Sin vergüenza
Hace mucho tiempo que no es una democracia. Para que lo fuera tendría que haber separación de poderes, estado de derecho, imperio de la ley, respeto de los derechos humanos y de las minorías, y elecciones transparentes y competitivas con voto secreto y con alternancia real en el poder.
Y no hay nada de ello. Los poderes públicos y los organismos de control están todos en manos del chavismo. A los jueces independientes los persiguen, encarcelan y torturan, como lo vivió María Lourdes Afiuni, detenida por decisión de Chávez. Y la Fiscalía no es sino un instrumento para perseguir a la oposición y para encubrir a los amigos del gobierno. Las condenas contra funcionarios y empresarios de la boliiburgesía brillan por su ausencia y en cambio centenares de inocentes son detenidos “preventivamente” y encarcelados por años sin juicio con garantías. Ahí están, por ejemplo, Simonovis y otros nueve policías de Caracas, acusados por unos asesinatos que en realidad fueron cometidos por secuaces del gobierno. Dos ex magistrados del Tribunal Supremo confesaron que Chávez ordenó “condenarlos de una vez”. En estos días la Fiscalía se enfila descaradamente contra el joven dirigente opositor Leopoldo López, después de que Maduro dijera que “el fascista debe ir preso”. Y el ex embajador Fernando Gerbasi y el almirante (r) Iván Carratú, son acusados, sin pruebas, de instigar un golpe de estado.
El Congreso tiene amplísima mayoría gubernamental, aunque la oposición ganó la votación popular, porque se modificó el mapa electoral para aumentar la representación en las áreas de mayoría gubernamental y disminuirla en las de la oposición. Los chavistas no solo no ejercen control político sino que impiden que los de la oposición hablen. Si es del caso, los golpean brutalmente, como sufrieran Julio Borges y María Corina Machado. La Constitución es burlada de manera sistemática por el Gobierno con complacencia de los magistrados y del Congreso, que renuncia una y otra vez a su tarea legislativa entregándosela al ejecutivo por vía de “leyes habilitantes”.
El Ministro de Defensa describe a la Fuerza Armada, sin pudor, como “revolucionaria, antiimperialista, socialista y chavista”. Ni siquiera es independiente. La inteligencia y las funciones de identificación y migración están controladas por los cubanos. Y es en Cuba donde se decide cuando comunicar la muerte de Chávez y como hacer la transición. Y si no bastara, se promueve y tolera la presencia de las Farc y el Eln en su territorio. Para rematar, la seguridad es un desastre y la tasa de homicidios es tres veces más alta que la colombiana.
Las elecciones no son justas ni sus resultados confiables. La autoridad electoral está en manos del Gobierno, las denuncias de fraude no son investigadas (con la complacencia de los presidentes latinoamericanos, Santos el primero, que frente a las primeras denuncias respaldaron a Maduro sin exigir recuento de los votos), el sistema automatizado impide garantizar la veracidad del resultado, y el Gobierno usa descaradamente los recursos y el presupuesto estatal en su beneficio.
A los alcaldes y gobernadores de la oposición se les persigue y se les quitan funciones y capacidad para gobernar. Cuando el opositor Antonio Ledezma ganó Caracas, el chavismo lo despojó no solo de la sede de gobierno y del presupuesto sino de las competencias propias de la alcaldía.
El derecho de información no existe. La censura está consagrada por ley. La televisión es controlada por el Gobierno y empresarios afines. Y ahora los periódicos deben ser cerrados porque se impide la importación de papel para imprimirlos.
No hay democracia en Venezuela. Y la escasez reina como resultado de la corrupción, las políticas de expropiación y la incompetencia estatal. Y ahora cuando los estudiantes salen a protestar, los asesinos de los grupos paramilitares del Gobierno disparan contra ellos y hay centenares de desaparecidos. Maduro aprovecha para encarcelarlos y para perseguir a los opositores.
Mientras tanto, el Alba apoya al chavismo, la OEA y las oeneges se sumergen en un silencio insultante y Santos se preocupa por la “estabilidad” del gobierno venezolano. A ninguno le da vergüen
