Segunda propuesta del PSOE a Izquierda Unida
Tras la oferta de Pacto de Gobierno que Joaquín Almunia, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, formuló el pasado lunes 24 de enero a Francisco Frutos, Candidato de IU, se ha generado un fuerte movimiento de opinión en los sectores progresistas y de izquierda de nuestro país que han visto alentar la esperanza de un cambio político en España.
Se trató de una oferta que, reconociendo y respetando la pluralidad de la izquierda española, tenía un objetivo esencial: ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de que se constituya en España un Gobierno progresista, un Gobierno que refleje el sentido de la mayoría social que existe en nuestro país, un Gobierno que recoja el apoyo de las organizaciones políticas de la izquierda.
El Partido Socialista no ha querido esperar a conocer el resultado electoral para, en función del mismo, ofrecer o no un acuerdo y escoger, en el caso de que lo necesitase, el tipo de apoyo con que formar un Gobierno.
Por el contrario, ha querido dejar clara su voluntad de asegurar la constitución de un Gobierno progresista. Y ha querido que esa posibilidad se haga real, desde ahora, para todos los ciudadanos: que todos acudan a votar conociendo nuestra voluntad común de compartir el Gobierno.
Lograr el objetivo final, requiere que dicho pacto incluya un programa de gobierno y un acuerdo electoral que asegure ganar las elecciones. Es ineficaz e inútil un pacto que no contemple ambos extremos.
No basta ni un simple acuerdo de intenciones ni un simple compromiso de investidura. No se trata de suscribir un pacto de oposición sino de afirmar la voluntad de gobernar.
De acuerdo con estos principios, el Partido Socialista ha hecho una oferta que incorpora los ejes irrenunciables del programa de gobierno, con los que se asegura la defensa de los intereses generales de España y se compromete una acción de gobierno dirigida a promover el bienestar y el progreso de los españoles.
Del mismo modo, el Partido Socialista ha hecho una oferta de acuerdo electoral destinada a asegurar que ningún voto a favor de cualquiera de las dos organizaciones resulte inútil para obtener representación parlamentaria.
De acuerdo con ello, hemos propuesto que IU renunciase a presentar candidaturas al Congreso en aquellas provincias en donde nunca ha obtenido representación y donde no existe posibilidad de que la tenga ahora.
Y, del mismo modo, hemos propuesto que conformemos nuestras respectivas candidaturas al Senado de manera que podamos ganar para la izquierda la representación mayoritaria en las provincias donde el PP la obtuvo en 1996. Con esta fórmula, se asegura para IU representación parlamentaria propia en el Senado y se fortalece la representación del Grupo Socialista.
Ha sido una propuesta de acuerdo electoral que no se ha improvisado. Se ha llegado a ella tras examinar todas las posibilidades y contando con el apoyo unánime de los órganos de decisión del Partido Socialista.
Ha sido una propuesta que tomó como base el respeto a la identidad propia de cada una de las dos organizaciones políticas de la izquierda, su derecho a participar en el debate electoral y a obtener la representación derivada de su respectivo apoyo ciudadano.
Ha sido, también, una propuesta que ha tratado de obviar las dificultades que nuestra normativa electoral plantea para otro tipo de fórmulas de colaboración.
En los contactos mantenidos a lo largo de estos días, hemos comprobado que se han planteado algunas dificultades en relación con los dos aspectos indisociables de la propuesta que Joaquín Almunia ha planteado. Porque se han apuntado algunos aspectos programáticos a considerar y, sobre todo, se han presentado objeciones serias en torno a la retirada de IU en 34 circunscripciones para el Congreso de los Diputados.
Hemos considerado todos estos extremos. Y, convencidos de la necesidad de no frustrar las esperanzas con que millones de españoles están contemplando en estos días nuestros intentos de aproximación, queremos ofrecer una nueva propuesta dirigida a salvar nuestras diferencias y dificultades y lograr, en consecuencia, el acuerdo que sinceramente deseamos.
Un acuerdo que, necesariamente, hay que intentar alcanzar dentro del plazo que habíamos señalado. Para hacer posible su aprobación, en tiempo útil, por nuestros órganos de dirección. Para poder presentar las candidaturas que correspondan. Y, sobre todo, para poder hacer partícipes a todos los españoles progresistas de la confianza en el futuro que un acuerdo de esta naturaleza lleva aparejada: la de que España podrá contar, a partir del 12 de marzo próximo, con un Gobierno integrado y apoyado por una izquierda plural.
PROPUESTA SOBRE CIRCUNSCRIPCIONES
Las provincias en las que Izquierda Unida nunca ha obtenido representación parlamentaria son 34. En ellas, la suma de los votos obtenidos por PSOE e IU en 1996 beneficiaría potencialmente a la izquierda en la asignación de escaños y, sobre todo, podría impedir que el PP se beneficiase de la división de la izquierda. Ese era y sigue siendo el criterio rector de nuestra oferta: transformar los votos en escaños.
