Políticas pro crimen
Santiago de Chile (AIPE)- Ya nadie está libre de que lo asalten o roben, para no hablar de delitos mayores. La responsabilidad de los que tienen el poder es obvia, ya que aplican políticas equivocadas, por demagogia, ideología o simple ignorancia de la naturaleza del crimen, el que se debe desincentivar aumentando los castigos y la probabilidad de ser descubierto, al revés de lo que se viene haciendo en Chile desde fines de los años 80.
Los chilenos que trabajan, en relación con la población, son un porcentaje reducido, de tal manera que hay entre 1 y 1,5 millón de personas desempleadas. Esto se debe a leyes laborales que suben artificialmente los costos de contratar y tener trabajadores: descuentos exagerados a las nóminas, leyes de inamovilidad, indemnizaciones de quiebra, juicios por todo y un salario mínimo que prohíbe laborar a los menos productivos y a los jóvenes y menores, a los que el trabajo entrena, educa, disciplina y les da ingresos para ayudar al modesto grupo familiar.
Se nota que los políticos no conocen la pobreza ni lo que significan unas horitas extras en la semana o los festivos.
Desprestigiar, dificultar y limitar el trabajo es incentivar el delito porque de alguna manera hay que sobrevivir. Es lo que ocurre con las trabas y prohibiciones al emprendimiento popular, tarea a cargo de inspectores y funcionarios que viven de nuestros impuestos.
Con trabajo y emprendimiento libres, la oferta de delincuentes bajaría, al igual que si se termina la protección del Gobierno a ciertos grupos empresariales y se abren áreas productivas como taxis, la importación de autos usados, la expansión de las ciudades, de los locales comerciales, gastronómicos y de todo orden.
El gobierno de la Concertación desprestigió e inmovilizó a los policías y ablandó la persecución y castigo de los delincuentes, como reacción contra la «dictadura». Muchos que ponían bombas y atentaban contra las personas sólo lo hacían por «nobles ideales». Al igual que ciertos amigos de lo ajeno, con categoría de proletarios explotados por un cruel capitalismo, el que, para los socialistas, es una suerte de robo. Ese enfoque decimonónico da una base moral al delito y deslegitima a policías y todo lo que huela a orden.
Agregue que, para los marxistas y comparsas, el fin justifica los medios, y eso explica la mano blanda con el crimen. Hay un trasfondo ideológico «muy complejo».
No les gustan los guardias y policías privados, habituales en cualquier democracia libre. Se les exige uniforme y, para que sea más fácil dispararles, se les prohíbe usar armas. Y se quiere limitar aún más la tenencia de éstas por personas honradas, para que sean presa más fácil de los bandidos, que no registran las suyas.
¿Cuánto costaría tener guardias armados en los buses? Casi nada. ¿Y por qué no permitir verdaderos policías, costeados por empresas, bancos, colegios, universidades, juntas de vecinos o municipios? ¿Y por qué no concentrar a la policía en el crimen verdadero, y no en tareas administrativas como el tránsito, las aduanas, las embajadas, la guerra perdida contra el narcotráfico o el cumplimiento de leyes tontas e inútiles?
El Estado se mete en todo, comenzando por nuestros bolsillos y libertad, y se olvida de lo más clásico: la lucha contra el crimen.
(*): Profesor de economía, Universidad Finis Terrae, fue presidente del Banco Central de Chile.
