Opinión Nacional

27 F=19F

E l perverso proceso de amordazamiento de medios de comunicación que está en este momento en desarrollo, y la amenaza sistemática que el Estado ejecuta en esta hora en contra de periodistas, activistas y ciudadanos, no ha sido obstáculo para que el grueso de la opinión pública nacional, y ahora también buena parte de la internacional, tenga una aproximación bastante nítida en torno a lo que está sucediendo en este país en estos días.

La noche del 19 de febrero de 2014 será recordada por mucho tiempo en Venezuela. No tanto por los encarnizados combates que la población civil desarmada escenificó en contra de las fuerzas del chavismo y sus grupos paramilitares, como por el gravísimo proceso represivo que se ejecutó en las horas posteriores.

Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro y sus colaboradores urdieron un perverso plan para que las televisoras grandes quedaran maniatadas, el futuro de la prensa escrita en veremos, y la ciudadanía disidente ingresara en una especie de estado general de sospecha, alimentado con cargas emocionales concretadas en insultos en transmisiones en cadena.

El gobierno bolivariano y sus ministros pusieron mucho celo en que los detalles de la operación pasara de puntillas en la actual circunstancia. Para ello han encadenado la señal de radio y televisión cada vez que les ha venido en gana: invisibilizaron todo lo que pudieron el desarrollo de las manifestaciones estudiantiles, ridiculizaron su contenido, amenazaron a sus organizadores y encarcelaron a Leopoldo López, uno de los dirigentes fundamentales de la Unidad Democrática.

Fracasaron. Todo el país ha podido comprobar como un hecho incontrovertible el comportamiento impune de las bandas paramilitares chavistas; los casos de torturas a los estudiantes revoltosos están suficientemente respaldados y el comportamiento represivo de la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional quedó a la vista de todos.

El país entero sabe que los tentáculos del poder político, en sus expresiones formales e informales, disparó a edificios de urbanizaciones en Caracas, Puerto Ordaz y Valencia, invadió propiedades, golpeó y asaltó a fototorreporteros, e incluso a miembros de una televisora internacional, presentes aquí para documentar lo que la venezolana en este momento no puede hacer, y lanzó una abundante indiscriminada cantidad de perdigones y balas de salva. El saldo total de «shopping» de maltratos se condensa en 3 muertos y más de 80 heridos. Los disturbios en el Táchira alcanzaron una cota mortificante y la respuesta ofrecida por el Estado ha sido militar.

Cada tanto tiempo, sobre todo cuando se impacientan porque las cosas no les salen, los dirigentes chavistas sacan del sombrero una tonta cantaleta en torno a la eventualidad de que los cerros de Caracas bajen y asalten a las urbanizaciones de clase media y media-alta, los partidos de oposición y la sociedad si estas se empeñan en no dejarlas hacer en paz la revolución.

Pues bien: esa amenaza se ha concretado. Como no han podido acarrear pueblo, en virtud de que el pueblo no tiene interés en ejecutar la encomienda, el despacho de disparos y balas tuvo que tener un perfil algo más burocrático y menos espontáneo: civiles armados y empotrados en motos que salen a hacer el trabajo sucio que la perfumada intelectualidad del chavismo gafo de clase media pretende ignorar.

Todo lo cual, por cierto, no nos impide concluir la mas paladina de todas las evidencias: Venezuela está viviendo un proceso muy parecido a un auténtico estallido social. Una secuencia de protestas vigorosa, policlasista, de dimensiones totalmente nacionales, que expresan una amargura y una desesperanza que tiene que ser atendida urgentemente por las autoridades. En este momento no hay medios de comunicación a los cuales achacarles la culpa del ambiente que existe en el país. Mientras el gobierno sigue argumentando estupideces y dibujando castillos aéreos, aquí nadie sabe si debe destinar una mañana a hacer una cola o ir a trabajar Un estallido sin saqueos, afortunadamente, bastante menos violento de lo que habría podido ser si en la determinante mayoría de la sociedad democrática no existiera un manifiesto interés en preservar la paz del país. Las protestas violentas de estos días, sin bien condenables, han sido el resultado de una interminable secuencia de decisiones económicas, políticas y administrativas que nos han metido dentro de una peligrosa crisis y que están asfixiando gravemente la atmósfera del país. El control de cambios destruyó por completo el aparato productivo nacional y la Ley de precios justos puede destruir o lastimar seriamente el comercio, actividad económica extremadamente delicada que emplea a muchísimas personas y garantiza un acceso decente a los bienes y servicios. Cuatro devaluaciones encriptadas han tenido lugar en el país a la vuelta de un año. Esa decisiones de los gobernantes demandan una explicación al país y comportan responsabilidades jurídicas.

Mientras esto sucede, la Fiscal General ensaya una torpe maniobra abstracta para intentar tomar de nuevo el rábano por las hojas, culpando de forma oblicua de todo lo que sucede a Leopoldo López Toca ahora centrar este malestar en ideas estructuradas y objetivos políticos concretos. Eso demanda necesariamente que el tránsito de las manifestaciones sea definitivamente pacífico. El «guarimbeo» es una rutina que no tiene utilidad práctica, salvo desahogar la ira. Ocasiona demasiadas molestias y en última lastima la calidad de vida de la comunidad.

El remado tiene que ser sincronizado, y debe tener por costa un escenario de consulta nacional en un proceso constitucional. El objetivo de restaurar la vigencia de la Constitución y concretar un acuerdo social con el chavismo. Su debilitamiento en este episodio turbulento es el rasgo más notorio de este trance.

 

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