que en la evolución del Estado moderno existe la tendencia de los actores de la sociedad a reivindicar los derechos humanos, su respeto y goce pleno, pero también existe, particularmente por parte de las organizaciones partidistas y algunos líderes del escenario político, a utilizar indiscriminadamente este término, confundiendo no solo su propia esencia sino interpretándolo a su conveniencia.

En Venezuela hoy en día todo el mundo se convierte en defensor de los derechos humanos, bien porque el término le suena bonito o porque su utilización infunde respeto, pero al profundizar en el concepto se evidencia que desconocen su verdadera naturaleza y ni siquiera se han planteado como se garantiza en la práctica su observancia y usufructo. Por mucho tiempo en nuestro país la tendencia ha sido la de utilizar alegremente el término, pero en los últimos años esta orientación se ha agudizado, junto con la evasión intencional de su garantía, la preferencia de unos derechos por encima de otros, la marcada predilección hacia determinado tipo de ciudadanos y el irrespeto hacia otros, así como su arbitraria restricción.

Afortunadamente también han surgido organizaciones no gubernamentales que con seriedad han abrazado la causa de la defensa de estos derechos, ante un escenario difícil de manejar y en condiciones de inferioridad, pero con la convicción de que se debe insistir en su resguardo y respeto, lo que suscita admiración y reconocimiento de quienes creemos en el valor del ser humano.

Es lamentable que en pleno siglo XXI se manejen los derechos humanos en términos tan arbitrarios que la palabra vergüenza no es suficiente para calificar su permanente abuso. Sin instituciones estatales sólidas que velen por los derechos de los ciudadanos, sin un sistema judicial confiable y eficiente, sin funcionarios de seguridad entrenados en la materia, con las permanentes restricciones a la libertad de expresión y sin ni siquiera un método de información que permita al ser humano conocer sus derechos, ningún Estado ni Gobierno puede considerarse eficiente, ni mucho menos digno de la confianza que los electores depositaron en las urnas para elegir a sus mandatarios.

En un país donde ninguna institución gubernamental funciona adecuadamente porque además de ineficientes están politizadas, donde los organismos de seguridad infunden temor en vez de respeto, en el que la vida del ser humano no tiene valor, donde se proclama la guerra en vez de la paz, donde se pretende imponer por la fuerza la ideología en la educación, en el que la salud, la vivienda y el empleo digno no son considerados derechos de primera, da lástima y causa horror escuchar la utilización del término derechos humanos como si se tratara de cualquier cosa…

Independientemente de que existan mecanismos de supervisión del cumplimiento de las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales que rigen esta materia (comités de los pactos, etc. de los que somos parte contratante) y las instituciones mundiales que velan por estos derechos (Consejo de Derechos Humanos, Alto Comisionado) el problema persiste hoy más que nunca en muchos países y con distintos tipos de gobierno, agudizándose como es natural en aquellos Estados con regímenes dictatoriales.

Puede que el escenario ideal y por ello parece una utopía, sería que en los países existieran mecanismos o instancias supervisoras de los gobiernos y sus instituciones, integradas por los propios ciudadanos, encargadas de velar y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Visto que el escenario ideal es irrealizable sí creo factible que el oportuno uso de la terminología y su significado para el género humano sea objeto de enseñanza y entrenamiento desde los primeros años de escuela, para evitar la utilización demagógica de conceptos tan específicos y de tan enorme valor para el individuo.

La UNESCO apuesta por la educación, entrenamiento e información como base para construir una cultura universal de derechos humanos, de hecho en su carta constitutiva se lee la siguiente afirmación “dado que la Guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres que la defensa de la Paz debe ser construida”. Sabia afirmación con la que los amantes de la paz y fervientes defensores de la dignidad humana estamos totalmente identificados.

Es indispensable que los gobiernos entiendan y acepten que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes por lo que debe darse igual atención y respeto a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Estos derechos que se encuentran específicamente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; constituyen herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha por los gobiernos para eliminar todo tipo de discriminación y para garantizar a la persona su protección. Se evidencia entonces que los instrumentos existen, pero que falta la voluntad política de los gobiernos para hacer de los mismos objetivos primordiales de sus gestiones.

Cuando soplan aires de cambio en este país, me atrevería a proponer a los nuevos protagonistas de la vida política, plantearse la realización de un programa de enseñanza y entrenamiento de derechos humanos desde la primaria hasta la universidad, todo ello acompañado de campañas de información para la población, funcionarios de alto nivel (incluyendo ministros) y empleados públicos, con adiestramiento para los cuerpos de seguridad del Estado, gobiernos regionales y municipales, pues no debe olvidarse que cada área de acción del ente gubernamental tiene que ver con la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Si algo como esto se llegara a realizar correríamos el riesgo de convertirnos en un Estado ejemplar, en una sociedad modelo para nuestra región y para el mundo y sin duda recibiríamos el reconocimiento de los entes internacionales, pero sobre todo honraríamos al protagonista fundamental de toda sociedad “el ser humano”.