Opinión Internacional

Venezuela y los Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el pasado 24 de febrero un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el que manifiesta que el Gobierno de Caracas “atenta” contra la democracia y los derechos humanos y que existen “serias restricciones” al pleno uso de esas garantías en Venezuela.

El informe destaca la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, la represión de los disidentes, las restricciones a la libertad de expresión y los problemas de violencia e impunidad.

El informe del CIDH hace una revisión detallada de los innumerables casos de violaciones que han ocurrido en el país durante el año pasado y que para el Gobierno Nacional responde a una política estructurada desde el Imperio para desprestigiar la gestión del Primer Mandatario.  

Las denuncias solo han servido para confirmar, una vez más, el estado de indefensión en que se encuentra el pueblo venezolano en general y aquellas instituciones que han sido afectadas por las acciones arbitrarias llevadas a cabo por el gobierno nacional.

No sorprende entonces la campaña emprendida a diversos niveles de la administración contra las denuncias realizadas desde el Primer Mandatario pasando por el Embajador en la OEA, el moderador de la Hojilla y el Embajador de Venezuela en Washington quienes han tratado de destruir dicho informe y rebatirlo con un lenguaje poco acorde con la materia y sin argumentos sólidos.

Decir que el CIDH representa valores imperialistas es demasiado trillado para desconocer la situación por la que pasan los presos políticos, los estudiantes, los trabajadores, los periodistas y todos aquellos que osan levantar su voz de protesta ante las acciones violatorias de la Constitución Nacional.

 

De nuevo el Presidente, como ya la ha hecho en otras ocasiones, ha amenazado con retirar a Venezuela del sistema interamericano. Esta es una muestra más del desconocimiento de esta materia, de las consecuencias que implica una medida de tal magnitud, y la falta de asesoramiento de una Cancillería a la que se puede tildar con toda propiedad de elefante blanco.

Solo bastaría con citar, al azar, algunos ejemplos y no hay que ser un experto en la materia para corroborar las acusaciones de este informe. Al respecto, que pasaría en Venezuela si el Tribunal Supremo de Justicia le dijera al Presidente que no puede volverse a presentar a la reelección, como le sucedió a Uribe?

Esto no es factible en la Quinta República, debido a la falta de independencia de los poderes públicos. Ningún juez se atrevería a votar a favor de una resolución de esta naturaleza.

De igual manera, hay que llamar la atención sobre la reciente declaración del Tribunal Supremo que señala que investigará a aquellos ciudadanos que promuevan un ante-juicio de merito contra el Presidente. Este es un derecho promulgado en la Constitución Bolivariana. 

Por otra parte, desde comienzos de este año los estudiante se han visto restringidos de realizar muchas de sus manifestaciones pacificas por no haber recibido la autorización requerida por parte de de las alcaldías adeptas al Gobierno, de las rutas por donde transitarían esas manifestaciones. Mientras que los estudiantes oficialistas pueden llegar hasta las puertas mismas del Palacio de Miraflores.

Y para no ir muy lejos, las violaciones de los derechos de trabajadores que denuncian todos los días las arbitrariedades cometidas por los tribunales laborales. Sería importante Preguntar a los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, jubilados en noviembre del año pasado, y que hasta ahora no han recibido la resolución de ese acto, amén de la aplicación de una normativa que los desfavorece y que es contraria al principio de Constitucional que señala, en su artículo 89 ordinal 3, “se aplicara la norma más favorable al trabajador”. Este tipo de acciones también se pueden calificar de violatorias de los derechos humanos.

Pero no se puede olvidar los casos acaecidos en años anteriores como los miles de trabajadores afectados por la lista Tascón, los expulsados injustamente de PDVSA, los comisarios detenidos por los sucesos del 11 de abril de 2002, así como los asesinos de Puente Llaguno, uno de los cuales cumple funciones diplomáticas en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la negación del al derecho de asilo a Nilson Moreno, por solo citar algunos casos.

Las interminables cadenas presidenciales que casi a diario interrumpen el disfrute de la programación regular de los medios de comunicación son también una violación de los derechos de la audiencia. 

Ante esta nueva denuncia sería saludable y esclarecedor que este nuevo informe se discuta en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos como ha sido solicitado ya que además del precedente que se crearía, dichos informes dejarían de ser unos meros análisis que no tienen grandes repercusiones, y se le estaría dando a la OEA el verdadero rol que debe ejercer como instancia interamericana

Durante una sesión del Consejo Permanente, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Panamá defendieron la labor de la CIDH organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). De estas intervenciones habría que destacar la realizada por el Embajador de Argentina, quien entre otras cosas señalo que:” la CIDH, durante la cruel dictadura que gobernó a mi país en la década de los 80, fue el único organismo que se manifestó en contra de la violación de los Derechos Humanos que se estaban produciendo”, ello le da, mayor fortaleza a la Comisión.

En conclusión, no hay que ser enemigo del actual proceso político para concluir que Venezuela está llegando a niveles, en materia de derechos humanos, solo comparados con la Cuba de Fidel Castro, el Chile de Pinochet, y la Zimbabue de Mugabe.

Será que debemos acostumbrarnos y adaptar aquella parte del Padre Nuestro de “hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo”?

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