Perú: Los expertos y la reelección
Cuando las pasiones empiezan a predominar en política, es recomendable hacer un alto en el camino y escuchar la voz de los científicos y expertos.
Un grupo de quince catedráticos, especialistas en Derecho Constitucional, publicó una carta a la opinión pública señalando las razones jurídicas de la ilegal candidatura del presidente. En ella se explica cómo se ha violado el principio de legalidad. Entonces, cuando la política se impone al derecho, ingresamos en una situación que afecta la institucionalidad jurídica. Es precisamente en esta situación en la que Ciencia Política cobra un rol fundamental.
Analistas políticos han opinado que la fragmentación de la oposición democrática favorecerá el oficialismo y que «es probable que la población prefiera continuar encargándole la responsabilidad del Estado al actual grupo en el poder, porque ante la división de la oposición no se entenderá claramente cuáles son las diferencias ideológicas o de programas», según ha señalado José Luis Sardón en recientes declaraciones para El Comercio. Esta precisión, también ha sido advertida por Carlos Fernández Fontenoy (politólogo) y Sinesio López (sociólogo). El hecho de que no se haya producido una unión de la oposición, sobre todo de los tres candidatos con mayor aceptación electoral, puede ser el detonante para que el presidente candidato gane las próximas elecciones. Ello porque dispone de una serie de recursos políticos, económicos y administrativos que lo ubican en una posición ventajosa frente a los demás participantes en la contienda.
Una opinión similar a la de los tres científicos sociales mencionados es la de Martín Tanaka, analista de IEP. Tanaka sostiene que el principal impedimento para el acuerdo de una unidad es que los tres candidatos consideran la alternativa de ingresar a una segunda vuelta. Ésta es una posibilidad que no debe descartarse y que de producirse rompería con una tendencia muy marcada en América Latina, donde los presidentes que se reeligen siempre han ganado. El especialista agrega que la diversidad de candidaturas sólo favorecerá al fraude electoral, porque la presencia de cinco o seis candidatos débiles no puede contraponerse a la marcada presencia nacional del postulante a la reelección presidencial. Igualmente, el jurista experto en temas electorales Juan Chávez Molina advierte la antinomia irreconciliable entre la función de presidente y la de candidato, que coloca a la máxima autoridad estatal en una posición ventajosa frente a sus contendientes. Esto, nos recuerda, es el producto de una maniobra política con intención de fraude.
Finalmente, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, explica que la oposición tendrá que enfrentarse a todo un aparato estatal y recuerda, tal como hemos señalado anteriormente, que en la región «nadie ha podido derrotar a un presidente candidato» (El Comercio, 11 de enero). Además pone sobre el tapete el conflicto existente entre los principios y el pragmatismo. En el primer caso se trata de abstenerse y de no participar con la finalidad de impedir la legitimidad de un proceso reñido con la Constitución. En el segundo, participar con la esperanza de ganar las elecciones o, al menos, mantener la vigencia política, pues un partido que no ingresa a la contienda electoral pierde su inscripción.
Objetivamente el panorama que se presenta es el de una competencia desigual, reforzado por un aparato estatal organizado para favorecer al candidato presidente.
Ante esta situación, en la que la ambición de poder se ha impuesto a la razón democrática, sólo queda la verdad y éste es clara. Este proceso electoral está marcado por una pesada carga autoritaria, en la que el candidato presidente, que se considera indispensable, se lo quiere llevar todo. Estamos ante un caso típico de «suma cero» como dicen los politólogos. Y que, para conseguir este objetivo, ésta es otra verdad, se promulgó la Ley de Interpretación Auténtica, se impidió la realización de un referéndum que nació de la iniciativa popular, se desmanteló un Tribunal Constitucional, se omitió el principio jurídico de cosa juzgada y se falló en contra de la Constitución.
Esta secuencia de hechos antidemocráticos va a constar en la historia del Perú, pero también le puede costar a la sociedad peruana. Porque si un pueblo no desarrolla y progresa en democracia, se afectarán dos de los valores más importantes en la historia de la humanidad: los de libertad y justicia.
Tomado de (%=Link(«http://www.elcomercioperu.com.pe/»,»El Comercio»)%) del Perú