Opinión Internacional

Peligros subyacentes

La noticia de los cohetes que el gobierno venezolano cediera a la guerrilla colombiana ha desatado, nuevamente, fuertes tensiones bilaterales. Otra vez, como ha sido costumbre, la atención se dirige a la escena internacional, el tema diplomático es el protagonista y los conflictos internos, en Venezuela, pasan a un segundo plano en la agenda nacional e internacional.

En este momento, mientras los ojos del mundo están puestos sobre el conflicto diplomático Colombo Venezolano, existe un Proyecto de Ley especial contra los Delitos Mediáticos que será discutido en la Asamblea Nacional de Venezuela. Como es de suponer, de la propuesta a la aprobación del documento, no pasará mucho tiempo antes de su publicación en Gaceta Oficial; pero de su aprobación a su aplicación variará el factor tiempo en correlación perfecta a los intereses del Gobierno revolucionario, con el objetivo fijo en sembrar pánico en la población e incrementar el proceso psíquico de autocensura en los profesionales de la comunicación y, sobre todo, en la ciudadanía en general.

El artículo quinto de dicha ley reza «Toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social, noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años».

Del texto en cuestión surgen varias preguntas, enmarcadas en la dinámica histórica efectiva de los agentes de la revolución. ¿Qué determina la veracidad o falsedad de una noticia? Si nos remontamos a hechos recientes, el canal de noticias Globovisión tiene un expediente abierto por el manejo que diera a los sucesos acaecidos durante el terremoto que sacudió a Caracas en abril de 2009. Parece ilógico suponer que un medio de comunicación deba ser sancionado por transmitir una noticia sobre un desastre natural; sin embargo, los agentes revolucionarios decidieron que actuaron mal y, por lo tanto, deben ser objeto de sanción. ¿Qué es verdad y qué es mentira? No existe consenso acerca de la tragedia del 11 de abril de 2002. A pesar de la evidencia fílmica de hechos reales que todo el mundo vio a través de la pantalla de un canal de televisión local, existen dos versiones de la realidad, privando –para efectos jurídicos- la versión de quienes ostentan el poder. ¿Quién decide qué es falso en una noticia? El mundo entero vio y escuchó a un general venezolano decir que al presidente de la república se le solicitó la renuncia “la cual aceptó” y, sin embargo, quienes ostentan el poder insisten en la teoría del golpe de estado.

Sería casi redundante preguntarse quién decide cuándo una noticia crea pánico y mantiene en zozobra a la población, porque tendríamos que asumir de entrada que la noticia en cuestión es falsa. No obstante, la línea que dice “que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado” es sumamente preocupante. Partiendo del punto de origen de los problemas políticos venezolanos es válido cuestionar ¿quién es el Estado? ¿Cuáles son los intereses del Estado? ¿Es acaso el Estado sólo la porción de la población que defiende los intereses socialistas del régimen chavista? Esos intereses de ese Estado ¿van a defender de las noticias falsas a los entes descentralizados que están dirigidos por opositores al gobierno? Y, más importante, en Venezuela ¿Gobierno y Estado son sinónimos?
Mientras el debate se centra en el conflicto Colombia-Venezuela-FARC, dentro de la Asamblea nacional venezolana se discute un proyecto de ley que incrementará la inseguridad jurídica en el país. No será Granier, Ledezma, Rosales, Ravell o Zuloaga quienes estrenen la aplicación de dicha la ley, a menos que los intereses del Gobierno señalen ese camino. Probablemente sea algún miembro de un sindicato que quiera denunciar algún atropello, un empresario que decida protestar por alguna medida económica que lo afecte directamente, el ama de casa que denuncia la ineficiencia de algún ente del gobierno, la madre que perdió a su hijo en manos de un organismo de represión del Estado o el estudiante que protesta contra las medidas de recorte presupuestario en su universidad. Aquellos, de los que el glorioso pueblo de Venezuela se olvida tan fácilmente, podrían ser las primeras víctimas de una ley que busca sembrar terror en la población. Aplicarle la ley a un pez gordo sería demasiado riesgoso, pondría en pie de lucha a la sociedad civil; pero arremeter contra esos venezolanos a quienes no acompañan las cámaras a todas partes, haría que la gente piense mucho antes de pasar al olvido en una cárcel venezolana por atreverse a analizar y expresar lo que ocurre en su diario vivir.

¿Cómo hacer para frenar el avance del régimen del terror en Venezuela? Esa es una tarea que corresponde al pueblo venezolano, es cierto, pero la Comunidad Internacional no puede ni debe hacerse de la vista gorda ante la violencia política de que es objeto un país vecino. La organización de Estados Americanos debe actuar en pro de la defensa de los intereses de la democracia de los países miembros. Tratar de actuar cuando internamente se elaboran mecanismos de defensa ante las agresiones, reales o potenciales, de los gobiernos es una pérdida fútil de energía y tiempo. Es ahora cuando la OEA debe hacerse sentir. Es hoy, cuando se lleva este proyecto de ley ante la asamblea Nacional, que la Comunidad Internacional debe manifestarse en defensa de la democracia en el mundo. Es hoy cuando los venezolanos deben salir a la calle a decir NO a los constantes intentos de cercenar lo poco que queda de la libertad de expresión en Venezuela. La libertad de expresión no puede ni debe estar sometida a las interpretaciones de los gobiernos, hacer de ella un delito es atestar un golpe mortal a la democracia. Y no podemos olvidar que, lo que ocurre hoy en Venezuela ocurrirá, más temprano que tarde, en otros países de la Región que siguen el modelo chavista.

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