Una nueva ronda de diálogo
Los informes del Centro Carter y la Federación Internacional de Derechos Humanos y el respaldo que recibieron sus conclusiones por parte de los embajadores de la Unión Europea han puesto sobre la mesa la necesidad de una acción conjunta de los partidos y movimientos democráticos, en vista del empeoramiento de las condiciones de manipulación del proceso electoral de abril.
La sensación que existe es que la observación internacional y la comunidad diplomática residente en el Perú son más firmes y directas que los actores políticos nacionales. Visto desde una perspectiva más drástica, los observadores del exterior señalan con mayor precisión que es inminente que se concrete un fraude el 9 de abril, mientras la oposición comparte su esfuerzo entre la denuncia de las irregularidades y la campaña electoral misma, tratando de ensanchar las rendijas de la cerrazón oficialista en los medios de comunicación.
Los partidos no llevan a cabo un diálogo público desde que suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad, en noviembre pasado. En aquella oportunidad, la opinión pública respaldó no sólo el acto mismo del pronunciamiento ante el país, sino también el hecho de que las fuerzas democráticas le envíen al Perú una señal clara sobre el proceso político.
Eso es lo que falta en estos días: una señal clara, y no sólo a los electores de cada grupo político. El Perú espera que, luego de las constataciones de los observadores externos, la comunidad democrática exprese un punto de vista definitivo frente a las certezas.
Las certezas, es decir las evidencias, están a la vista. El fraude no amenaza cernirse sobre el país el 9 de abril como un hecho único. No, el fraude ha sido laboriosamente edificado desde 1995, usando para ese propósito medios legales e ilegales, y el acto electoral sólo será la culminación del largo proceso. Eso es tan cierto que en los dos informes óel del Centro Carter y el de la FIDHó hacen énfasis en el sistema político-legal organizado con antelación para favorecer la reelección.
Una nueva ronda de diálogo democrático, a cargo de los candidatos a la presidencia, debe ser pública. El único punto de agenda también aparece claro: qué hacer con las elecciones, es decir, qué hacer con el fraude.
La decisión debe ser tomada por supuesto antes del 9 de abril. Sea la que fuere, debe ser la adopción de un compromiso a ser mantenido, incluso después de las elecciones. Si la oposición acepta continuar en campaña, también tiene que advertirles al Perú y al mundo qué hará si la voluntad popular es burlada.
Es cierto que al gobierno le produce inquietud una nueva ronda de diálogo público de los partidos y movimientos de oposición. Sus voceros periodísticos quieren transformar el diálogo en una conspiración contra su «legalidad» electoral. No importa. Es su miedo a una decisión final de la oposición democrática.
