Opinión Internacional

Un paso positivo

Imposible desconocer el avance que significa el acuerdo inicial entre el Gobierno y el Eln para crear una ‘zona de encuentro y convivencia’ en una región limítrofe entre Antioquia y Bolívar. La puesta en marcha de este nuevo proceso de diálogo, en forma paralela al que se realiza con las Farc, favorece la creación de un clima de verdadera reconciliación nacional. Pese a los explicables temores y reticencias de la mayoría de la población de la zona, hay que entender que se trata de una señal positiva de la voluntad política de las partes por iniciar una etapa que puede resultar crucial en el camino hacia la paz.

La decisión de despejar esta zona de casi 5 mil kilómetros cuadrados va acompañada de unos anuncios alentadores, así susciten comprensible escepticismo, luego de lo ocurrido con las Farc en el Caguán. El Eln se ha comprometido a respetar la ley, las autoridades civiles y los derechos de la población. También ha aceptado el tema de un acuerdo humanitario y pondrá en libertad, sin condiciones, a los secuestrados del avión de Avianca y del Club de Pesca de Barranquilla que aún están en su poder. Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos, también se adoptó un proceso de verificación, tanto nacional como internacional, que ha de servir de garantía a los pobladores de la zona y a los propios negociadores de que serán respetadas las autoridades y las normas especiales que regirán el funcionamiento de la convención nacional. Todos estos anuncios permiten pensar que el Eln quiere arrancar la negociación con el pie derecho, aunque todavía está en el terreno de las buenas intenciones.

En esta nueva etapa, no cabe duda sobre el papel fundamental que desempeñarán las Fuerzas Militares, que, a pesar de las provocaciones, han mantenido una conducta respetuosa frente a las decisiones del poder civil en el difícil proceso con las Farc. Estamos seguros de que, en el proceso que se inicia con el Eln, cumplirán a la letra las órdenes presidenciales sobre despeje, sin que esto signifique perder el control sobre una región estratégica.

Aún no se conoce en detalle la reglamentación que se aplicará en un territorio que, a diferencia del Caguán, está altamente poblado y se halla en proximidades de un área estratégica para la economía nacional, como la región petrolera comprendida entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, atravesada por el río Magdalena. La verificación será un requisito indispensable para no repetir los tropiezos que complicaron de modo tan agudo las conversaciones iniciales con las Farc.

La existencia de una fuerte presencia paramilitar en el sur de Bolívar es otro factor diferenciador para tener en cuenta. Las autodefensas de Carlos Castaño entienden sobradamente lo que allí está en juego y lo que este territorio significa para sus proyectos. Y aunque hasta el momento han aceptado la decisión del Gobierno, mantienen viva su amenaza de atacar al Eln si este grupo aprovecha el despeje para fortalecerse militarmente. Qué papel jugarán los ‘paras’ en este capítulo que se inicia es un interrogante que no se puede menospreciar.

En no menor grado, es fundamental que la decisión de crear la zona de convivencia cuente desde un principio con el apoyo de la población involucrada. Para esto, sus habitantes deberán contar con la garantía absoluta de que sus derechos serán respetados, y sus autoridades civiles, políticas, judiciales y eclesiásticas seguirán funcionando normalmente, sin peligro de hostigamientos o atropellos como los cometidos en el Caguán.

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