Pacto de Gobernabilidad para garantizar la democracia, la justicia y el desarrollo del Perú

Los partidos políticos, movimientos independientes y organizaciones políticas firmantes somos conscientes de la necesidad de abrir una nueva etapa en la vida del país y de garantizar el establecimiento de un gobierno sólido, que cuente con el sustento social e institucional necesario para llevar adelante las políticas y acciones que le permitan transitar plenamente por el camino de la democracia, la justicia y el desarrollo.

Por tanto, conscientes de la actual coyuntura política, creemos que es necesario que trascendiendo el plano de las alianzas electorales, e independientemente de que éstas puedan o no concretarse más adelante, es conveniente asumir ante el país un compromiso de acción unitaria que refleje nuestra voluntad de hacer de la política un ejercicio ético y democrático, que le dé al país perspectiva y futuro; que evite los errores del pasado y que, ante la eventualidad de que se constituya en el futuro un congreso pluripartidario, evite la dispersión y garantice un mínimo de consensos, alrededor de algunos planteamientos que consideramos básicos.

En tal sentido, nos reunimos con la firme voluntad de firmar un compromiso ante el país para garantizarle a todas nuestras agrupaciones que, cualquiera de ellas que por el voto popular llegue a constituir Gobierno en el año 2000, recibirá en el Congreso el pleno apoyo de las demás en el entendimiento de todas; a su vez, se comprometen ente las demás, a orientar el rumbo del país en los siguientes términos:

Primero

Apoyar la constitución y el ejercicio de un gobierno democrático de unidad nacional que reconstruya el estado de derecho y siente las bases de un régimen democrático estable. Ello significa:

1. Autonomía y respeto a la independencia de los poderes constitucionales, comenzando por la restitución de los miembros del Tribunal Constitucional y siguiendo con el cese de las comisiones interventoras en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.

2. Compromiso del nuevo presidente de la República de no postular a la reelección presidencial inmediata, aún cuando la actual Constitución lo permita, para contribuir a la institucionalización del país y a la alternancia en el poder.

3. El pleno respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos, así como reforzamiento de las instancias nacionales e internacionales destinadas a cautelar su plena vigencia.

4. Recuperación de la capacidad de fiscalización y representación del Congreso mediante la reimplantación del distrito electoral múltiple, y la creación en el Parlamento de las comisiones de pacificación y contra la corrupción.

5. Transparencia en la gestión y uso de los recursos públicos; establecimiento de una política pluralista en el manejo de los medios de comunicación y de los gastos publicitarios del Estado.

6. Manejo de la política exterior, basada en el pleno respeto a los tratados internacionales.

Segundo

Aplicar una política económica global que otorgue prioridad a la generación de empleo y la reactivación de la producción, del consumo y las exportaciones sobre la base de la consolidación de un Estado promotor del desarrollo y el sostenimiento de una economía social de mercado, así como mediante el establecimiento de políticas sectoriales que se sustenten tanto en el respeto a los derechos de propiedad como a los del consumidor. Esto implica lo siguiente:

1. Ejecutar políticas monetarias, arancelarias y tributarias que mantengan el equilibrio fiscal, racionalicen el gasto público, dinamicen la producción y el consumo, alienten el ahorro, la inversión y la descentralización. Promover la participación activa del BCR, la Superintendencia de Bancos y Cofide, de manera que se obtenga una regulación efectiva de la tasa de interés.

2. Utilizar la concertación entre el Estado, empresarios y trabajadores para definir políticas sectoriales de mediano y largo plazo que generen riqueza e incrementen el empleo productivo y la productividad, mejoren la competitividad de la industria y hagan crecer las exportaciones, creando para ello un Consejo Nacional de Concertación Laboral y Productivo.

3. Diseñar un nuevo modelo de promoción de la inversión privada que responda a los intereses del país y del desarrollo descentralizado, lo que incluye el respeto por ambas partes de los compromisos asumidos en el proceso de privatización y la redefinición hacia el futuro de los elementos involucrados en este proceso, con el objeto de promover la participación del capital nacional y garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos a tarifas razonables.

4. Renegociación de la deuda externa mediante un plan concertado con nuestros acreedores que permita tanto financiar el desarrollo productivo como el cumplimiento de nuestras obligaciones externas e internas.

