Opresores internacionales
(%=Image(7298703,»L»)%)Washington (AIPE)- Los organismos internacionales están cada día debilitando más nuestras protecciones constitucionales y hasta cobrándonos impuestos.
El programa “alimentos por petróleo” y demás escándalos recientes de la ONU nos comprueban que ese organismo está fuera de control. Lo que no sabe mucha gente es que la ONU es sólo una de docenas de organismos internacionales que están extendiendo su poder para controlar a los ciudadanos de todos los países y malgastando el dinero proveniente de nuestros impuestos.
Después de la Segunda Guerra se crearon muchos de esos organismos, con el propósito de promover la paz y la prosperidad. Esos organismos fueron establecidos en medio de declaraciones santurronas sobre el bien que harían a la humanidad. Son financiados por los países miembros y se contrata personal para llevar a cabo el trabajo. Los políticos que los fundan se dedican luego a otras cosas y se hace poco o ningún seguimiento a lo que los organismos están haciendo en supuesto bien de la humanidad.
Los burócratas internacionales que trabajan en estos organismos pronto se dan cuenta que son ellos quienes deciden lo que se va a hacer y su primera preocupación es asegurarse buenos salarios y lujosas oficinas. Los burócratas tienden a aumentarse el presupuesto y a multiplicar el número de empleados, dedicando gran parte de su tiempo y esfuerzo a conseguir cada vez mayores presupuestos y nuevas fuentes de ingresos.
Es probable que los bandidos que ordeñaron el programa “alimentos por petróleo” en la ONU eviten pagar por sus delitos haciendo uso de su inmunidad diplomática. Parte del problema es que la ONU está fuera del alcance de toda vigilancia externa porque ningún país ni institución tiene el derecho a revisar lo que hacen allí.
Los burócratas de la ONU quieren más y más dinero. Esa es una de las razones por las que les encantaba el programa “alimentos por petróleo” e hicieron todo lo posible para que no se les acabara.
La ONU sigue empeñada en imponer impuestos directos a la gente y a las empresas en todo el mundo. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ya les da el derecho a imponer impuestos a las empresas mineras en los océanos.
El Banco Mundial lleva 50 años de pésima administración y de prestar casi exclusivamente a los gobiernos, promoviendo así el estatismo en lugar del libre mercado. Eso debilita el crecimiento económico e impone pesadas deudas a países pobres.
El Fondo Monetario Internacional por mucho tiempo ha insistido que los países aumenten los impuestos, lo cual ha impedido o retrasado su desarrollo económico. Y su insistencia en operaciones de rescate en países aplastados por la deuda externa aumenta los riesgos del financiamiento internacional y disminuye las penalidades por incumplir promesas.
Los estatutos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) incluyen la responsabilidad de promover políticas que “contribuyan a una sólida expansión económica” y a “ampliar la liberalización de los flujos de capital”. Pero más bien promueve la limitación de la competencia en impuestos, lo cual daña el crecimiento económico de sus miembros y del mundo entero. También promueve el intercambio de información total, reduciendo la privacidad y debilitando el flujo de capitales.
El Financial Action Task Force (FATF) fue creado para combatir el lavado de dinero, pero insiste en que cualquier delito que tenga que ver con dinero sea considerado lavado de dinero, tratando así que casi todos los delitos estén bajo su jurisdicción. También está tratando de que las diferencias en los impuestos entre países sean consideradas lavado de dinero.
El Congreso de Estados Unidos y los parlamentos de otras naciones deben establecer comisiones para vigilar y evaluar a los organismos internacionales. Antes de aprobar las contribuciones que a ellos se hacen anualmente, esas comisiones parlamentarias debieran certificar que los organismos internacionales:
• Hacen estrictamente sólo lo que deben hacer según sus estatutos.
• No promueven la imposición de impuestos a ciudadanos ni a compañías.
• No socavan el crecimiento económico con sus políticas y actividades.
• No promueven políticas que debilitan la protección constitucional de los ciudadanos.
• Gastan los fondos recibidos de manera inteligente, prudente y responsable.
Cualquier organismo que no pase ese examen anual, no debe recibir dinero de nuestro gobierno. Tanto nuestros bolsillos como nuestra libertad estarán en peligro hasta que los gobiernos vigilen adecuadamente a los organismos internacionales. Nuestros congresistas deben ocuparse de tan importante problema antes de que sea demasiado tarde.
(*): Académico de Discovery Institute y académico asociado de Cato Institute.
