Opinión Internacional

¡Santos debe resolver el conflicto armado!

El recién posesionado presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, debe demostrar que sabe utilizar su capital político para resolver uno de los problemas más espinosos del país: diseñar e implementar con éxito una estrategia de resolución integral del conflicto armado (ERICA) en los próximos cuatro años.

Ningún observador informado desestimaría las mejoras en seguridad que Colombia ha visto desde el 2002. Aunque persiste la confrontación armada entre la fuerza pública y las guerrillas de las FARC y el ELN en varias zonas del país –en particular en el litoral Pacífico y los departamentos de Huila, Caquetá, Meta, Guaviare y Arauca–, en la actualidad los grupos insurgentes tienen una presencia territorial mucho más reducida que hace ocho años.

También es un hecho que han perdido miles de miembros, entre ellos cientos de mandos medios, y que su pie de fuerza ha decrecido de manera considerable. Se estima que hoy las FARC no suman más de 8.000 a 10.000 combatientes y el ELN tiene apenas 1.500. A la vez, la tasa nacional de homicidios ha caído de manera significativa y, según fuentes oficiales, el número de secuestros se redujo ostensiblemente hasta llegar en 2009 a la décima parte de la cifra del 2002. No sorprende entonces que la mayoría de los colombianos haya apoyado la política de seguridad de Uribe.

No obstante, tampoco se deben desestimar los lados oscuros y altamente preocupantes de esta política. A lo largo de los últimos ocho años se dieron graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de miembros de la fuerza pública, sobre todo del Ejército. Organizaciones de derechos humanos estiman que el número de (supuestas) ejecuciones extrajudiciales podría llegar a varios miles de casos.

Aunque era importante que el Estado colombiano incrementara su capacidad de inteligencia para hacerles frente a los grupos armados por fuera de la ley, el ejecutivo no paró las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de opositores legítimos del Gobierno. Además, Uribe no dudó en emplear la fuerza militar en contra de las FARC por fuera de los confines de Colombia, contribuyendo a la desestabilización regional.

Y hay otro asunto de fondo. Más allá de analizar de manera rigurosa los logros y problemas de la Política de Seguridad Democrática, y tomar las medidas correspondientes para eliminar sus fallas, el gobierno del presidente Santos debería determinar si la estrategia predominantemente militar bajo Uribe ha sido suficiente para resolver el conflicto armado. A la luz de la situación en agosto del 2010, después de ocho años de lucha, la respuesta debe ser que no. Las reformas deben abarcar la restitución de las tierras y la posibilidad de lograr ingresos lícitos para millones de ciudadanos afectados por la violencia y la falta de un Estado eficiente.

Un conflicto prolongado, degradado y criminalizado

El conflicto colombiano se caracteriza por ser de muy larga duración (45 años), y por ser altamente degradado y criminalizado. En la actualidad hay múltiples grupos armados ilegales, incluyendo las dos guerrillas y nuevos grupos que surgieron después de la desmovilización de los paramilitares, así como una amplia gama de organizaciones criminales y del narcotráfico. Todos ellos subsisten con base en su participación en la producción y/o el comercio ilegal de estupefacientes y otras actividades delictivas en conjunto con diversos sectores de la sociedad colombiana. Hay extorsión, blanqueo de dineros ilícitos y tráfico de armas y humanos.

No obstante, sería equivocado pensar que todos los grupos ilegales comparten una sola forma de organizarse y de actuar. En efecto, tienen estructuras de mando, esquemas de despliegue territorial, metas organizacionales y tácticas y estrategias criminales y militares bastante diversas. No son comparables las FARC con el ELN, ni los Rastrojos con el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) o Los Paisas, por ejemplo.

Entre los elementos que los unen, sin embargo, está su participación en actividades criminales, el impacto devastador de sus acciones violentas en la población civil –especialmente sobre grupos vulnerables como los afrocolombianos, las comunidades indígenas y otros sectores de la población rural y marginada– y su capacidad de adaptación a los cambios en el entorno de seguridad por causa de la política de seguridad y antidrogas del Gobierno.

Recientemente se ha visto, además, la proliferación de alianzas, muchas veces frágiles y temporales, entre grupos de diferente índole, en general centrados en actividades del narcotráfico. Estas alianzas incluyen la cooperación –que hace unos cuantos años hubiera sido impensable– entre las guerrillas y grupos sucesores de los paramilitares.

Una situación de orden público de estas características no se puede enfrentar con una estrategia predominantemente militar y fuertemente orientada hacia la derrota de las FARC. Mientras los programas piloto de la consolidación de la seguridad y la construcción de Estado en las regiones de La Macarena (Meta) y los Montes de María (Sucre y Bolívar) tengan razón de ser, parece que no podrán ser exitosos sin cambios fundamentales en la política de seguridad y sin una estrategia de resolución integral del conflicto armado.

ERICA es necesaria e imperativa

El presidente Santos debe saber que Colombia no podrá superar el conflicto sin una estrategia de resolución integral (ERICA). La idea de este proyecto nace de la premisa de que el país necesita una política de seguridad, pero esta debe basarse en el absoluto respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Debe incorporar, además, a la seguridad ciudadana y no solamente, o prioritariamente, a la militar.

A la vez, Colombia requiere una serie de reformas institucionales y estructurales para hacerles frente a los múltiples problemas de criminalidad, ilegalidad y violencia, así como la falta de gobernanza democrática y equidad social. ERICA exige que el gobierno de Santos construya una coalición política amplia –llámese Unidad Nacional u otra cosa– entre las fuerzas democráticas. Más allá de garantizar los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, las reformas impulsadas por esta coalición deben abarcar la restitución de las tierras y la posibilidad de lograr ingresos lícitos para millones de ciudadanos afectados por la violencia y la falta de un Estado eficiente y transparente que efectivamente rinda cuentas y provea servicios básicos.

El pensamiento estratégico acerca de la resolución del conflicto armado en Colombia nunca debe dejar de contemplar la negociación con las guerrillas como herramienta para desactivarlas. Pero la resolución del conflicto pasa, sobre todo, por el incremento progresivo y sistemático de la legitimidad democrática del Estado y el Gobierno colombianos.

Markus Schultze-Kraft es Director para América Latina y el Caribe International Crisis Group.

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