Análisis de entorno para la discusión de estrategias políticas en una mesa situacional Pro Democracias

LOS ANTECEDENTES

Venezuela ha tenido etapas de serias dificultades tanto en el orden económico como el social. Pero también ha habido medulares períodos de movilidad social; sobre todo en los 50 años posteriores a 1958. La banca hipotecaria y las entidades de ahorro contribuyeron a incrementar una base sólida de la clase media productiva. Cientos de miles de familias pudieron adquirir viviendas gracias a los créditos a largo plazo y tasas fijas otorgados por esas entidades. En el período de Pérez Jiménez, que precedió la era democrática iniciada en 1958, en sólo 6 años se construyeron grandes obras públicas; algunas con plena vigencia. No obstante la corrupción y la brutal represión del régimen francamente dictatorial, el avance urbano y de infraestructura echaron las bases para posteriores desarrollos.

En los 50 años de democracia, tan vilipendiados por Chávez, se forjó la «civilidad» de los militares, quienes entendieron que sus funciones debían estar subordinadas a la autoridad civil. Se quebraba así una nefasta tradición militarista de más de 100 años. También comprendieron que la preponderancia del mundo civil es indispensable en los Estados democráticos para evitar la tentación de usar las armas que la república pone en sus manos para propósitos particulares separados de los designios constitucionales. En regímenes despóticos, por el contrario, es el mundo civil el que se subordina a la preponderancia militar.

En el gobierno de Pérez Jiménez hubo represión intensa concentrada en figuras políticas. La Seguridad Nacional protagonizó la persecución política represiva. Aun así, siempre hubo el pequeño margen de las liberalidades que la amistad y el compadrazgo permiten, o la venezolanísima costumbre de «arreglar» contenciones bajo la excusa de un par de lamparazos de cerveza o ron en cualquier bar de mala muerte. Famoso por esas tertulias es el Bar Gobernador, ubicado en la esquina del mismo nombre en populosa parroquia de La Pastora, en Caracas, a unas doce cuadras al Norte del Palacio de Miraflores.

El familiar de un preso que era amigo de Llovera Páez podía lograr que éste intercediera para cambiar la cárcel por la expulsión del país. La mujer que estaba bajo tortura y era amiga o conocida del coronel Pulido Barreto, jefe de Armamento de las Fuerzas Armadas, podía obtener una liberación temprana o en el peor de los casos, el cese del maltrato físico. No siempre era así. Hubo quienes no conocieron clemencia de los esbirros, pero había casos en los que alguna palanca funcionaba.

En la democracia pasó otro tanto. Hubo represión para instaurar la democracia y derrotar a los insurrectos, pero también hubo oportunidades. El adeco en el poder podía hacer algo por la mamá adeca cuyo hijo ex adeco andaba alzado. La red que conectaba a gente de izquierda y derecha, de arriba y de abajo, podía funcionar en algunos casos. Debe notarse que en muchas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la democracia, con frecuencia la mano que los ejecutaba provenía de antiguos camaradas convertidos en ‘sapos’, junto a mandos medios policiales que eran capaces de todo. Sin embargo, había dónde ir, aunque a veces fuera tarde.

Hubo quienes desde la clandestinidad salieron al exterior con gobiernos haciéndose de la vista gorda; hubo liberados como una manera de zanjar situaciones insolubles. La Pacificación fue el proceso realizado por una democracia en desarrollo, que le correspondió a Rafael Caldera ejecutar con destreza. Fue un acto de altura democrática, sin que el Gobierno y los partidos dominantes pidieran a los insurrectos pacificados renegar de sus convicciones. Los más radicales, los más alzados, enviaban y recibían mensajes cruzados con el Gobierno para buscar los caminos de la paz. «Paz Democrática» la llamaron los comunistas entonces. Más tarde llegaron los reacios del MIR y mucho más tarde los levantiscos de Douglas Bravo y Alí Rodríguez.

