“Pacto antiterrorista”

No entendemos porque una sindicación de terrorismo deberá necesariamente llevar a la expropiación de los bienes de las personas que sean sindicadas con este delito.

Lo grave es que el presidente Evo Morales está mostrando con este planteo que tiene a la propiedad privada en la cuerda floja, de tal manera que ante cualquier circunstancia, ante cualquier eventualidad, e incluso ante la posibilidad de que la persona incurra en un acto tipificado como el ahora mentado delito de terrorismo, se encuentre ante el castigo de que todo lo que sea de su propiedad quede en tela de juicio, librado a que el gobierno o sus partidarios echen mano y dispongan a su arbitrio de ellos.

Por supuesto que esto dará lugar a abusos, a muchos tipos de abusos, a graves abusos, puesto que conocemos la esencia humana, conocemos que este mundo no es precisamente de ángeles ni de buenas gentes, sino muy por el contrario. Además sabemos que Bolivia no es precisamente un país en el que la ley se imponga siguiendo al pie de la letra los procesos y el marco jurídico. Bolivia siempre ha sido, pero hoy más que nunca nuestro país se caracteriza por estar al margen de la ley. No cabe ninguna duda que el gobierno de Evo Morales bajo el pretexto de llevar a cabo un proceso revolucionario ha generado un espacio de anarquía, un contexto de arbitrariedades, la vigencia de la primitiva ley del talión, donde los poderosos o los más fuertes o abusivos pueden plantear la ley por mano propia, para que la detente el más fuerte a su conveniencia.

A partir del llamado pacto antiterrorista se instaura con toda seguridad en nuestro país una ley mil ocho para las situaciones que sean tomadas como actos de terrorismo, y sabemos que esto también traerá muchas arbitrariedades, muchas situaciones irregulares porque será muy fácil quedarse con los bienes que resulten envidiables o apetecibles entre los miembros del Mas, bastará que a alguien le guste la casa, la finca, el negocio de tal o cual persona y bueno se pueden tender las redes, se puede generar el delito, se puede armar la trampa, mucho más en un país en el que ya no existe separación de poderes puesto que todos los poderes están ya concentrados en manos del Ejecutivo.

El Ejecutivo maneja sus propios fiscales. El raptar personas es ahora además una práctica usual y de lo más común, es la única forma de captura que se conoce. No existen procesos, vienen los del grupo Delta, espían a los sindicados de tal o cual delito contra el estado, lo vigilan, lo cazan y se lo llevan a la ciudad de La Paz, sin presencia de fiscales, sin orden de captura, sin proceso. Entonces, en un país en el que la ley la hace el gobierno, la detenta un grupo reducido de personas que rodean al presidente y punto, será inevitable que procreen los delitos por terrorismo y que entonces y como consecuencia de esta sindicación las personas vayan presas sin pruebas y los bienes pasen al Estado, ergo a los del estado, a los que están con el gobierno.

Hemos llegado al territorio de la No-ley, una especie de retorno a la ley absoluta en manos del poder absoluto. Lamentable momento, penoso y deleznable momento que nos expone a todo tipo de amenazas y sindicaciones.

¿Cómo hemos podido llegar a este tipo de abusos?
La culpa es de todos, entre los que podemos contar a los ignorantes, los cómodos, los abusivos, los indiferentes, los mercantilistas, los envidiosos, los que fueron olvidando los valores, los que dejaron de lado los principios para entrar en el juego del poder y de la acumulación de influencias y de dinero.

Estamos dentro de una sociedad que está retornando vertiginosamente al imperio de la ley de la selva y este es un punto del que no es fácil retroceder. No cabe duda que estamos cayendo, descendiendo a esos círculos del infierno que nos relató Dante.