Opinión Internacional

Los militares en La Habana

Un medio de comunicación denuncia un hecho de corrupción en el Ejército que, por lo general, apunta a una política de ocultamiento de los ‘falsos positivos’. El ministro Pinzón hace, entonces, su demostración de equilibrista con una de esas maniobras típicas del Gobierno destinadas a dejar contentos a todos y, al final, no satisfacer a ninguno. Tras bambalinas, calma a los generales, asume sus posiciones y las defiende ante el Presidente.

Luego, las Farc aprovechan para dar una declaración en contra de las Fuerzas Armadas de Colombia, y Humberto de la Calle se apresura a aclarar que nada, pero nada de nada, del futuro militar se discutirá con las Farc.

Con cada nueva revelación, el grupo guerrillero toma impulso para abordar el punto más difícil de la agenda –la justicia transicional–. “La contraparte no es diferente a nosotros”, parece sugerir en sus pronunciamientos, y, claro está, la sola existencia de los Róbinson González uniformados, poco importa si muchos o pocos, contribuye a reforzar esa posición.

Militares y guerrilleros se señalan como criminales de guerra y, en este intercambio de acusaciones, los derechos de las víctimas corren el peligro de ser sacrificados. Las Farc no quieren pagar ni un día de cárcel; los militares, tampoco. En algo sí se parecen el Ejército y las Farc: pretenden ambos un imposible legal y político.

Más temprano que tarde, el proceso de paz demandará de las partes algo de sinceridad. Los beneficios jurídicos, amplios o limitados, requerirán una igualdad de tratamiento para las partes, que no podrá lograrse por fuera de la mesa de negociación.

¿Esperan las Fuerzas Armadas que unos sean sometidos al veredicto de las urnas y otros no? Los beneficios jurídicos dependerán de la poca o mucha generosidad de los colombianos, para unos y otros, cuando los acuerdos sean refrendados.

La doctrina militar no será negociada, afirmó el Gobierno. Cierto, pero un Ejército en paz no puede contar con la misma doctrina que uno en guerra. La discusión está entablada en el seno de las filas castrenses, pero el Ejército se aferra a demorar, demorar y demorar su transformación, olvidando que ella también hará parte de la construcción de la paz.

La reducción del Ejército tampoco constituye objeto de discusión, aseguró el ministro Pinzón. Pero, negociada o no, lo cierto es que deberá haberla. Gústeles o no a los militares, el Ejército deberá ser sometido a una depuración.

Es verdad que la disminución de los efectivos deberá darse de manera paulatina, mientras se mide el compromiso de las Farc con la paz y solo ante resultados medibles en seguridad. Fuerzas disidentes sí habrá, y otras amenazas de tipo militar sobrevivirán. Pero un país en posconflicto requerirá más policías y menos soldados y una policía más civil que militar. De otra forma, ¿cuándo podrá el país invertir más en educación y más en salud y menos en armamento?

La manera más efectiva de garantizar los derechos de las víctimas está en asegurar la no-repetición, y ello exige no solo el desarme y la desmovilización de las Farc, sino también la reforma de las Fuerzas Armadas para la paz.

Si el acuerdo con las Farc no redunda en estos dos mínimos dividendos de paz, ¿para qué esta negociación? ¿No son unas Fuerzas Armadas renovadas una ganancia significativa? Se reconozca o no, el futuro castrense sí está en el corazón de la negociación.

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