A la luz de los recientes acontecimientos hay que concluir que el proceso descentralizador que vivió Venezuela en la década de los 80 fue una simple farsa, pues si bien se dieron cambios importantes con miras a acercar recursos y servicios al ciudadano, pareciera que no se creó, debidamente, la conciencia ciudadana sobre las bondades de la descentralización. Ahora presenciamos cómo por coyunturas circunstanciales se echa al olvido uno de nuestros principios fundamentales de gobierno. Nada fácil fue ese proceso de restarle poder a los partidos políticos tradicionales para de esa forma fortalecer los liderazgos regionales y buscar la consolidación de las autonomías estadales y municipales. A pesar que muchos factores políticos se opusieron a ello, el cambio se dio y con ello se inicio una gesta destinada a consolidar una verdadera federación.

Sin embargo, no se debe olvidar que fue el gobierno de Caldera el que puso el primer freno a la descentralización y luego el de Chávez, que se ha encargado de revertirla completamente con miras a concentrar todo el poder en su sola persona. Una reciente derrota electoral del partido de gobierno, en unos Estados claves, ha consolidado el regreso al Estado centralista. Ya hoy queda muy poco, por no decir nada, de esa ilusión de transferir el poder de Caracas a las regiones.

En relación con el proceso de radicalización que relanza el gobierno, con el nuevo slogan ‘Vamos a barrer a la contra-revolución’, hay una experiencia internacional emblemática de cómo el mal se transformó en algo banal. Fue la de los nazis en relación con los judíos. No sólo detestaban a éstos dentro de un proyecto geopolítico, sino que el rechazo lo transmutaron en perfil de Estado, a través de la destrucción del tejido social alemán, para luego reconstruirlo a imagen y semejanza de la barbarie. Primero, los judíos eran señalados como culpables genéricos de la corrupción de la raza y del pueblo; más adelante se les impusieron restricciones de oficios y niveles; luego, convirtieron a muchos «arios» en autores de la segregación de sus propios amigos, clientes, patronos, empleados. No tardaron en convertir la segregación en un hecho territorial y los amigos «arios» y los judíos no pudieron compartir. Sus hijos dejaron de ser compañeros. No regresaron nunca más juntos a la montaña. La realidad se transformó en los nuestros, nosotros, y los otros, ellos. Una vez que todo lo que los unía fue destruido vino la matanza de los que ya habían dejado de ser «nuestros». Su aniquilación física sólo fue el momento terminal de una terrible historia que comenzó con una sutil segregación.

La operación de exterminio es física cuando salen los pistoleros a hacer la revolución; sin embargo, hay otra operación similar, de exterminio político y moral, de quienes ya ni siquiera son considerados compatriotas. Ésta es la operación que está en marcha en Venezuela y es implacable. El compromiso de quienes se autodefinen demócratas es detener el genocidio social en Venezuela, que comenzó en enero del 2003 con la expulsión írrita y sin convenimiento laboral de más de 20.000 trabajadores petroleros (cuyo único ‘pecado’ fue solidarizarse con un paro cívico nacional) y continuó con la instauración del más terrible ‘apartheid’ tropical, evidenciado en la fatídica ‘Lista Tascón’ y convalidado en posteriores listas segregacionistas, como la ‘Lista Maisanta’ y más recientemente, la resucitada ‘Lista Carmona’, con la que se pretende aniquilar moral, social y políticamente a un grupo de venezolanos que acudieron a Miraflores, la noche del 11 al 12 de abril de 2002. Está en marcha el ‘ajusticiamiento judicial’ de uno de ellos, Manuel Rosales.

Han transcurrido siete años de la masacre de Miraflores y el régimen, con una política sistemática de descalificación, pretende borrar de nuestra memoria histórica la noble batalla que dieron aquellos venezolanos, ignorando intencionalmente la contundencia de sus actos. Es indispensable para ellos mostrarse como un poderoso ente monolítico inmune a cualquier «amenaza», sin embargo deben recurrir a las más grotescas trampas para intentar callar la voz del pueblo venezolano.

Alrededor del 11 de abril, con lo que esa fecha significa, se ha construido toda una realidad virtual, usando una campaña sucia cuyo único fin es transformar el pasado de una manera favorable para el régimen, ello significa, entre otras cosas, que las víctimas aparezcan como victimarios. Esta expresión de crueldad, injusticia e impunidad implica el desprecio por la idiosincrasia y la cultura democrática de nuestro pueblo.

