Opinión Nacional

A 22 años de la asonada del 4-F

No hay dudas sobre el creciente poder de la casta militar ascendida en el gobierno de Chávez para imponer «sus entenderes» en espacios notables de la gerencia pública. Ha habido una inclinación perversa a partir de 1999 para que la Fuerza Armada ejerza plena jurisdicción en ámbitos ajenos a su adestramiento profesional. Los trastornos creados por su paulatina injerencia en todo ámbito civil desconcierta al vecino común que padece los efectos de esta fracasada liga.

Militares ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, concejales, directores de entidades públicas, entre otros, copan buena parte de la escena burocrática del país. Así se desnaturaliza el recato necesario exigido al militar en toda democracia. La salvedad constitucional de limitar su participación en la política «de calle» se cimienta en la contrariedad que significa actuar en el debate político y ser a la vez custodios legítimos de las armas de la república. El riesgo es que el militar sea señalado, justificadamente o no, como corresponsable del estrepitoso fiasco económico y social del país.

El caso de Ocumare del Tuy bien ilustra la distorsión referida. ¿Cómo queda el sentido de jurisdicción cuando 20 motorizados armados impusieron toque de queda porque funcionarios de Cicpc abatieron a 3 delincuentes «amigos» pertenecientes a la banda «Los Orejones»? Éstos obligaron a los comerciantes a cerrar sus negocios por «solidaridad» mientras los atemorizados maestros suspendían las clases. Los accesos al pueblo estaban bloqueados y la tranca de vehículos ocasionó inmovilidad total en la autopista Charallave-Ocumare. En otras palabras: jerarquía delincuencial.

La policía local, estatal y Cicpc, intercambiaron disparos durante 5 horas contra la banda de los veinte, poseyente de armas largas y «demás pertrechos de guerra». Esa rebelión, en otro contexto político, hubiese sido aplacada por un piquete de la Guardia Nacional en breve tiempo. ¡Pero no! Los militares siguen ocupados en el ejercicio de la política cotidiana mientras esa banda delincuencial se salía con la suya al punto de retirarse luego de la «batalla ganada».

Se ha llegado al colmo de incorporar léxicos militares para atender problemas urbanos, como si con ello bastara. Estado Mayor: «grupo de oficiales que cumplen tareas de administración, logística y planeamiento bajo la dirección de un oficial de rango superior». Sin embargo el término se usa sin recato en ámbitos burocráticos como el eléctrico, alimentario, económico, etc. La gente optaría por un «Estado Menor» siempre que sus conflictos sean atendidos.

El experimento de militarizar las instituciones civiles no es nuevo. Esa pseudoideología tiene su origen en el llamado nasserismo. Nasser sustentaba que había que sacar a la calle «las fuerzas inactivas de los cuarteles» para ocuparlas en cargos de la administración pública. La distorsión fue de tal magnitud que en Egipto se repetía con rubor: «el ejército es la única fuerza política del país». La mezcolanza conceptual entre el ejército de 500.000 hombres y una idea socialista de partido único, derrumbó la precaria estructura institucional de Estado lograda con grandes sacrificios luego que Egipto se liberara del dominio inglés. «Los oficiales pobres» se enriquecieron e incorporaron rápidamente al burgués «estándar social» de entonces.

Las secuelas fueron trágicas. Los militares alejados de sus deberes fueron aplastados en 1967 en la llamada «guerra de los seis días». Los aviones egipcios ni siquiera pudieron salir de sus hangares mientras eran pulverizados por la fuerza aérea israelí. Esa amarga experiencia hizo que el sucesor de Nasser, Anwar el Sadat, configurara un nuevo ejército profesional que retomara las funciones que atañen a todo cuerpo armado.

Algo similar ocurría en Perú bajo el gobierno de Velasco Alvarado (1968) quien asumió una condición de dictadura militar con carácter de izquierda y nacionalista. Realizó una serie de reformas de impacto en el desarrollo social y económico. Como toda revolución impuesta «desde arriba» tuvo un desenlace trágico que culminó (1975) con revueltas y saqueos hasta en sitios históricos, casi sagrados, de Lima.

Así pues, toda esa cháchara del bolivianismo patriota cívico-militar evocado en la asonada hace 22 años, no es otra cosa que una efervescencia carente de doctrina y llena de fantasía. La batalla perdida de Ocumare es la mejor evidencia de ese disparate.

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