Opinión Internacional

Moreno como símbolo, La Quina como metáfora

Guillermo Moreno se ha convertido en un dato significativo del  gobierno de Cristina Kirchner. Cuando ella asumió, en diciembre de 2007, rodeada de expectativas de “perfeccionamiento institucional”, se daba por hecho que Moreno cesaría en sus funciones. “A la señora no le agrada su estilo áspero y canyengue”, se decía. Ella prefería aires frescos y juveniles y por eso había atraído al ministerio de Economía al informal Martín Lousteau. Pero han transcurrido cuatro años y, mientras Lousteau fue tempranamente eyectado del equipo oficial (pocas semanas antes que su valedor, Alberto Fernández), Moreno llega hasta el fin del período de la señora y seguramente seguirá en funciones en el segundo mandato. Más aún: sus tareas se multiplican y abarcan, de hecho, territorios que están lejos de su mapa jurisdiccional.

Los papeles de Lassie

Néstor Kirchner lo catapultó a la fama cuando le dio la misión de reprimir el alza de precios como remedio a la creciente inflación: la espinosa metodología del secretario disgustó a muchos y Kirchner lo protegió argumentando que era “más bueno que Lassie”, aquella perra pastora escocesa que protagonizó una exitosa serie de TV. Más allá del juicio que merezcan sus modales y su eficacia, en esos días Moreno se ocupaba al menos de tareas de un secretario de Comercio. Pero después (y más intensamente en los últimos tiempos), a “Lassie” le han encomendado muchas otros papeles: intervino el Instituto de Estadísticas, se puso los guantes para desafiar a Papel Prensa, acosó a consultoras independientes que miden la inflación,  presionó a empresas y casas de cambio para frenar la sangría de dólares, aquietar la fuga y calmar el mercado cambiario. En cada episodio puso en juego sus rasgos proverbiales y el protagonismo que alcanzó ha hecho imaginar a muchos que será ascendido a la condición de ministro. No es necesario: el oficialismo ha usado ampliamente sus servicios sin tomar en consideración los galones que ostenta (y pasando por encima de quienes, en los papeles, aparecen como sus superiores). Hay dos puntos sugestivos en el pluriempleo de Moreno. Uno: quizás revela la escasez de cuadros para afrontar situaciones críticas en los que el gobierno puede depositar confianza. Dos: las situaciones críticas no desaparecen, se multiplican.

Pero, ¿no fue exitoso el método Moreno esta última semana, al conseguir que retrocediera la cotización paralela del dólar así fuera apelando a amenazas? Algún mérito puede haber tenido, pero quizás su aporte fue menor que el anuncio oficial de que el Banco Central iba a proveerle a los bancos todos los dólares que necesitaran para cumplir con la demanda de sus clientes. Un repliegue eficaz.  El alza de tasas para los ahorristas en pesos también operó como un llamador que alivió la presión sobre la demanda de dólares Así y todo, la batería de medidas no impidió que los bancos perdieran un 15 por ciento de sus depósitos en dólares en tres semanas: una corrida vertiginosa que se intensificó con las reacciones represivas del gobierno.

 

Ahora, el ajuste

 

Urgido por la realidad, el oficialismo ha decidido aproximarse al berenjenal de subsidios que creó a lo largo de ocho años. “Teníamos que ayudar a todo el mundo”, argumentó Amado Boudou cuando explicó que ahora se cortarán subsidios que durante meses y meses, mientras se gambeteaba el cumplimiento de los fallos que hacen justicia con los ingresos a jubilados, beneficiaban a bingos y casinos tanto como a lujosos barrios privados o a familias y personas de ingresos altísimos.

El tema de los subsidios recién empieza a discutirse. Nadie duda de que hay mucho para cortar, pero el gobierno no parece dispuesto a transparentar el paisaje para poder discutir con todos los elementos en la mano qué cortar y qué sostener. Por el contrario, aspira a ejercer un manejo discrecional y sin controles, a la vez invasivo de la privacidad y evasivo del escrutinio ciudadano. 

Tan evasivo como la verbalización adoptada para anunciar lo que empezará a ocurrir con los servicios públicos: ni se dice con claridad que las familias tendrán que pagar más (en general, mucho más) ni se explica que ese desembolso no irá a las empresas, sino a las arcas del Estado. No mejorarán, pues, las condiciones de la inversión y, consecuentemente, tampoco mejorarán los servicios pese al esfuerzo del bolsillo de los argentinos. Se incrementarán los ingresos fiscales. Sería bueno saber, simultáneamente, si el fisco reducirá el gasto propio, si mejorará su eficiencia. Porque por ahora, el ajuste (palabra que el gobierno procura eludir) apunta a particulares y empresas, no al Estado.

