Comentario

por Gustavo Mohme

(%=Link(«http://www.larepublica.com.pe/»,»La República»)%), Perú

Dos hechos acontecidos esta semana nos dan la medida exacta de la crisis institucional que vive el país, la misma que no ha podido ser evitada, inclusive en los días de la Semana Santa. El primero es el pronunciamento del gobierno de Japón por elecciones transparentes en el Perú, y el segundo, la opinión de la principal figura de la Iglesia Católica, el cardenal Augusto Vargas Alzamora, sobre la situación política.

No debe pasar inadvertido que el pronunciamiento del gobierno japonés coincida con el tercer aniversario de la exitosa operación militar «Chavín de Huántar», por la cual las fuerzas armadas liberaron a los rehenes de la residencia del embajador de ese país, hecho que usó el gobierno, entre otras cosas, para propagandizar una relación privilegiada con Japón.

No obstante, el gobierno de Tokio, a diez días de la primera vuelta, y cuando ningún observador esperaba un pronunciamiento público, se ha manifestado abiertamente por la democracia en América y por una segunda vuelta electoral justa y transparente.

Que esta posición sea asumida por el gobierno más cercano al régimen de Alberto Fujimori es una muestra de la enorme impopularidad del gobierno peruano en el exterior. Japón no sólo es una potencia económica mundial y un referente político obligado. Es, además, desde 1990, un socio comercial muy importante del gobierno, que muchas veces aceptó gustoso aparecer como respaldo político del fujimorismo. Esa condición, por ejemplo, impidió que, luego de la liberación de los rehenes, prosperaran las críticas que en Tokio se hicieron a los procedimientos y normas vulnerados en la operación militar.

Japón ha creído conveniente poner sobre la mesa su apuesta democrática, pensando quizás en el futuro. Nadie en la aldea global quiere aparecer tolerando una dictadura, y es mejor decirlo antes, como lo han expresado ya Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.

Otro hecho poco usual es la postura asumida por la Iglesia. A las voces de personajes relevantes como los obispos Luis Bambarén y Miguel Irízar, que se expresaron a favor de una mediación electoral de la Iglesia, se han sumado las palabras del cardernal Vargas Alzamora. Pero él ha ido más lejos. En una entrevista radial, ayer, no sólo ha ratificado la voluntad de la mediación, sino que ha alertado sobre los riesgos de la mantención del clima de tensión política, vía la falta de transparencia electoral en la segunda vuelta.

Cuando el cardenal habla sobre el peligro de un golpe de Estado, no está haciendo un cálculo político. Está predicando para reducir al máximo la tensión política, y no sólo cambiando sustantivamente las reglas de juego fraudulentas. Se trata de una alusión directa al motivo central de la tensión: la presencia de la candidatura ilegal e inconstitucional de Alberto Fujimori.

Es importante anotar este punto, por cuanto el gobierno calcula que un eventual triunfo suyo fraudulento hará volver las aguas al nivel previo a la campaña electoral. No se dan cuenta de que el país no los soportará. La comunidad internacional, y aquí el pueblo peruano en las calles se los recordará a cada instante.