Opinión Internacional

Observadores y observados

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos resolvió pasarle a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar esta semana, la consideración del caso de las elecciones peruanas. Esta decisión deja entonces de lado la activación de los mecanismos de defensa de la democracia contemplados en la Resolución Democracia Representativa -conocida como Resolución 1.080- aprobada por unanimidad hace nueve años en Santiago de Chile.

Lo observado. La lectura de los informes de la misión de la OEA en Perú, ofrece una lista muy completa de los serios problemas identificados en la primera vuelta de la elección del pasado nueve de abril como, por ejemplo, más votos que votantes, así como varias impugnaciones y denuncias pendientes de decisión. Los problemas, en esencia, no fueron superados antes de proceder a la segunda vuelta, de manera que las observaciones de la misión que recomendaba posponer el proceso electoral del 28 de mayo incluyeron: el retardo en la capacitación de los miembros de mesa, el retraso en la impresión y distribución de las cartillas de instrucción, la introducción de un nuevo sistema de cómputos sin explicación de sus razones técnicas y sin reparar en sus consecuencias prácticas -incluida la falta de tiempo para validar su confiabilidad-, la falta de organización y de transparencia en el proceso de despliegue, almacenamiento y repliegue del material electoral, la falta de claridad en cuanto al cronograma de expedición de los resultados electorales, las inconsistencias y la falta de auditoría de las bases de datos, la ausencia de representantes de los partidos políticos en la organización y fiscalización del proceso, y, el precario balance del simulacro parcial a una semana de la elección. A todo esto, podemos añadir la inequidad en el uso de recursos de propaganda que caracterizó al proceso electoral peruano y el problema planteado por la decisión de no participar, anunciada por el candidato opositor -Alejandro Toledo-, a menos que se pospusiese la elección.

El coro latinoamericano. Pese a todas estas dificultades y evidencias el acto electoral se realizó el 28 de mayo y Alberto Fujimori se proclamó ganador, con todo y la precaria legitimidad que arroja una elección tan cuestionada, técnica y políticamente. Tanto así que Estados Unidos -país tan poco inclinado en los últimos tiempos a comprometerse gubernamentalmente en la oposición a este tipo de situaciones- reaccionó de inmediato, señalando a través del Departamento de Estado que evaluarían sus acciones una vez conocidos los resultados de la consulta a la OEA.

El Consejo Permanente de la OEA fue convocado de inmediato por el Secretario General a una sesión extraordinaria, el resto es historia conocida: sólo Costa Rica y Estados Unidos asumieron la gravedad de la situación planteada en Perú como un proceso amenazante para la democracia y la estabilidad sociopolítica regional; de resto, los países latinoamericanos acordaron, por abrumadora mayoría, ver el caso desde la perspectiva del principio de no intervención. Es más, los representantes de los gobiernos peruano y venezolano criticaron severamente, al punto de desautorizar, la actuación de la misión de observadores de la OEA.

Ni observadores, ni observados. Hay una tensión inevitable -evidente en el artículo 2.b. de la Carta de la OEA- entre dos principios supuestamente centrales al sistema interamericano: el de no intervención y el de defensa de la democracia. Los gobiernos latinoamericanos, especialmente en tiempos en los que hay serios problemas para la práctica efectiva de la democracia, prefieren escudarse en el principio de no intervención y en una concepción tremendamente acomodaticia de la soberanía. La retórica de la no intervención, es muy útil para crear coincidencias entre países que tenemos «techo de vidrio» y, en consecuencia, no nos gusta, ni nos interesa «lanzar piedras» apuntando a temas críticos; la retórica de la soberanía, consecuente con esa idea de que lo que ocurra al interior de cada país es problema interno, da para avalar cualquier situación en la que parezca expresarse el «parecer del soberano», de manera que sirve para apoyar a los indígenas ecuatorianos, a los militares paraguayos, a la coalición Perú 2000 o a grupos insurgentes en Colombia. Hay en toda Latinoamérica obstáculos muy serios para mantener y mejorar la práctica democrática, imposible ignorarlo. Se trata de problemas de fondo harto reconocidos -aumento de la desigualdad y del deterioro generalizado de las condiciones de vida, acelerada pérdida de legitimidad institucional y creciente ineficacia gubernamental- pero ante ellos encontramos un conjunto de respuestas que contribuyen a acelerar el deterioro en tanto dejan de lado un componente central en el ejercicio verdaderamente democrático de la soberanía: la responsabilidad como obligación de responder y de rendir cuentas por acciones y omisiones. Por eso, en general, los gobiernos y parte de nuestras sociedades no quieren ser ni observadores ni observados.

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