5. Otorgar la máxima prioridad al desarrollo del agro, mediante el impulso a la incorporación de tecnología y la modernización de la pequeña y mediana propiedad; el impulso a la agroindustria y la exportación de productos agrícolas, el dictado de una nueva legislación sobre aguas y regadíos y el establecimiento de mecanismos ágiles que faciliten el acceso al crédito al sector rural.

6. Fortalecer la participación de la sociedad civil y de los comités de defensa del consumidor, así como de las instituciones reguladoras, con el fin de lograr precios y tarifas justas que respeten la competitividad de las empresas y garanticen el derecho de los consumidores.

Tercero

Vigencia de una política social que privilegie la inversión en capital humano y tienda a asegurar la igualdad de oportunidades, así como el aumento de las capacidades, el bienestar y la seguridad integral de la población, su acceso al empleo y la consiguiente disminución de la pobreza, así como la integración social. Esto implica otorgar prioridad a lo siguiente:

1. El Estado garantizará la gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles, asegurando que nadie quede sin acceso a la enseñanza y la capacitación, como resultado de su falta de capacidad económica. Esto supone una mejora sustantiva de la calidad de la educación que otorga el Estado, la promoción y el desarrollo de la escuela pública como vehículo de conocimiento, integración social y participación de la sociedad, así como el compromiso de mejorar la profesionalización, la calidad y las remuneraciones del magisterio.

2. El Estado garantizará también, el cuidado integral de la salud de la población, priorizándose los aspectos preventivos. Esto incluye igualmente el compromiso de mejorar la profesionalización, calidad y remuneraciones de los trabajadores del sector.

3. Se promoverá un sistema de pensiones mixto y pluralista, garantizando una pensión mínima, una rentabilidad básica y otorgando libertad a los trabajadores para colocar sus fondos en instrumentos financieros rentables, estables y seguros. Asimismo se solucionará el problema de las bajas pensiones de los trabajadores adscritos al sistema de la ONP, constituyendo los fondos actuariales pertinentes, garantizando así la previsión y la seguridad social.

4. Se garantizará la recuperación de los derechos de negociación de los trabajadores, restituyendo la plena vigencia del marco regulatorio señalado por la OIT.

5. Se dará prioridad a garantizar la seguridad integral de la población, lo que implica una lucha frontal contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común.

Cuarto

Impulsar la reforma del Estado y el proceso de descentralización del país como medio para democratizar la gestión pública y lograr el desarrollo integral de todo el territorio. Esto supone:

1. Convocatoria a elecciones democráticas de gobiernos regionales autónomos, en base a las actuales demarcaciones departamentales.

2. Incremento sustantivo de las funciones y los recursos asignados a las municipalidades provinciales y distritales. Respeto a su autonomía.

3. Establecimiento de incentivos y promoción de centros de excelencia educativos y culturales que, conjuntamente con la radicación de mayores recursos económicos, fomenten el desarrollo del interior del país.

4. Estructuración de un aparato administrativo que responda a un Estado ágil, con capacidad de atender a sus funciones básicas, sin necesidad de crear sobrecostos que afecten excesivamente a la actividad económica general.

5. Implantación de una política que concilie la necesaria protección del medio ambiente, con la adecuada utilización de los recursos naturales del país, en beneficio de toda la nación.

6. Promoción y consolidación de la carrera pública administrativa.

Quinto

Modernización, institucionalización y profesionalización de las fuerzas armadas sujetas al poder constitucional. Esto supone:

1. Las fuerzas armadas y la policía nacional con funciones claramente definidas, mantendrán constitucionalmente su carácter de fuerzas no deliberantes. Sus mandos internos, hasta el más alto nivel, serán designados de acuerdo a un estricto orden de méritos entre el personal en actividad.

2. El Servicio Nacional de Inteligencia se redimensionará, de manera que se dedique exclusivamente a atender los asuntos prioritarios que atañen a la seguridad nacional, y su actuación será fiscalizada por una Comisión Especial del Congreso de la República, la que deberá actuar con la reserva que las funciones que tal servicio amerita.

3. Se asume el compromiso de mejorar y especializar el equipamiento de las fuerzas armadas y policiales, así como de mejorar la profesionalización de sus miembros y adecuar sus remuneraciones.

Sexto

Esta base de consenso inicial será perfeccionada, para los que nos comprometemos a seguir trabajando en la búsqueda de nuevos acuerdos que contribuyan a ampliar la gobernabilidad del país.

Lima, Noviembre de 1999.