 

Cruje la «alianza estratégica»

 

A caballo de esa discusión (eficiencia, ingresos y gasto público, distribución, equidad) los sindicatos vuelven a la carga con la demanda de elevar el mínimo no imponible del gravamen a los réditos. Con los camioneros en punta. 

Aunque importante, ese es sólo uno de los puntos en que la relación entre gremios y gobierno se ha tensado. La situación con el personal civil aeronáutico es otro terreno delicado. Las críticas de varios gremios del sector a la conducción de Aerolíneas Argentinas parecieron disparar una ola de represalias. La empresa de bandera (todavía no plenamente estatizada) es una sangría para el fisco (se calculan 2 millones de dólares diarios) y su administración está a cargo de la facción más o menos juvenil conocida como La Cámpora, una suerte de prelatura personal de la Presidente.

A partir de los cuestionamientos sindicales a esa conducción (se le adjudica impericia y también manejos turbios, en lo cualitatitvo y en lo cuantitativo, en la adquisición o leasing de aviones) la Presidente no trepidó, por ejemplo, en devolver a la Fuerza Aérea el manejo del control aeronáutico que le había quitado dos años atrás en una atmósfera de acusaciones de corrupción.

La audaz jugada presidencial  desmiente la idea de que el gobierno actúa guiado por ideologismos. Lo que sí parece evidente es que teme perder el control de situaciones y, en esos casos, muestra los dientes, sean los de Lassie o los de una fuerza militar de las que hasta hace días el oficialismo solía vituperar. Obediencia debida: hasta la señora de Bonafini desliza ahora elogios a los militares (“estos militares”).

La dirigencia sindical se prepara entonces para un quinazo. La palabra es importada de México y se refiere a la decisión del entonces recién electo presidente Carlos Salinas de Gortari (un exponente “neoliberal” del PRI) de hacer detener, en 1989,  a uno de los dirigentes gremiales más poderosos de aquel país: Joaquín (“La Quina”) Hernández Galicia. Un equipo militar irrumpió en la casa del gremialista, lo detuvo junto a su familia y luego fue condenado a 35 años de prisión (eso sí: sólo cumplió 9, luego fue amnistiado). Los analistas afirman que Salinas de Gortari mataba con esa jugada tres pájaros de un tiro: se tomaba la revancha por algunas denuncias de corrupción lanzadas por el sindicalista, lo eliminaba como poderoso adversario y, de paso, conseguía el respaldo de clases medias hasta ese momento reticentes frente a su presidencia.

La tensión que crece en lo que algunos llamaban hace muy poco “la alianza estratégica” entre gremios y gobierno, ¿puede crear la tentación en la Presidenta de mejorar sus acciones en la clase media (hoy suspicaz por el efecto que puede tener sobre sus hogares la quita de subsidios) con algún golpe de efecto sobre los gremios que concentre poder en la Casa Rosada?

 La nueva mirada oficialista sobre el sector castrense puede ser una consecuencia táctica de esas fisuras en la “alianza estratégica”. Hoy ya el gobierno no puede confiar en los gremios para mantener el control de la calle, como ocurrió hasta hace no demasiado. Es más, teme que lleguen a ser un factor más de descontrol.

Dilemas después de Cannes

En fin, en ese paisaje cambiante hay que incluir las relaciones con Estados Unidos y con el G20: más allá de las primeras impresiones y de las versiones sesgadas que deslizó la Casa Rosada, parece claro que en su reunión en Cannes con Barack Obama se puso sobre la mesa la cuestión de las obligaciones que Argentina ha suscripto y sobre las que tiene responsabilidades de socia en el marco del G20: los vínculos con el FMI como auditor de las cuentas públicas, el deber de ofrecer información estadística verídica, el compromiso de pagar las deudas y cumplir los fallos internacionales. En aquella reunión se entreabrió la puerta para una normalización de los vínculos. Resta saber si el gobierno se decidirá o no a atravesar esa puerta. Pero ese es  un dilema que la Presidente todavía  no ha resuelto (y acaso no sabe cómo resolver).           

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