Opinión Internacional

Medio ambiente y conflicto

La evolución de los cambios ambientales provocados directa e indirectamente por la especie humana presenta un rostro neomalthusiano. El cambio climático ha dejado de ser un asunto menor en la agenda de empresas y gobiernos. En Colombia, sin embargo, es evidente que la trayectoria medioambiental refleja poca fuerza política y dispersión fragmentada de la información. Por ejemplo, si tenemos necesidad de reconocer las cadenas causales entre daño ambiental e industrialización en zonas como Cali / Yumbo, en el Valle; o Medellín / Valle de Aburrá, en Antioquia, no contamos con evidencia confiable para saber que impacto han tenido los efectos tóxicos de CO2 sobre estas poblaciones durante la última década.

En el informe especial de Dinero: «Lo verde paga» (septiembre 14 de 2007 / 286) los reportes orientan el análisis hacia los esfuerzos emprendidos por las empresas para ser ambientalmente responsables. Y algunas consideraciones sobre políticas para corregir desviaciones históricas en el manejo climático. Pero en general, no sabemos mucho porque cada aspecto ambiental es manejado con independencia de los demás. Y con todo, nuestro conocimiento sobre uno de los principales agentes de desequilibrio del ecosistema: el conflicto armado no se ha abordado con suficiente atención. Las investigaciones sobre cambio climático y conflicto merecen un capítulo especial en el caso de Colombia. Veamos porque.

Necesitamos estudiar cuánto ha afectado el conflicto armado la redefinición territorial de las poblaciones en zonas estratégicas de paramilitares y guerrilla. Las variaciones y los cambios de clima derivados de la sustitución de cultivos tradicionales por la hoja de coca. En el caso de Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, los estudios demuestran que la transformación del medio ambiente se relaciona con los monocultivos de Palma de Aceite y una concentración de tierras despojadas a poblaciones desplazadas por guerrilleros y paramilitares. Que los proyectos agroindustriales derivados de la Palma de Aceite y la prospectiva para generar riquezas con base en los biocombustibles han tenido costos sociales muy altos. Sencillamente, los empresarios deberían poder reflejar que sus inversiones en estas regiones no han estado manchadas por crímenes y masacres.

Lamentablemente la información forma parte del problema. En regiones como el Valle del Cauca, Córdoba, Nariño o Antioquia, la obtención de datos sobre propiedad de la tierra o promedios históricos de catastro, hacen parte de un acto heroico. Zonas específicas como el Norte del Valle o el Magdalena Medio requieren trabajos que permitan distinguir la variación geográfica inducida por el conflicto violento entre carteles de la droga y sus relaciones en redes con agentes guerrilleros o paramilitares. Los cambios provocados por los conflictos territoriales terminaron afectando el grueso mapa de la geografía política de las regiones en Colombia. De modo que las investigaciones sobre medio ambiente deben desarrollarse incluyendo esta variable dependiente. Seguir sustentando que los procesos de inversión de capitales en zonas bajo influencia paramilitar o guerrillera estuvieron al margen de sus planes estratégicos es deficiente.

Algunos trabajos recientes (Estrada, Salazar/Castillo) han sido consagrados a desagregar los efectos territoriales del conflicto armado durante la última década en términos de cambios en la geografía política de los desplazados. Las redes sociales de desplazamiento afectan considerablemente cambios en el medio ambiente y viceversa. El sustento básico de las poblaciones ha sido atrofiado; cambios en la salud e historias de vida cuyo impacto sobre las relaciones de vecindario son complejas y problemáticas. Pero estas cadenas causales necesitan ser investigadas dentro de relaciones más amplias. Por ejemplo, cómo se han transformado diversas representaciones del medio ambiente en las zonas urbanas y rurales por causa del desplazamiento. Modelar estas investigaciones con base en datos empíricos y en localidades específicas forma parte del desafío para comprender mejor los cambios de medio ambiente inducidos por el conflicto.

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