Opinión Nacional

Activismo cívico para salvar la democracia

Pese a que algunos analistas opinan –no sin ciertas razones- que de un tiempo a esta parte ya no existe entre nosotros una verdadera democracia ni –por consiguiente- el Estado de Derecho, nos solidarizamos con quienes plantean que los más contundentes instrumentos para atajar y poner fin a la serie de desafueros, atropellos y desmanes contra el pluralismo y civilismo, están –precisamente- en el espíritu, propósito y razón de la Constitución Nacional.

De tales recursos y elementos, el más importante –sin duda alguna- es la voluntad del pueblo en el ejercicio pleno de su poder soberano: no hay instancia política, legislación o gubernamental alguna que pueda suprimir o suplantar la soberanía popular, ella es la única fuente de toda autoridad. Y el supremo poder soberano cuyo titular indiscutible es el pueblo, está consagrado y reconocido en el vigente texto constitucional. Ahora, otra cosa es que el aparato gubernamental trate de ignorar, desconocer y violentar la soberanía popular, incluso echando mano de los recursos, de diversa naturaleza, de que se dispone en la detentación del poder político. Ante la gravedad que puede caracterizar la circunstancia adversa al genuino sentir de la mayoría, no queda otro camino (igualmente previsto en la Carta Magna) sino hacer efectiva la desobediencia civil legitimada con el justo y lógico propósito de hacer factible el restablecimiento del orden jurídico infringido y, por consiguiente, salvaguardar la democracia.

Pensamos que, ante el genuino sentimiento patriótico y nacionalista (e inclusive para los ojos de la comunidad internacional), le será muy difícil a los cultores de la autocracia y el totalitarismo, esconder el alcance y proyección de las principales normas jurídicas que rigen la participación del pueblo en las tareas orientadas hacia la defensa del sistema democrático; aun cuando ese empeño entrañe grandes sacrificios –individuales y colectivos- e incluso no pocos sufrimientos, de diversa índole, para todos los estratos de la población, en especial los marginados sociales quienes, al percatarse de la manipulación de que han sido objeto, constituyen el detonante más cáustico a la hora de plantear con mayor firmeza y urgencia los reclamos y exigencias sobre su actual situación y destino, tantas veces burlado y preterido sin misericordia, más por quienes tienen la posibilidad de redimirlos de su triste condición, habida cuenta el poder concentrado y el cúmulo de recursos de que disponen en esta coyuntura.

Hay que tener despejado el signo distintivo de la realidad nacional, en torno a la cual hay dos bandos claramente definidos: por un lado el empeño, ahora nada oculto, para concentrar –de modo gradual y progresivo- el poder en una sola mano y, por consiguiente, buscar la entronización del exclusivismo y el sectarismo, al punto de que algunos ya hablan del resurgimiento del apartheid en otra latitud del planeta, no pregonando la discriminación basada en el color de la piel, sino la aviesa persecución contra aquellos que han expresado legítimo derecho a disentir u oponerse a una práctica gubernamental de signo contrario a la paz y la libertad, eso por decir lo menos. Y, por el otro lado, quienes –en justificada actitud- tratan de unir sus esfuerzos y voluntades en la lucha para defender la democracia de las tendencias y experiencias autoritarias que pretenden destruir lo que ha costado tanto sacrificio y que, por larga data, ha sido gran ideal de nuestra esencia republicana y nacionalista.

