¡WikiGuerra!

En la más grande filtración de documentos secretos de la historia de la humanidad, bautizada como el ‘Wikigate’, le tocó el turno de destapar sus cartas a Colombia. La semana pasada, el diario El País de España publicó 18 documentos, que son pocos comparados con los 2.898 que la organización WikiLeaks tiene sobre el país, pero fueron suficientes para levantar una polvareda política que no se sabe aún en qué va a terminar.

El impacto es parecido al estremecimiento que se sintió en el mundo entero hace dos semanas, cuando cinco de los periódicos más respetados del planeta comenzaron a publicar en dosis diarias cerca de 250.000 cables que los diplomáticos de Estados Unidos enviaron a Washington con códigos secretos para tener informado a su gobierno de los intríngulis del poder en todo el mundo.

Lo primero que hay que decir es que los cables sobre Colombia hasta ahora filtrados por WikiLeaks -diez secretos y ocho confidenciales- cambian la teoría que muchos tenían sobre las relaciones con Estados Unidos. Hasta ahora se pensaba que era el Tío Sam el que metía las narices en la política interna colombiana, pero en los cables, por el contrario, lo que se ve es una obsesión de la élite política por quedar bien con el entonces gobierno de George W. Bush.

Los casos abundan. El vicepresidente Francisco Santos le pide al embajador William Brownfield que como el presidente Álvaro Uribe no ha entendido la gravedad de la crisis por las ‘chuzadas’ del DAS, él, por favor, se la haga ver. El comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, le pregunta que si su gobierno puede ayudarle a identificar quiénes son los militares que violan los derechos humanos. El director de la Policía, Óscar Naranjo, «urge a Estados Unidos a poner atención sobre la disfuncionalidad del Ministerio de Defensa». Y para rematar, el presidente Uribe llama al fiscal general, Guillermo Mendoza, y acciona el altavoz del teléfono para que el embajador Brownfield escuche con sus propios oídos los desarrollos de una investigación.

Paradójicamente, uno de los que sale mejor librado es Brownfield -tal vez porque es él quien escribe o da el visto bueno a muchos de los cables-. Las peticiones llegan a tal punto que en dos ocasiones -una con el general Padilla y otra con el entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva- el embajador tiene que responder ‘no’ porque, según dice, no puede ni quiere hacer la tarea que les corresponde a las instituciones colombianas.

Pero más allá de estas anécdotas, lo más interesante de WikiLeaks es que hasta ahora, para conocer los secretos de las altas esferas del poder, había que esperar años para que los historiadores los contaran. Y a partir de la semana pasada, el proceso se simplificó: basta con entrar a Internet y dar un clic.

Entre las ‘chivas’ del capítulo Colombia está, por ejemplo, la historia de que en el último año del gobierno de Álvaro Uribe el Ministerio de Defensa estaba medio paralizado y que -según dijo el general Óscar Naranjo- el «Ejército estaba a la deriva» porque «el ministro Gabriel Silva no confía en el comandante Freddy Padilla y raramente se hablan». O, en el caso del polémico acuerdo que permite a Estados Unidos usar las bases militares colombianas, los cables permiten deducir que, al contrario de lo que se especuló en su momento, fue el propio presidente Uribe, y no Washington, el que lo pidió, y lo hizo para usarlo como arma de disuasión con Venezuela y Ecuador.

Una tercera ‘chiva’, que sin duda en su momento habría dado pie a un gran escándalo, es que Estados Unidos estaba dispuesto a rescatar, por su cuenta y con su gente, a los tres gringos secuestrados por las Farc, y que para eso ya tenía la bendición del presidente Uribe. Otra revelación es que en el último año del gobierno de Uribe, el comisionado de Paz, Frank Pearl, se dedicó a buscar reuniones secretas con las Farc y el ELN, y alcanzó incluso a acordar con las Farc que el sitio sería en Suecia, que estarían dos delegados del gobierno y dos del Estado Mayor de la guerrilla. Esta revelación llenó de alegría al ex presidente Pastrana, a quien los uribistas siempre habían presentado como un hombre blando e ingenuo por querer dialogar con las Farc.

Pero tal vez el cable más escandaloso es aquel en el que el embajador Brownfield reportó a Washington que el general Óscar Naranjo creía que Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de Uribe, y «posiblemente» José Obdulio Gaviria, el asesor presidencial de entonces, habrían ordenado los seguimientos ilegales del DAS. En este cable, fechado el 27 de octubre de 2009, ocho meses después de haber estallado el caso de las ‘chuzadas’, llama la atención que el propio embajador aclara que se trata de una «especulación informada», pero añade que «especulación del general Naranjo tiene muchas posibilidades de ser cierta».

