Los verdaderos dueños del gas en Bolivia
Buenos Aires (AIPE)- El acuerdo de exportación de gas desde Bolivia hacia la Argentina fue aprobado bajo la condición de vetar toda venta de gas a Chile y abrió un debate sobre cuál sería el “mejor uso” que se le podría asignar a los ingresos generados por el recurso. Esa controversia se basa en el supuesto de que el estado boliviano debe seguir siendo el dueño de las riquezas minerales, privando a ese país de los fenomenales incentivos que la propiedad privada del subsuelo podría inyectar a su economía.
La propiedad estatal del subsuelo es una institución común a todos los países de América Latina, heredada de España. Quedó establecido en las Ordenanzas de Alcalá de 1348: “Toda las Mineras de oro, de plata, de plomo, de otra guisa cualquiera que Minera sea en el señorío del Rey, ninguno no sea osado de labrar en ella sin mandato del Rey”. Tal institución se halla tan fuertemente arraigada que, a pesar de la relativa apertura del sector petrolero y minero en la década de 1990, ningún país de la región ha cambiado el fundamento institucional que rige la economía del sector.
La propiedad estatal del subsuelo, preexistente en España y exacerbada por la riqueza mineral del Nuevo Mundo, dio como resultado un pobre rendimiento en la actividad de los hidrocarburos, en términos de su potencial en América Latina.
En la época colonial, el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, en el actual territorio boliviano, incrementó notablemente la voracidad real sobre las riquezas minerales, provocando un aumento de controles y regulaciones. La importancia mundial de ese descubrimiento se refleja en los relatos de Adam Smith acerca de sus efectos sobre las economías europeas: “Las minas de plata de Europa se abandonaron en su mayor parte después de que fueron descubiertas las de Perú… Esto mismo sucedió a las minas de Cuba y Santo Domingo, y aún a las antiguas del Perú, desde el descubrimiento del Potosí”.
La importancia adquirida por Potosí dio origen a una legislación especial: el virrey Francisco de Toledo fue quien redactó este primer código o cuerpo legislativo que llevaría su nombre y que habría de constituirse en la base de derecho minero del Perú, de Chile y del Río de la Plata.
De esa forma, la corona española y luego los estados nacionales extrajeron las riquezas minerales de menor riesgo exploratorio y la destinaron al financiamiento del sector público. Así por ejemplo, sin estos minerales hubieran sido impensables las guerras de expansión de España en Europa durante el siglo XVI.
El régimen de propiedad del subsuelo alentó a que las riquezas quedaran fuera de las manos de los ciudadanos bolivianos y que, una vez explotadas las minas de mayor productividad en la región, la economía decayera.
El economista Douglass North obtuvo el Premio Nobel 1993 por desarrollar la teoría institucional del crecimiento económico, explicando cómo las reglas de juego determinan la dinámica, estancamiento o empobrecimiento de una sociedad. En ese sentido afirma que en la medida en que la propiedad deja de ser pública y pasa a ser privada se incrementan los incentivos hacia una eficiente asignación de recursos, ya que los individuos contarán con un claro sistema de premios y castigos por sus acciones.
El régimen de propiedad privada del subsuelo es una realidad en países como Estados Unidos, donde la inversión en exploración y explotación cuenta con el gran premio que es el descubrimiento de minerales e hidrocarburos que son propiedad de los dueños de las tierras. De esa forma, regiones predominantemente petroleras como Texas se han desarrollado en otras actividades, como las agrícolas e industriales, a través de la reinversión de las ganancias petroleras. Asimismo, bajo esa legislación la riqueza queda en manos de ciudadanos nacionales, evitando pingües acuerdos entre los gobiernos y las grandes empresas petroleras internacionales.
En síntesis, es hora de preguntarse quiénes son los verdaderos dueños del subsuelo en Bolivia, reemplazando el actual sistema -una puja por la distribución de la renta de una torta pequeña y sin incentivos que promuevan el crecimiento de largo plazo- por otro que represente una situación donde toda la sociedad gana. Sólo la propiedad privada del subsuelo alentaría a los ciudadanos bolivianos a explorar sus territorios, despertando ingentes caudales de riquezas que han permanecido dormidos por siglos.
(*): Autor de El robo del subsuelo y Raíces de pobreza – Las perversas reglas de juego en América Latina. Es presidente de la Fundación Atlas y Fundación Estudios Energéticos Latinoamericanos (FEEL).