Ese 11 de abril de 2002 ocurrió una de las manifestaciones más bellas, pacíficas, llena de ideales como nunca antes habíamos visto en nuestro país. Un pueblo noble salió a luchar por lo que siempre se nos ha querido arrebatar, el derecho supremo a sentirnos orgullosamente venezolanos. Más allá de las diferencias, movidos por la impotencia de ver cómo la patria se derrumba ante nuestros ojos, la ciudadanía se unió en un solo grito de paz. Quienes participaron en aquella heroica experiencia pueden dar fe de ello.

En la búsqueda de los culpables de la «conspiración de abril» se ha recurrido a la persecución indiscriminada, todo el que convenga está bajo sospecha. Amañar un juicio, haciendo gala de un cinismo sin precedentes, sentar en el banquillo a venezolanos inocentes no es más que un insulto a nuestro país y una canallada para los familiares de los presos. No se puede dejar de mencionar al «tiburón sin careta», quien pretendió usar a un grupo de nobles oficiales para que masacraran al pueblo, cosa a la que obviamente se negaron.

De la abultada Lista Carmona, resucitada a propósito de la ‘condena-a-priori’ que se le hace a Manuel Rosales, anuncian que proseguirán la razzia con otros, seleccionados por su notoriedad política o mediática (como es el caso de Américo Martín-MIR- y María Corina Machado-Súmate-) y para cuando la población se acostumbre a la persecución de los líderes comenzará la tercera etapa de la radicalización de la revolución socialista: La persecución implacable de la disidencia a nivel de pueblo, a través del brazo armado de los Consejos Comunales los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) en todas las urbanizaciones y barrios del país, siguiendo la receta que se dicta desde el G2 cubano.

En la madrugada del lunes 3 de diciembre de 2007 el CNE había hecho público el resultado oficial: la propuesta de reforma constitucional había sido derrotada en las urnas. Los 69 artículos, votados en dos bloques (A y B) fueron rechazados por 50,7% y 51% de los electores, respectivamente.

«Ni una sola coma de esta propuesta yo retiro. Continúo haciendo la propuesta al pueblo venezolano. Esta propuesta está viva, no está muerta. No se pudo por ahora, pero lo mantengo», advirtió desde el Palacio de Miraflores el presidente Hugo Chávez al admitir la «victoria pírrica» de la oposición. Estimó que 49% de apoyos obtenidos por su propuesta habían sido «un gran salto político» para su proyecto socialista.

Entre marzo y abril de 2009 la Asamblea Nacional se ha encargado de materializar un capítulo clave del proyecto derrotado, al vulnerar el espíritu de los artículos 16, 18, 157, 158 y 164 de la Carta Magna -que expresamente los electores decidieron mantener intactos- con la sanción de la reforma de Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias a los Estados y la más reciente sanción de la Ley del Distrito Capital.

Pero en el 2009, luego de ganar una forzada reforma que le permite postularse a la Presidencia de manera indefinida, de nuevo aparece un patrón estratégico en el comportamiento de un Chávez triunfador: cruzar la raya. Así fue luego del arrollador triunfo del 3D-2006. En aquel entonces fue de torpeza en torpeza hasta la debacle del 2D-2007. Ahora viene siguiendo, rigurosamente, el mismo patrón. Quizás más atrevido por haber tenido dos triunfos seguidos, y que, quizás, no le permiten ver y menos comprender la continua erosión que su liderazgo viene presentando, de modo sostenido, en las zonas urbanas.

EL ESCENARIO

La mejor demostración del terror que le produce a Hugo Chávez la crisis económica y sus consecuencias políticas y sociales son las acciones que ha tomado últimamente. Su objetivo es establecer un régimen totalitario que preserve ante la opinión internacional su supuesta legitimidad democrática. Dicho plan tiene tres grandes líneas estratégicas: la primera, busca debilitar a los factores de capital. La amenaza al Grupo Polar muestra el camino que han tomado. La segunda, establece una ofensiva en contra del liderazgo emergente de la oposición. El enjuiciamiento de Manuel Rosales, las amenazas a Antonio Ledezma, César Pérez Vivas, Hemrique Salas Feo, Henrique Capriles y Morel Rodríguez, el debilitamiento de la descentralización y la reducción presupuestaria son algunas de las acciones que hemos visto tomar en estos días. La tercera, tiene por objetivo aterrorizar a los grupos disidentes de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad del Estado. La detención del general Raúl Isaías Baduel y la sentencia arbitraria en contra de los comisarios y agentes de la Policía Metropolitana cumple cabalmente esta finalidad.