El jueves pasado, luego de que se conoció el contenido de los cables, José Obdulio Gaviria reaccionó. «No me llamen más las emisoras. Estoy en Suiza, sale muy caro y soy muy amarrado. Twitter es mi emisora». Antes de las 11:00 de la mañana ya había trinado 17 veces en su Twitter. «¿Qué pruebas tenías Naranjo? Yo ingenuo pensaba en enemigos, no en traición», escribió. Y luego se vino lanza en ristre: «Colombia tiene derecho a saber: ¿Naranjo informó a Santos sus sospechas? Como chisme, aunque sea. ¿O hacía méritos mintiendo a los gringos?».

Algo que llamó la atención fue la parca reacción del ex presidente Uribe. Hasta el momento, siempre había mostrado una gran rapidez para responderles a sus críticos y expresar su indignación en Twitter, como la que José Obdulio mostró el viernes pasado. El caso de Naranjo tiene que ser para él el más ofensivo de todos. Se trata, ni más ni menos, de una insinuación gravísima del militar de confianza del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, contra los dos hombres del corazón de Uribe. Por eso sorprende que hasta el cierre de esta edición se hubiera abstenido de hacer comentarios. Por mucho menos, en las últimas semanas se había desbocado en esa red social.

El gobierno colombiano dio instrucciones a todos los funcionarios que aparecen en los cables de no hablar del tema. Sin duda es más rentable bajarle el perfil a un escándalo que puede incomodar a algunas de sus cartas más importantes. Como bien dijo el diario El País: «La línea que separa la diplomacia del espionaje es delgada. Algunos ya lo sabían, otros lo intuían, pero ahora hay una prueba documental».

Los documentos, además de hechos puntuales, revelan procesos interesantes de la historia reciente del país.

Un interrogante sobre el rescate de los secuestrados

El primer cable sobre los tres norteamericanos secuestrados por las Farc data de agosto de 2004. El segundo a bordo de la misión diplomática, Milton Druker, hace un reporte de los 18 meses que llevaban en cautiverio. Sabían, dice, que habían movido a los secuestrados del Yari a Coreguaje; la embajada había repartido 75.000 panfletos por Larandia, San Vicente del Caguán y Florencia, ofreciendo recompensa a cambio de información, sin ningún éxito, y por ello, con cierto desespero, decía que «los militares colombianos no son capaces de conducir un rescate sin poner en riesgo las vidas» -cosa que terminó claramente desvirtuada en la Operación Jaque- y en vista de que el presidente Uribe les había dicho que «permitiría un esfuerzo unilateral de Estados Unidos de liberar a los secuestrados», la embajada «recomienda identificar unidades de Estados Unidos que pueden participar en alguna operación de rescate, para irlos familiarizando con la zona». Hasta ahora, y a pesar de las múltiples especulaciones, se ha descartado la participación de fuerza élite de Estados Unidos en la Operación Jaque, que el 2 de julio de 2008 permitió el rescate de los tres norteamericanos, de Íngrid Betancourt y de 11 secuestrados más.

En otros cables también se habla del tema de los secuestrados, y despierta curiosidad la referencia que se hace del comandante del Bloque Sur de las Farc, ‘Fabián Ramírez’. En un cable de 2008, el entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, le dijo al embajador que el 22 de mayo ‘Ramírez’ le preguntó sobre los beneficios legales que él podría recibir si se entregaba con Íngrid Betancourt. Ramírez le dijo «que no tenía control físico de Íngrid, pero que sería capaz de negociar su liberación». En el mismo cable, Restrepo les dijo que el perfil de ‘Ramírez’ -narcotraficante, infeliz con sus superiores y preocupado por el futuro de las Farc- aplicaba también para otros guerrilleros, como ‘César’, comandante del frente primero, quien terminó siendo el que tenía a los secuestrados.

‘César’, como se sabe, se fue extraditado a Estados Unidos. Y ‘Fabián Ramírez’ está desaparecido desde hace un mes, tras el bombardeo a su campamento. La última información del Ministro de Defensa decía que ni las Farc sabían de él ni el gobierno lo había encontrado en los restos.

El tema con Francia fue difícil

En el caso de los secuestrados también hay otras revelaciones. Un cable del 25 de febrero de 2008, días después de la liberación de Gloria Polanco, Consuelo González, Luis Eladio Pérez y Jorge Géchem, habla de cómo creció la presión de los franceses al gobierno de Uribe por la liberación de Íngrid Betancourt. En una reunión con el canciller francés, Bernard Kouchner, Uribe rechazó tres intentos de hablar para renovar la intermediación de Hugo Chávez, que el Presidente colombiano había suspendido estrepitosamente unos meses antes.