Para el sector reaccionario solo tiene asidero la tesis que califica como ilícita o contraria al interés nacional, la actitud cívica que protesta, debate, se opone o disiente de cualquier posición asumida por el sector oficial. Quienes cuestionan los designios oficiales y expresan su disidencia o diferencia de opinión, no son adversarios políticos sino enemigos no de un hombre o un sector político, sino “de la patria…”
En cambio, para quienes se empeñan en defender la democracia, entienden que el pueblo, cada ciudadano en particular, los partidos políticos, asociaciones sindicales, gremiales, vecinales, corporativas y empresariales, así como las organizaciones no gubernamentales, legalmente constituidas, tienen –en un régimen democrático- plena facultad para expresar libremente su crítica, exponer criterios divergentes, plantear o sugerir planes o soluciones a los grandes problemas que afectan la vida nacional. En este contexto están: ejercer el derecho a huelga, manifestar con libertad en las calles o exponer sus ideas en cualquier foro de opinión pública, exigir y participar en elecciones libres, solicitar referéndos y que se respeten sus resultados, expresar libremente y sin coacción alguna su criterio disidente en la prensa o en cualquier medio de comunicación… ¿entonces…? ¿Por qué se persigue al disidente… o por qué se utilizan los recursos del poder para entablar juicios e intervenciones policiales contra quienes expresan su opinión discordante…? Justamente, quienes –de uno u otro modo- detentan hoy el poder, llegaron a ejercerlo –precisamente- en pleno uso de su disidencia y mediante libre concurso en elecciones libres. ¿Entonces…? ¿Por qué asumir una actitud contraria al espíritu democrático..? ¿Acaso se olvida ese sector que el pluralismo y la libre confrontación de ideas, son elementos claves y esenciales de la democracia…?
Ahora bien, ¿Se justifica asumir una actitud crítica acerca de la realidad nacional..? ¿Los signos negativos que constituyen el morbo que corroe la entraña de la sociedad, acaso no exigen cambios drásticos y soluciones viables e inmediatas..? Nuestra sociedad requiere y pide una real transformación y para ello es urgente, ahora más que nunca, asumir una posición consciente ante la realidad nacional; así lo exigen, por ejemplo: el creciente desempleo; la ausencia de políticas públicas realmente orientadas para poner fin a la inseguridad en todos los ordenes, es decir, para acabar con la ola de secuestros, el narcotráfico, los embates del hampa común en nuestras barriadas y ciudades; la necesidad de reactivar la agricultura, el comercio y la industria; la urgente actitud para proteger la propiedad privada; la necesidad de contar con una educación de calidad en todos los ámbitos sociales; la insuficiencia en la prestación de los servicios públicos más elementales; la conveniencia de buscar mejores vías de entendimiento e intercambio con todos los pueblos de la tierra, sin poses estridentes, populistas o demagógicas; la urgencia de contar con una administración de justicia idónea e imparcial; el cabal funcionamiento de un árbitro electoral confiable; la necesidad de defender nuestra principal industria tanto de la creciente incapacidad en la dirección y gerencia de sus operaciones como en lo que se refiere a la conveniencia de revisar la viabilidad y transparencia de tratos suscritos con empresas extranjeras y la necesidad de acabar con la corrupción administrativa, por apenas citar las exigencias de mayor significación en la hora actual. En este sentido, valga precisar: las urgentes medidas que se plantean ante la gravedad de los problemas nacionales, no se solucionan con medidas populistas de oportunidad y conveniencia: si queremos fomentar la capacitación, el empleo, la productividad y la riqueza, solo lo lograremos instruyendo al pueblo con métodos de eficiencia y calidad, no “acostumbrándolos” cada quincena en “colas” para recibir una miseria en las taquillas de los bancos oficiales. La llamada política de pulpería no sitúa a ningún pueblo en condiciones de una potencia económica mundial; de igual modo, la entrega “apurada” de certificados de bachillerato en tres o seis meses, mucho menos ubica y capacita a una sociedad –en los albores del siglo XXI- en los más óptimos niveles de avance científico y tecnológico.

Un pueblo fiel a su tradición republicana, con gran experiencia en arduas luchas a favor de la libertad, la independencia y la democracia, no puede amilanarse ante el empeño autocrático y totalitario ni tolerar los desmanes de quienes atentan contra su sentimiento contestatario.

Por consiguiente, urge asumir sin temor alguno la defensa de los derechos en general y particularmente los cívicos. Se plantea, una vez más, utilizar los recursos, medios e instrumentos, consagrados en la Constitución Nacional, hacerlos valer y defender –aún con la vida si es necesario, como ya ha habido no pocos ejemplos signados por el sacrificio y hasta el heroísmo- para defender la esencia de esa libertad. Se trata de una actitud de claro signo progresista frente a la reacción de quienes sólo trabajan para el sectarismo y la exclusión. No pocos pueblos en la tierra han atravesado situaciones similares y a la final siempre se ha impuesto la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza, recurso de los “gorilas” en funciones de poder. El sentimiento nacionalista y progresista, la fe en la libertad, el coraje y empeño genuinamente patrióticos, siempre han sido los signos característicos de una actitud cívica cuyo único objetivo es salvar la democracia.

El activismo cívico es la herramienta indiscutible para corroborar, una vez más, que somos ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos. Ante la grave crisis que afecta la Nación, debemos participar con sentido activo y solidario en la vida política y comunitaria del país. Así lo exige, tanto el rescate de la institucionalidad democrática como la necesidad de restablecer un verdadero régimen de separación de los poderes. La Constitución Nacional consagra y establece las garantías para que todo ciudadano haga uso de su poder cívico para reconstruir la democracia y emprender, con renovados bríos, el trabajo creador en pro de la Justicia Social y el Bien Común.

Queremos una nueva sociedad. Hay que cambiar la sociedad. Una nueva sociedad, en la que el Estado y el poder político sean –real y efectivamente- instrumentos para el logro del Bien Común. Queremos una sociedad en la que el respeto a la dignidad de la persona humana no sea letra muerta o motivo de burlas de gobernantes de claro talante despótico. Queremos que el activismo cívico y la praxis política sean medios para la instauración de una sociedad humanista y solidaria…!

*Abogado, Politólogo y Profesor universitario

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