Profundizando en el análisis, podemos dividir ese grupo de 34 provincias en dos grupos:
a) Aquellas en las que la suma de los votos de la izquierda produce de forma efectiva e inmediata un resultado positivo en términos de escaños; es decir, aquellas en las que, tomando como base los resultados de 1996, la suma de PSOE e IU permite obtener o mantener escaños que de otra forma podrían ir a parar a la derecha.
b) Aquellas en las que la suma de los votos obtenidos por los dos partidos en 1996 queda lejos de producir cambios en la asignación de escaños.
Lo que proponemos es que Izquierda Unida no presente candidaturas y pida el voto para la candidatura PSOE-Progresistas en aquellas provincias en las que se dan estas dos circunstancias:
Que IU nunca ha obtenidos escaños desde 1977.
Que la suma de votos obtenidos por el PSOE y por IU en las elecciones generales de 1996 tiene consecuencias en la asignación de escaños, en el sentido de obtener o mantener escaños que de otra forma podría perderse.
En lo que se refiere al Senado, mantenemos nuestra oferta en los mismos términos en que la formulamos el pasado lunes, es decir:
En las provincias en las que el Partido Popular obtuvo mayoría de senadores, el PSOE presentará 2 candidatos para el Senado e Izquierda Unida 1 candidato. Ambos Partidos se comprometen a pedir a los ciudadanos el voto para los tres candidatos.
PROPUESTA SOBRE PROGRAMA DE GOBIERNO
1. EDUCACIÓN: Consideración de la educación como el principal instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de España. Defensa de la enseñanza como servicio público. Reforma de la LRU
2. EMPLEO: Lucha contra la precariedad en el empleo. Adopción de medidas legales y reglamentarias para impulsar la concertación de la reducción de la jornada laboral a 35 horas cuando ésta cree nuevos puestos de trabajo. Revisión de la normativa de las Empresas de Trabajo Temporal para impedir la explotación a la que se ven sujetos los trabajadores, especialmente jóvenes. Ampliación de la cobertura del subsidio de desempleo para los parados de larga duración con cargas familiares. Plan de Fomento del empleo para jóvenes y mujeres.
3. PENSIONES, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: Aumento del poder adquisitivo de las pensiones más bajas. Elevación en el año 2000 de todas las pensiones mínimas por encima de los niveles vigentes. Compromiso con la defensa del Sistema Nacional de Salud, ampliación de sus prestaciones y mejora de la calidad de sus servicios. Consolidación y extensión de los sistemas públicos de protección social (Seguridad Social y Servicios Sociales).
4. INNOVACIÓN: Garantizar a todos los ciudadanos la oportunidad de acceder a las nuevas tecnologías de la información. Potenciar las políticas de formación y capacitación, así como la incorporación de las nuevas tecnologías a las empresas.
5. MEDIO AMBIENTE: Sustitución de la energía nuclear y fomento de energías alternativas. Cierre en 2000 de las centrales nucleares de Zorita y Garoña y de las restantes según un calendario ordenado que concluirá en 2015. Aprobación urgente del Plan Hidrológico Nacional. Reforestación del medio rural y de los núcleos urbanos. Creación de la Agencia Nacional para los Alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Impulso al reciclaje y penalización de la incineración de residuos
6. POLÍTICA ECONÓMICA: Una política económica que eleve nuestro potencial de crecimiento, dé prioridad a la inversión, favorezca la competencia en beneficio de los consumidores y haga más equitativa la distribución de la renta y la riqueza, asumiendo los compromisos contenidos en el Pacto de Estabilidad en materia de déficit público.
7. POLÍTICA FISCAL: Mantenimiento de la carga fiscal y de los tipos del IRPF. Mejora del tratamiento fiscal de las rentas del trabajo más bajas. Reorientación de la fiscalidad, reduciendo la imposición de las rentas salariales e incorporando impuestos ecológicos. Lucha activa contra el fraude fiscal.
8. POLÍTICA AUTONÓMICA: Fortalecimiento y profundización del Estado de las Autonomías en una perspectiva federal. Un nuevo sistema de financiación autonómica consensuado y estable. Reforma del Senado. Impulso a la asunción de competencias por los Ayuntamientos en las áreas de empleo ,vivienda, educación, servicios sociales y atención a la salud, a través de nuevos programas de cooperación y un sistema de financiación que asegure la suficiencia y estabilidad de sus recursos
9. POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD: Participación activa en la construcción de la Europa económica, social y política. Mantenimiento de nuestros compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa. Una política exterior comprometida con la paz, la defensa de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo.
10. TERRORISMO: Compromiso estricto con la lucha policial y el fomento de la cooperación internacional contra el terrorismo. Restablecimiento de la unidad de las fuerzas democráticas para lograr el fin de la violencia terrorista.