Kouchner es conocido por su historial de no tener escrúpulos para lograr la liberación de franceses secuestrados en el mundo. Por esos días se llevó a cabo una reunión secreta en Panamá de los países facilitadores, Suiza, Francia y España, y allí, según le contó el delegado español a la embajada de Estados Unidos, los franceses estaban dispuestos a actuar sin la autorización o conocimiento del gobierno de Colombia. E incluso le dieron a España un ultimátum: o apoya a Francia o a Colombia.

Así presiona Estados Unidos

Uno de los cables más antiguos es del 4 de agosto de 2005. Se trata de una reunión entre el presidente Uribe y el subsecretario de Estado, Nicholas Burns, que tenía como propósito preparar la visita de Uribe al rancho del presidente George W. Bush en Crawford. Sin duda, un momento cumbre de las relaciones de los dos aliados.

A los gringos, en su reporte, no se les escapa ni el más mínimo detalle. Mencionan, por ejemplo, que Uribe llegó tarde a la reunión porque estaba hablando por teléfono con el presidente de Guyana para garantizar su voto por Luis Alberto Moreno para la presidencia del BID. «Si Moreno no gana en la primera ronda, Brasil y Venezuela votan por el candidato brasileño», le comentó Uribe a Burns.

Las relaciones estaban en luna de miel y eso se notaba. El enviado del Departamento de Estado le comentó a Uribe que Bush quería discutir con él el tema de Venezuela porque sin embajador no tenían cómo monitorearlo. En esa reunión le preguntan a Uribe su opinión de Hugo Chávez y respondió que no confiaba en él. Dijo que Chávez era una mezcla de «sentimientos imperialistas y ebrio de socialismo».

En esta, como en la mayoría de las reuniones de los gringos, uno de los temas centrales es el de los derechos humanos. Burns le pidió resultados a Uribe en los casos de las masacres de Mapiripán, Arauca y San José de Apartadó. «El Departamento de Estado necesita ver en sus discursos y acciones una renovada determinación y compromiso de lidiar estos casos», dice el cable. En ese momento, Uribe se comprometió a llamar al Fiscal General para asegurar un pronunciamiento sobre San José de Apartadó antes de su viaje a Crawford. Y hoy, cinco años después del reclamo, ya el general Uscátegui fue condenado por Mapiripán y diez militares están en juicio por el caso de San José de Apartadó.

Y así como en 2005 Burns le preguntó a Uribe por esas masacres, en enero de 2010, el también subsecretario de Estado James Steinberg, en una reunión tensa, muy distinta a la de cinco años atrás, inquirió a Uribe por el retraso de la reparación a las víctimas. Y, según el cable, «Uribe declaró que la reparación más efectiva era terminar la violencia».

Dedo a los ‘falsos positivos’

Todo indica que Estados Unidos tenía entre ceja y ceja el tema de los derechos humanos. En otro cable, que deja mal parados a altos agentes del Estado, el inspector general del Ejército, general Carlos Suárez, que fue el encargado de investigar los ‘falsos positivos’ de Soacha y a partir de su investigación el presidente Álvaro Uribe retiró a 27 militares, le contó a la embajada, en febrero de 2009, que el problema de las «ejecuciones extrajudiciales» estaba extendido, que la insistencia de algunos comandantes en el body count «creó una falsa ilusión de éxito» y que, según él, «el presidente Uribe continúa viendo los éxitos militares en términos de muertos».

Explicó que el fenómeno se originó en la Cuarta Brigada en Medellín (el cable puntualiza que al frente de esta brigada estuvieron el ex comandante del Ejército Mario Montoya y el entonces comandante del Ejército Óscar González). Suárez dijo que los generales retirados como Montoya y Rito Alejo del Río estaban trabajando con políticos de derecha como Fernando Londoño, para cortar las iniciativas del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en derechos humanos.

La relación tenía fisuras

Los cables que envían los diplomáticos a Washington en general son pausados, analíticos. Pero del total de 18 papeles que hablan de Colombia, llama la atención, por el tono alterado que se trasluce, el del 16 de septiembre de 2009, que hace referencia a una reunión entre el embajador Brownfield y el vicepresidente Francisco Santos.

