Opinión Internacional

¿Perfeccionar la seguridad democrática?

Llama la atención el hecho de que Rodrigo Rivera, el ministro colombiano de Defensa, en su larga entrevista con la revista Semana del 11 de septiembre pasado, no haya mencionado ni una sola vez el papel que juegan Cuba, Venezuela y Ecuador en la súbita ofensiva terrorista lanzada en estas últimas semanas por las Farc y el Eln.

Es evidente que la reconciliación, así sea provisoria, de esas dos organizaciones, es el resultado de presiones de esas direcciones revolucionarias. Tras la sangrienta saga de agresiones mutuas, sólo una alta dosis de influencia exterior podía lograr la nueva “hermandad plena”, que anunciaron ayer dos organismos de esos grupos, tras una reunión “en Arauca”.

La tal “hermandad” que fortalece la capacidad bélica del Eln y de las Farc, pudo haber sido pactada en Venezuela, donde esa gente goza de la protección de las autoridades.

No es casual que la mayoría de los 39 policías y militares colombianos abatidos  en las últimas semanas  por las Farc y el Eln lo hayan sido en  zonas fronterizas. La última emboscada, en una zona rural entre Tibú y Tres Bocas, Norte de Santander, donde tres agentes de Policía perdieron la vida, fue montada a poca distancia de la frontera. William Villamizar,  gobernador de ese departamento,  dijo que los atacantes se replegaron hacia Venezuela y que ya son “cerca de trece los uniformados que han perdido la vida a manos de organizaciones criminales en las últimas semanas en esa región”.

Los ataques en Putumayo y Nariño más recientes ocurrieron no lejos de Ecuador. El ataque de San Miguel, donde perecieron diez policías, ocurrió a pocos metros del puente internacional que une al Putumayo con ese país. Sin embargo, las autoridades colombianas siguen soslayando el papel que el factor fronteras viene jugando en la ofensiva que se tradujo en un aumento del 600%  del número de homicidios contra miembros de la fuerza pública, entre el 22 de agosto y el 4 de septiembre, según un informe de la Dijin.

Si fuera cierto que el gobierno prepara un “revolcón militar” para responder a la ofensiva, como aseguró El País, de Cali, el 12 de septiembre,  mal harían los autores de ese reajuste en ignorar los datos básicos del problema. Por las fronteras, además, siguen entrando explosivos, fusiles chinos y otras armas sofisticadas para  los terroristas. Bogotá le pidió a Quito reactivar el Combifron, pero Quito se apresuró a descartar que los frentes 15 y 48 de las Farc, con gran cantidad de hombres en Putumayo, tengan gente en Ecuador.  Con tal actitud,  Quito deja ver que está lejos de querer asumir sus compromisos.
 
Hay que aceptar un hecho: los diálogos de Santa Marta entre los presidentes Santos y Chávez, donde se le exigió a Bogotá una actitud de olvido al apoyo que Venezuela le da a las guerrillas, fue inútil. De hecho, ese fue el preludio de la ofensiva de las Farc y el Eln.

El gobierno dice estar preparando una nueva “versión” de la política de seguridad democrática. El texto no ha sido publicado pero ya  se anuncia que la nueva estrategia será “más urbana” y que respecto de la presión contra los  grupos armados ilegales “se hará más énfasis en la seguridad de las ciudades” (El Tiempo,  10 de septiembre de 2010).

Ese sería otro error.  El problema, en estos momentos, desde el punto de vista de la empresa subversiva, no es lo que ocurre en las ciudades. La subversión armada que aspira a la destrucción del Estado (no confundirla con la dinámica de las bandas criminales ordinarias, aunque éstas, puntualmente, hagan negocios con las Farc y el Eln) planifica, prepara y proyecta sus acciones desde y en la periferia. Es allá a donde deben ir las fuerzas del Estado a buscarlos. En la guerra asimétrica que encara Colombia la proyección de fuerza debe ser integral, ir de las ciudades hacia los puntos más recónditos y difíciles de la geografía, sin descuidar las regiones apartadas, pues es allí  donde están los jefes y los centros nerviosos de las Farc. Es lo que probaron los éxitos militares del gobierno del presidente Álvaro Uribe. El trabajo de coordinación que hacía Raúl Reyes lo hacía desde la selva ecuatoriana, no desde Bogotá. Invertir  ese orden de cosas podría ser fatal para Colombia.

No hay que cometer el error de los soviéticos en Afganistán: buscar un cierto control en los centros urbanos y abandonar el resto, las carreteras, las provincias, las montañas. El resultado de eso lo conoce todo el mundo.

La búsqueda de los cabecillas de las Farc debe continuar, y ellos no están en las ciudades. El esfuerzo de la subversión para apoderarse de los recursos petroleros y mineros del país tiene como escenario zonas rurales alejadas. Eso lo admite el ministro Rodrigo Rivera. ¿Por qué entonces encerrarse en las ciudades?

Ningún plan para perfeccionar la seguridad democrática podría olvidar la justicia penal militar. Hay que reactivar esa institución prevista por la Constitución Nacional. Mientras que los militares y policías que combaten el narco terrorismo sigan siendo susceptibles de ser juzgados por tribunales civiles ineptos o infiltrados, mientras no tengan garantías de que serán respaldados jurídicamente contra obscuros montajes, falsas acusaciones y jueces corruptos, ellos no irán al combate en las mejores condiciones. Hay que aprender del Ejército israelí. Mientras los mejores defensores del país estén a la merced de dudosos colectivos de tinterillos, financiados para hostigarlos y destruirlos moralmente, la lucha contra el narco terrorismo y la delincuencia organizada no conocerá fin.

El otro punto, el de la vigilancia de las redes de las Farc en el extranjero, debe ser mejorado y reforzado con un plan de combate ideológico, político y mediático consecuente y sin complejos contra las operaciones de desinformación y contra las intrigas de los grupúsculos extremistas que los ayudan.

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