Oferta electoral a la carta
El Gobierno del cambio está produciendo interesantes innovaciones. Sólo hay que saber reconocerlas. Hay, por ejemplo, una reclasificación de los pecados y de los delitos.
El delito de terrorismo, por ejemplo, recibe un tratamiento diferente cuando el terrorista es un militar que trabaja en el Palacio de Gobierno. Si el terrorista es cruceño, la gravedad del delito aumenta, incluso si sólo has sido terrorista de pensamiento. Conforme el origen del terrorista se acerca a La Paz, disminuye la gravedad. Hay un cochabambino que fue terrorista y que ahora es Vicepresidente. El ser cruceño es un agravante para casi todo. Lo único que está autorizado a hacer un cruceño sin el riesgo de cometer delito es meter goles para la selección, pero no debe esperar que todos se alegren de sus goles.
El Gobierno del cambio ha revolucionado el concepto de prohibir. Ahora está prohibido vender ropa usada, pero nadie está a cargo de aplicar la prohibición. En la práctica, por lo tanto, vender ropa usada está permitido, aunque esté prohibido.
La propiedad privada está garantizada. Pero esa garantía está condicionada, no a que tengas los papeles en regla, sino a cómo hayas votado en el referéndum del 25 de enero. Ahora, la propiedad privada se define en un cabildo abierto vecinal. Sería largo enumerar todas las innovaciones del Gobierno del cambio. Quizá la más novedosa de todas sea la innovación de la oferta electoral.
Se la podría resumir en la frase: lo importante no es lo que yo hago, sino lo que dejo hacer. Es un paso más en la democracia participativa: el pueblo participa incluso en la elaboración de la oferta electoral. Termina siendo una oferta a la carta.
El texto de la nueva Constitución está pensado en esa oferta. El Estado boliviano rige en todo el territorio, pero la propiedad de lo que está en el territorio es de los pueblos originarios, dice el texto.
Un pueblo tan perceptivo como el boliviano ha captado el mensaje de inmediato y lo ha aplicado al vuelo. Lo último: hace dos días fueron tomadas las instalaciones de COBEE en Oruro y sólo podrá seguir funcionando si los empleados son despedidos y reemplazados por los lugareños.
El Estado boliviano ha dado su palabra en concesiones mineras, pero si los originarios quieren ignorar esos derechos, lo pueden hacer. Nadie ha de hacer nada para que se cumpla lo que el Estado ha dispuesto.
La interpretación más extrema de esta oferta la ha hecho la CIDOB. Dicen sus dirigentes: no nos importa tener escaños en la futura Asamblea Plurinacional; lo único que queremos es que se nos pague regalías por la explotación de los recursos naturales de nuestro territorio, las tierras bajas.
Es decir: no vamos a fingir que pertenecemos a un país o que nos entusiasman sus farsas deliberativas: sólo queremos recibir nuestra parte, al contado, por el hecho de pertenecer a este territorio. Pueden ustedes traer a Mama Ojllo, o a la mama que los crió, y hacer lo que quieran, siempre y cuando nos paguen.
Es lo más lejos que ha llegado el proceso de disolución de Bolivia. Si éste era el plan, la verdadera oferta, fue logrado. Se desató la tempestad.
Y si no fue así, pues el doctor Frankenstein está a punto de ser víctima del monstruo que creó.
