Ajuste por escasez
No pueden calificarse los anuncios recientes en materia económica, hechos por el Gobierno, como un plan coherente perfilado hacia una pronta recuperación de la postrada actividad productiva. Se toman medidas puntuales, como lo hicieron otros gobiernos del pasado, al estilo de «pañitos calientes» que alivien si acaso el por ahora, sin nada que permita deducir de las mismas que se hará un cambio en la dirección correcta más adelante.
En lo fiscal y monetario casi nada se hace para que no se prolonguen los desequilibrios que han provocado el actual marasmo. En lo cambiario se vuelve a disfrazar una nueva devaluación del bolívar en los mercados oficiales mientras sigue sin corregirse el atraso del tipo de cambio promedio, y persiste la incertidumbre sobre la suficiencia de oferta en el futuro. En lo comercial se mantienen los controles de todo tipo y se extiende la gestión directa de las burocracias al comercio exterior, y parece estar en marcha un proceso para la «racionalización» de oferta y demanda.
Un verdadero plan económico para el corto y mediano plazo no consiste en una letanía de buenas intenciones sino en la articulación de acciones en lo macro y microeconómico, así como en la adopción de cambios institucionales que dejen de penalizar la inversión reproductiva y reduzcan la pesada carga financiera del Estado. Existe un conjunto de redes de organización social que son útiles para amortiguar el impacto de una actualización cambiaria y de precios, lo cual aunado a una inteligente programación de inversiones en la ciudad y el campo haría factible regresar en breve a una ruta superior de crecimiento y desarrollo.
Pero el Gobierno está enredado dentro de una camisa de fuerza en lo ideológico y en lo internacional que le dificulta, aunque quisiera hacerlo, una modificación de sus políticas; algo así como un «vuelvan caras» al estilo Páez, o una rectificación profunda como la llevada a cabo por el gobierno socialista de F. Mitterrand en Francia hace unos 30 años.
Que el Gobierno quede atrapado en su cotidianeidad revolucionaria es altamente riesgoso para el Gobierno mismo y sobre todo para el país.
Sería excesivamente cínico que las autoridades fueran a jugar con una potencial protesta social masiva como mecanismo para afianzarse en su control político. Y para la sociedad en su conjunto el deterioro continuo de su nivel y calidad de vida puede convertirse en acicate para saltar la barrera de la mansedumbre. Las mayorías no desean ni que el Gobierno siga como viene ni que se rompa la paz.
Esto último parece haber sido percibido por factores de gobierno que han resuelto llamar a su lucha contra el crimen una especie de cruzada por la paz. Y aunque obviamente el crimen desbordado es una calamidad, lo es tanto o más la debilitada situación económica y social de gran parte de la población. Si este es el precio que hay que pagar por la revolución, muchos pensarán y dirán que no están dispuestos a pagarlo.
Frente a esto, el Gobierno ha reiterado implícitamente en sus últimos anuncios que la escasez continuará. Porque no ha habido liberalización de la oferta, porque la capacidad de importación es limitada y porque tomará tiempo reponer inventarios en los distintos niveles de comercialización luego del arrase de los consumidores en respuesta a la inoperancia oficial.