Si bien el diplomático venía ya molesto con el tema de las ‘chuzadas’ ilegales del DAS, la copa se le rebosó con un informe de la revista SEMANA que mostraba cómo en una interceptación hecha al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez también se había escuchado la conversación de un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos adscrito a la embajada. El embajador le reclama a Francisco Santos que el gobierno de Colombia no ha sido capaz de salir a dar la cara por el escándalo y le notifica que dio instrucciones para que le quiten la cooperación al DAS. «El embajador les dijo que más le valía al gobierno colombiano tener un plan B -dice el cable-. Que si otro escándalo salía del DAS, nuestro plan B sería terminar toda asociación con el DAS. Inmediatamente».

Santos, visiblemente confundido, se defiende y le dice al embajador que el 21 de septiembre anunciarán que están pidiendo a la Interpol o la OEA que investiguen a profundidad los escándalos del DAS. Que incluso está dispuesto a que el FBI intervenga. Y mencionó que el gobierno estaba pensando en un ex jefe de Estado extranjero, como «Ricardo Lagos, Vicente Fox, Henrique Cardoso, alguien de Australia, India y aun Rusia o Cuba», para liderar esta investigación.

Nada de eso se dio. Pero el Vicepresidente sintió tan tensa la situación que organizó una reunión entre el presidente Uribe y el embajador seis días después. En esta reunión es en la que «un Uribe extremadamente animado y agitado telefoneó al fiscal general, Guillermo Mendoza», puso el altavoz y este les dice que esas nuevas ‘chuzadas’ al magistrado auxiliar Velásquez habían sido ordenadas de manera legal. Aunque son unas ‘chuzadas’ distintas a las del escándalo madre, en el cual hoy ocho funcionarios del DAS han confesado, el presidente Uribe aprovechó la ocasión para meter todo en un solo costal.

Entre octubre y noviembre de 2009, no solo se dieron estas dos tensas reuniones. El 24 de noviembre, el general Naranjo invitó a almorzar al embajador para compartir sus preocupaciones por la reacción que se estaba dando contra Estados Unidos en Colombia y le dijo que en un consejo de seguridad del día anterior, al presidente Uribe se le notó una rabia que nunca antes se le había visto con el gobierno de Estados Unidos. Y que interpretó la cancelación de la visita del subsecretario Steinberg como una señal política.

Luego de esta charla, la reunión con Steinberg se reprogramó y en esta, según el cable del 12 de enero de 2010, el subsecretario le toma de nuevo la lección: le preguntó por las bandas emergentes, la reparación a las víctimas y las demoras en las investigaciones de los falsos positivos.

En esos cinco años, entre la reunión de 2005 con Nicholas Burns y la de 2010 con James Steinberg, se nota un cambio en la relación entre los dos países.

Por ahora estos son algunos de los puntos más destacados de la guerra de cables en el primer capítulo de Colombia. Falta ver qué pasa con los otros 2.800. Hay quienes creen que no va a pasar nada. Porque como dice Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos: «Los gobiernos tratan con Estados Unidos porque favorece sus intereses, no porque les caigamos bien, no porque confíen en nosotros ni porque piensen que podemos guardar secretos».

La realidad es que Colombia siempre había sido uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos en el continente. Desde hace ya más de un siglo, Mariano Ospina Rodríguez, antes de ser Presidente, abogó para que Colombia se anexara a Estados Unidos. Unas décadas después, Marco Fidel Suárez le dio entidad a esa alianza y acuñó el latinajo de Respice Polum, que en la práctica quería decir: mirar hacia Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, Colombia se dedicó a cumplir ese credo: tiene el récord de ser el único país de América Latina que respaldó a Estados Unidos con el envío de tropas a Corea, llevó la vocería para exigir la expulsión de Cuba de la OEA, no apoyó a Argentina en la guerra de Las Malvinas y respaldó a Bush en su «guerra preventiva» contra Irak.

Esa actitud reverencial hacia Estados Unidos lamentablemente produjo pocos resultados. El Tratado de Libre Comercio sigue sin ser ratificado y Colombia dejó de ser una prioridad en la política exterior de ese país después del 11 de septiembre. A partir de ese momento, la guerra contra el terrorismo islámico se convirtió en la obsesión del gobierno de Bush. Esa dependencia se está reduciendo en este momento con la llegada de la nueva administración. Paradójicamente, Santos, que es un hombre de centro derecha y de libre empresa, está mostrando más independencia frente a los Estados Unidos que algunos presidentes de izquierda en el pasado. No se trata en forma alguna de política de populismo antiyanqui, lo cual es ajeno a él. Pero sí de tener una política exterior menos bilateral que la del gobierno anterior. Esto, combinado con el escándalo de los cables de WikiLeaks, garantiza que de ahora en adelante los dirigentes políticos van a pensar dos veces lo que le van a decir a un diplomático norteamericano.