Perú: Planteamiento de las ONG ante la OEA para solicitar nuevas elecciones

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entidad que representa a más de 60 organizaciones de derechos humanos del Perú, ha venido a la Asamblea General de la OEA a expresar su posición sobre el cuestionado proceso electoral realizado recientemente en el Perú y sobre lo que corresponde hacer en el marco legal de la OEA, al ser el Perú uno de los Estados parte de esta organización.

Lo hacemos amparados en el art. 23, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se establece que «todos los ciudadanos deben de gozar» del «derecho y la oportunidad» de «votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores» (1, b).

Venimos profundamente convencidos de estar motivados únicamente por nuestro compromiso con principios democráticos y seguros de representar las ideas y sentimientos de la mayoría de los peruanos y peruanas. Ideas y sentimientos que se vienen expresando en el Perú a través de la participación masiva de la ciudadanía en manifestaciones y movilizaciones realizadas por todo el país.

Fue esta justa y valiente movilización ciudadana en defensa de la democracia y el estado de derecho que logró que hubiera segunda vuelta electoral, la que exigió en su momento postergación de la fecha de esa segunda vuelta y la que ahora expresa rechazo e indignación por la imposición de las elecciones del 28 de mayo.

Con nuestra presencia queremos también dar testimonio del importantísimo papel que en la defensa de la democracia en el Perú viene cumpliendo toda la comunidad internacional y la OEA en especial. Queremos así alentar la continuidad de este compromiso, y no sólo por el bien del Perú sino porque al constituir una señal inequívoca a favor de la democracia, tiene un impacto muy positivo en toda la región.

Es innegable que el desenlace de lo que está ocurriendo en nuestro país afectará el futuro de la democracia y los derechos humanos no sólo en el Perú sino en toda la región. Se ha tratado de un proceso electoral abiertamente irregular y fraudulento, que ha estado bajo la lupa de diversas misiones de observación – incluida una de la OEA- que han coincidido en descalificar el proceso y sus resultados. Si, al final, éstos
terminan legitimándose, los estándares para medir las elecciones en la región se habrán deteriorado y se estará alentando a otros países a seguir el mal ejemplo del gobierno del Perú.

Más grave aún: si se legitima lo ocurrido en el Perú, se estará legitimando la continuidad de un régimen que durante los 10 años que lleva en el poder ha dado innumerables pruebas de no creer en la democracia y estar más bien en contra de ella.

Recordemos que se trata de un régimen absolutamente autoritario caracterizado por:

– Concentración del poder en Fujimori y su entorno. (Vladimiro Montesinos y
cúpula militar).

– Intolerancia y eliminación de contrapesos y fuentes de fiscalización; de ahí la política de intervenir y controlar las instituciones del Estado, y, en la sociedad civil, la animadversión del régimen frente a aspectos fundamentales de toda sociedad democrática como la libertad de prensa, el desarrollo de movimientos sociales y políticos, ONGs de derechos humanos, etc.

– Expansión más allá de los límites democráticos de entidades como el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y la Justicia Militar.

– Irrespeto permanente de la legalidad: tanto del ordenamiento jurídico interno (sobre todo la primacía de la Constitución) como de convenios internacionales.

– Hostilización y hasta persecución de quienes son opositores, críticos y hasta independientes.

Se trata de un régimen que ya en el pasado recurrió abiertamente a un golpe de Estado, el de 5 de abril de 1992, y que por la presión internacional tuvo que iniciar un «cronograma de reinstitucionalización democrática». Un régimen que ataca y agravia permanentemente a los miembros de la Comisión y Corte interamericanas, que incumple sistemáticamente recomendaciones y resoluciones de estos organismos y que pretendió abandonar la competencia de la Corte sin respetar la vía y el plazo previsto por la Convención, decisión que la propia Corte declaró «inadmisible». Es, pues, la permanencia indefinida en el poder de un régimen profundamente autoritario, al que muchos han caracterizado como un «golpe de estado permanente» o golpe de estado en «cámara lenta», lo que que hoy día está en cuestión en el Perú y en la comunidad internacional.

Es también pertinente recordar que la democracia como sistema político de gobierno es esencial y pilar fundamental en la fundación y consolidación de la OEA, tal como lo consagra expresamente varios dispositivos de su marco normativo:

«la Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales», entre los que se encuentra:
«Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención». (inc. b, del art. 2 de la Carta de la OEA. Bogotá 1948).

«Los Estados reafirman los siguiente principios».

«La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa». (inc. d, del art. de la Carta de la OEA. Bogotá 1948).

Debemos también explicitar que nuestra posición respecto al proceso electoral se basa fundamentalmente en las conclusiones a las que llegó la Misión de observación de la OEA presidida por el ex canciller Eduardo Stein, cuya constitución y mandato se decidieron en el marco legal de la OEA y de acuerdo a las atribuciones de su Secretario General, César Gaviria.

En relación a esta Misión cabe precisar que fue gestionada y promovida por el gobierno peruano. Antes del inicio del proceso electoral y durante su primera etapa, el gobierno del Perú manifestó públicamente su conformidad con el carácter de esta comisión, comprometiéndose a aceptar sus apreciaciones y recomendaciones. Sólo a partir de que la Misión de la OEA asume una posición crítica frente a las visibles y gravísimas irregularidades del proceso, el gobierno empieza a cuestionar y desconocer las atribuciones y la objetividad de esta Misión.

Es por eso que de llegarse a legitimar lo ocurrido en el Perú se estaría también poniendo en cuestión el futuro de las misiones de observación electoral en general, debilitando así un mecanismo que eficazmente está contribuyendo a promover en la región elecciones justas y libres.

Debe considerarse también que por este intento del régimen de Fujimori de permanecer en el poder, violentando la Constitución y a partir de elecciones irregulares y fraudulentas, se ha creado en el país un estado de polarización e inestabilidad que compromete seriamente la gobernabilidad del país y sus perspectivas de crecimiento económico y desarrollo. Por ello, no reconociendo ni aceptando lo ocurrido se está contribuyendo a revertir una situación límite que puso al Perú ante un futuro incierto y muy peligroso.

Nuestra posición

Un proceso electoral que desde el comienzo y hasta el final estuvo plagado de gravísimas irregularidades, muy por debajo de los estándares que caracterizan las elecciones libres y justas, sólo puede ser declarado NULO ÍNTEGRAMENTE y sólo tiene una salida posible: NUEVAS ELECCIONES.

Las nuevas elecciones deberán realizarse en condiciones totalmente distintas, entre las que cabe destacar:

Respeto del ordenamiento jurídico interno y de los tratados internacionales.

Renovación de las actuales autoridades electorales por su evidente parcialización y adecuación de normas electorales a estándares internacionales.

Imparcialidad de autoridades, civiles y militares.

Equidad de condiciones, especialmente en el caso de los medios de comunicación.

Sistema de cómputo con garantías.

Plenas garantías para la observación y supervisión nacional e internacional.

Nuestra posición se basa en un conjunto de hechos ocurridos en el Perú y que en lo que sigue pasamos a interpretar y analizar.