Opinión Nacional

Al gobierno nacional se le hizo tarde para resolver el problema de la inseguridad personal

“El gobierno nacional cree que cualquier pretexto es válido, mientras que la inseguridad personal se ha convertido definitivamente en el más indeseable y emblemático de sus aportes en una ya larga década y media de fracasada gestión”, expresó el diputado Luis Barragán (Movida Parlamentaria) al referirse a las recientes declaraciones del ministro Miguel Rodríguez Torres, desde el estado Apure.

Recordemos, el titular del despacho del Interior, Justicia y Paz dijo que la politización del tema debilita al Estado frente a un problema que es complejo, siendo fuerte cuando actúa de manera articulada. Al respecto, el diputado Barragán respondió:

“Yerra el ministro del Interior, pues, al pedir la despolitización del problema, no sólo incurre en su paradójica politización, creyendo monopolizar el diagnóstico de una realidad que este gobierno, el mismo desde hace quince años, ha agudizado, sino que pretende que toda observación, queja y demanda de la ciudadanía indefensa debilita al Estado. Es decir, a la diaria comisión y sorprendente variedad de delitos que el gobierno no prevé, persigue y castiga, se suma el crimen de opinión por el que diferentes y altos funcionarios pugnan por definir, lo que es peor, indolentes, ideologizando la muerte que – por supuesto – siempre les es ajena”.

Alega el parlamentario del estado Aragua la otra paradoja, la del Estado que es demasiado fuerte y demasiado débil a la vez: “El hiperestatismo en boga ha desembocado en la propia debilidad del Estado que es exteriormente decidido, fuerte y oportuno para reprimir la disidencia política, gozando de todo el dineral petrolero que permita – además – literalmente sostener a otros Estados como Cuba; pero interiormente incompetente, displicente y temeroso del hampa que no logra dominar, viéndose inexorablemente contaminado. Digamos que es el Estado el que debilita al Estado, por la excesiva atención, recursos y servicios que presta a sus actuales conductores, olvidando a la población que lo legitima, la defensa de la vida y el bien común estructural”.

Agregó: “El ministro Rodríguez Torres requiere también de la urgente y necesaria orientación de la oposición, pues, ha de escuchar sus planteamientos y responder con la sobriedad que exige tan delicada materia. Todavía esperamos que conteste la carta suscrita por los integrantes de la Movida Parlamentaria, personalmente consignada por los diputados en la propia sede ministerial en fecha 15 de enero, la que cuenta con un respaldo de más de 18 mil personas (http://movidaparlamentaria.com/). Y es más, que acepte la interpelación de una comisión especial del parlamento, conformada por las bancadas del gobierno y de la oposición, que aborde los asuntos específicos del problema y las soluciones concretas, en lugar de una comparecencia a la plenaria de la Asamblea Nacional dispuesta para la evasión, la generalización y el espectáculo”.

El ministro del Interior advirtió que, en su visita, llevó todas las estadísticas criminales del estado Apure, reiterando que la inseguridad personal es un problema de todos. Sin embargo, el diputado Barragán discrepó:

“Haciéndosele cada vez más tarde, es un problema del gobierno que no ha sabido ni podido resolver, aún tratándose de un asunto que es precisamente de Estado, porque la ciudadanía no puede ni debe hacer algo más allá que tomar las previsiones personales u hogareñas del caso, cooperando con unas autoridades que – por cierto – no oyen. Valga añadir, el gobierno no puede reservarse las cifras que conciernen a todos los venezolanos, y está en el deber de publicarlas en forma transparente y confiable, revelando la metodología empleada, como lo hizo el Observatorio Venezolano de la Violencia cuando afirmó que la conservadora tasa de muertes violentas en el país para 2013 fue de 79 por cada cien mil habitantes, en vez de 39 por cada cien mil habitantes que proclamó, mas no argumentó, el ministro Rodríguez Torres. O anunciar la suspensión o anulación de los portes de armas de la población civil, luce como algo risible porque el malandraje para acechar, atracar y asesinar no cuida del cumplimiento de tal requisito o incurre en la delicadeza de adquirir el timbre fiscal correspondiente para tramitar una licencia para matar”.

Finalmente, concluyó: “A la impunidad del delito en Venezuela, desean agregar la inmunidad de los altos funcionarios a los que tanto les irrita la más modesta observación en torno a una penosa gestión gestión, pero es imposible ya censurar la muerte y el dolor en un país que está en emergencia. Y es que al gobierno ya se le hizo para remediar un mal que, innegable, ha acrecentado y esto lo debe recordar muy bien el venidero 4-F”.

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