Raíces políticas de males económicos
La miopía de los gobiernos en materia económica ha deteriorado con el tiempo la prospectiva del Estado. Este fenómeno ha tenido lugar porque cada presidente ha sesgado la inversión de largo plazo, con planes de corto plazo. Las consecuencias son evidentes: el deterioro progresivo en infraestructura, servicios públicos, educación o vivienda social, son lamentables. El fenómeno no ha sido causado propiamente por quienes eligieron gobiernos, sino por el vínculo entre desinformación y un limitado conocimiento del destino de los recursos económicos. El crecimiento del gasto público ha sido un dolor de cabeza, que evidencia las precarias condiciones de futuros gobiernos.
Existe la creencia equivocada de que los gobernantes se hallan impedidos para endeudarse. El análisis se queda corto, sin embargo, al observar la recursividad de los gobiernos para acceder a los mercados financieros con el fin de obtener préstamos. Así lo hicieron muchos gobernantes en América Latina durante la década de los noventa y comienzos del presente siglo. Comprometieron los ingresos de futuras administraciones, confiando en que los pagos de intereses y el capital lo realizarían las siguientes administraciones.
Casos como el político que tiene acceso a un mercado perfecto, sin más restricciones que las limitaciones presupuestales del prestamista, resultan hoy escasos. Dos asuntos sobresalen. Primero, difícilmente puede controlarse a los gobernantes para que no se comprometan con los mercados de crédito: la tentación para adquirir recursos suele superar las restricciones impuestas de pagar las deudas (incluidos los futuros intereses). En este contexto, resulta razonable suponer más bien que de acuerdo con normas internacionales, los prestamistas restrinjan el acceso a préstamos, dadas las limitaciones de endeudamiento que tienen los gobiernos.
Segundo, cuando los políticos encuentran que su gestión está limitada por la restricción presupuestal intertemporal, (según la lógica de Barro) un velo de ignorancia sobre el monto real de los fondos públicos cubrirá también los plazos de la deuda, reduciendo de este modo la tendencia a la distorsión. Tomados en conjunto, estos aspectos sugieren una relación entre la eliminación de la miopía política y el control del endeudamiento. La interacción entre la miopía política de los gobiernos y los mercados de crédito ofrece dilemas sin resolver.
Cabe suponer que los políticos tienen un horizonte temporal indefinido. Esta premisa resulta necesaria (más no suficiente) para observar la relación de equilibrios en los procesos electorales. Si un presidente ha gobernado mediocremente, sería la oportunidad para que sus contradictores propongan candidatos con ideas contrarias. Parece normal que los gobiernos, terminando su período, tengan incentivos para gastar a manos llenas. Este problema, no obstante, podría resolverse. Una solución propuesta por Alesina y Spear -aceptando que los políticos emergen con un horizonte temporal indefinido- , es la siguiente: suponiendo que cada gobernante pertenece a un partido (A o B). Si su gobierno resulta comprometido en malos manejos, los electores pueden castigarle eligiendo a un buen gobernante en las próximas elecciones.
Los partidos pueden a su vez evitar este desenlace, creando internamente incentivos entre sus miembros. Por ejemplo, puede enganchar para el sector privado a los políticos de mayor trayectoria en la vida pública. Y establecer estímulos de formación o representación entre quienes hayan demostrado idoneidad. La idea es que el sistema fomente incentivos frente a las tentaciones de corrupción de los gobiernos. Se deben ofrecer salidas al desafío impuesto por la miopía política. Las garantías para que un político mediocre continúe ejerciendo funciones públicas deberían reducirse. Los electores cuentan con una memoria cortoplacista para pedir cuentas a los políticos, pero podrían limitar el sesgo de sus preferencias, obteniendo información detallada sobre la trayectoria de nuevos candidatos.
El Estado mínimo, desde la década de los noventa, contribuyó a reducir la expansión del gasto público hasta dimensiones razonables, pero degeneró los mecanismos de transparencia en la función pública del Estado. Desde entonces, una sucesión de modelos han terminado por ocultar las raíces del problema. No son únicamente económicas, como acabamos de demostrarlo.
