¿Quiénes son los ultras?

Los recientes acontecimientos, en la Universidad Nacional, han demostrado que México se encuentra atrapado entre dos bandos que han llevado a un extremo intolerante su posición. Cualquiera supondría que hablo de los grupos que dominan, o dominaban, el Consejo General de Huelga, el conocido GCH, pero no, me refiero a un sector del Gobierno cuyas prácticas de poder no podemos sino calificar de extremistas; y a un grupo no identificado claramente por la opinión pública pero cuya intolerancia les han ganado el mote de ultras.

Si queremos esclarecer lo que ha pasado en la Universidad, y quizá descubrir en ello una suerte de microcosmos del país, tenemos que empezar por identificar a los primeros, los ultras del Gobierno.

El conflicto, como todos saben, se inició cuando el rector Barnés propuso una modificación al sistema de pagos vigente, por lo que las cuotas pasarían de 0,20 pesos (unas 4 pesetas) para el semestre a 500,00 pesos más o menos (alrededor de 10.000 pesetas). Si en un principio a muchos nos sorprendió la propuesta, porque a todas luces era inadecuada, ahora ha quedado claro que se generó en la Secretaría de Hacienda -con la amenaza de recortar el presupuesto y condicionar la aprobación de los próximos al aumento de cuotas- y así se detonó el conflicto. Nadie, en su sano juicio, hubiera actuado con tanto desatino: en un país sumido en una crisis que lleva más de 20 años, donde la mitad de las familias viven en la pobreza, y cuya Universidad había sido prácticamente gratuita y representaba la única opción de desarrollo para un amplio sector de la población, intentar cobrar cualquier tipo de cuota fue una medida o suicida o provocadora, como se quiera ver, pero a mí me queda claro que el Gobierno provocó el conflicto universitario con tal de aplicar supuestos criterios presupuestales, y que un grupo extremista aprovechó esta contingencia política.

No es posible que toleremos la intransigencia de funcionarios de Hacienda que no tienen el menor interés ni en México ni en los mexicanos, y a quienes las leyes les importan un cacahuete, pues cada año, cuando se trata de elevar la recaudación, son capaces de proponer mecanismos abiertamente ilegales, como la nueva reglamentación para cobrar el IVA. No es posible tolerar que estos individuos solapen (o no quieran aclarar, es lo mismo) la cantidad de ilícitos que tuvo el rescate bancario, o peor aún, que hayan autorizado partidas multimillonarias para salvar el patrimonio de un puñado de inversionistas, y que, al mismo tiempo, desdeñen las inversiones en la educación superior. No es posible que estos pseudo funcionarios nos salgan ahora con que aprobarán una partida especial para la reconstrucción de la Universidad: ésta es la evidencia de su deshonestidad y de que efectivamente querían provocar el conflicto de la UNAM.

Por otro lado, el grupo duro del GCH nunca quiso aceptar lo que a todas luces era un triunfo de los estudiantes, y se esforzaron, hasta el final, en provocar un desenlace violento. Durante más de nueve meses estuvieron en huelga, y aunque el rector Barnés y su sucesor, el doctor de la Fuente, hicieron muchas concesiones a su pliego petitorio, se negaron a terminar el paro. Se hizo un plebiscito en que una gran mayoría de los universitarios se manifestó por levantar la huelga, pero igualmente persistieron en que o se cumplían sus demandas al pie de la letra, o harían caso omiso de la votación de la mayoría. Uno sospecha que querían víctimas, estudiantes encarcelados, para levantarse contra el Gobierno. Uno puede estar de acuerdo o no con su pliego petitorio, pero en muchos momentos fue evidente que tendrían que refrendar sus triunfos en el Congreso Universitario, que fue también una de sus demandas. En su lógica, parecía más pertinente continuar con el conflicto para polarizar la huelga y conseguir lo que querían: un enfrentamiento violento con el Gobierno. Tengo la impresión de que los agentes externos a la UNAM (de los cuales habló el doctor de la Fuente, y cuya actuación fue evidente el día que fue a entregar los resultados del plebiscito) han utilizado la ira y el descontento de muchos universitarios para fines ajenos al pliego petitorio, y, ya que descreen de la contienda política, han establecido una suerte de guerra oculta por el poder. Sin embargo, es necesario reconocer que, después de la toma de Ciudad Universitaria por la policía, los supuestos arsenales que había ahí escondidos no aparecieron, de la misma manera que no aparecieron los líderes senderistas, ni los guerrilleros del ERP, cuya infiltración había sido denunciada por la Secretaría de Gobernación. ¿Fue una maniobra para justificar la intervención, o la policía encubrió todo lo que en realidad había en C.U.? Y si nada de esto es cierto, ¿cómo se explican los encarcelamientos y las acusaciones de terrorismo y motín contra un grupo de estudiantes que son simplemente madreadores e intolerantes? Es evidente que la mayor parte debió haber sido puesta en libertad de inmediato y que el resto merece penas muy menores. ¿O hay algo que desconocemos y las autoridades nos siguen engañando?

En este escenario, me pregunto, dónde nos encontramos los mexicanos, a dónde nos dirigimos o nos dirigen. Hace poco advertí que en México se estaba provocando una situación tan anárquica como la que afecta a Colombia, y dije que la lucha de facciones irreconciliables estaba llevando al país a la desintegración nacional. Me parece que el desenlace que estamos teniendo en la UNAM, más que alejarnos de la temida colombianización, nos acerca peligrosamente a ella

Al principio de su sexenio, el presidente Ernesto Zedillo prometió un país de leyes, pero a poco más de cinco años y a punto de tener un sucesor, el incumplimiento de su promesa parece evidente. Las muestras son muchas: ninguno de los fraudes de los financieros que se enriquecieron durante el régimen de Salinas ha sido aclarado y muchos de estos supuestos banqueros gozan de libertad condicional; no se han esclarecido los asesinatos que ensombrecieron la vida política de México; la actuación de la Secretaría de Gobernación en el conflicto de la UNAM está bajo sospecha, y los juicios contra los líderes estudiantiles, actualmente presos, parecen demostrar que mientras el Gobierno acuerda perdonar a unos está dispuesto a actuar con mano dura contra otros. Cualquiera diría que en México la ley se hizo para los que no tienen recursos, mientras que los que tienen pueden actuar al margen de ella.

Acepto, sin conceder, que el Gobierno mexicano ha tenido triunfos: en lo económico tenemos el descenso de la inflación, el índice de la Bolsa de valores, y el precario blindaje financiero contra la posible crisis sexenal; y en lo político, la apertura del sistema, lo que permite que las elecciones sean más competitivas y abiertas; pero el retroceso legal parece igualmente evidente: en su pragmatismo financiero, el Gobierno parece llevarnos, como en Colombia, al borde de la ilegalidad, y sufrimos el mismo maniqueísmo que en tiempos de Carlos Salinas: perestroika sin glasnost, modernización económica sin transparencia legal.

¿Es éste el país de leyes que nos prometió el presidente Zedillo, éste, el que nos merecemos? ¿Quiénes, a la vista de esto, son los ultras?