No todas las acciones del gobierno son simples estallidos espontáneos e imprevistos, tampoco se debe asumir que todo lo malo que le ocurre al país es producto de un plan cuidadosamente elaborado, pero quienes detentan el poder en Venezuela están siguiendo al pie de la letra la cartilla de las peores tiranías totalitarias del siglo XX, la hitleriana y la estalinista, que se identificaron siempre con la bandera roja del socialismo. En este momento, ejecutan al menos dos de sus postulados fundamentales.: El asesinato moral de los opositores, paso previo a la liquidación física, y la desmoralización generalizada de la ciudadanía.

Estamos en una etapa post democrática de este gobierno electo por la mayoría. La escalada es una realidad anunciada en días pasados por el ministro Diosdado Cabello cuando afirmaba que van a asumir sin complejos la «radicalización», lo que en definitiva implica en la práctica el colocarse al margen de lo que establece la propia Constitución.

Lo que Chávez y su gobierno buscan de todos nosotros es un estallido social, pero en el terreno que él escoja donde quede a salvo el poder y su propio pellejo. Para diseñar las estrategias emergentes que enfrenten con éxito la ‘arremetida contra revolucionaria’ que anuncia el Presidente, la Mesa Situacional deberá analizar los escenarios que se abordan de seguidas, y tomar la previsión estratégica y táctica para la ejecución de las acciones necesarias.

1.- Un gobierno fuera de la Constitución:
Si en cualquier otro país con un sistema de gobierno democrático el Presidente o Primer Ministro, aupase una ley ante el Poder Legislativo con el único propósito de tener la facultad de designar una autoridad regional, que hasta ese entonces venía siendo nombrada a través del voto de los ciudadanos, es predecible el escándalo que tal medida originaría, pues lo que no puede pensarse dentro de una verdadera democracia es que el pueblo sufra una merma de sus derechos electorales y, mucho menos, que esos derechos se los arrogue el gobernante de turno. Pero si con dicha ley, lo que se busca es nombrar a dedo una nueva autoridad que suplante a la ya existente, recién elegida popularmente, entonces, ya no solo deberíamos hablar de escándalo sino también de crisis política y democrática.

Esto es precisamente lo que acaba de ocurrir en Venezuela con la Ley Especial del Régimen del Distrito Capital, aprobada por la Asamblea Nacional hace unos días, y que tendrá su continuación con la sanción definitiva del proyecto de Ley de Ordenación Territorial que esta engavetado desde mediados del año pasado, y con la cual el Presidente Chávez podrá nombrar autoridades paralelas a las ya existentes, e incluso crear nuevas entidades político territoriales, que cabalguen sobre las gobernaciones, las alcaldías, y por supuesto, sobre la siempre pisoteada Constitución Bolivariana. De esta manera se desconoce, una vez más, la voluntad manifestada en las urnas por los venezolanos que eligieron como Alcalde de la ciudad de Caracas a Antonio Ledezma, quien recordemos, llegó como candidato a esa elección, por descarte, es decir, como consecuencia de pasar el filtro que le impuso el Gobierno a los precandidatos de la oposición inhabilitándolos políticamente.

Esta es una ley absurda y, por ende, inconstitucional, pues no pueden coexistir dos leyes y dos autoridades para regimentar y gobernar la misma ciudad. En efecto, más allá de si la ley en cuestión no es democrática por las razones expresadas, nos quedaría considerar, legalmente hablando, el momento de su verdadera entrada en vigencia, que no puede ser otro que el de cuando el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma termine su mandato. Pretender que la Ley Especial del Régimen del Distrito Capital no colide con la vigente Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, dentro de la cual resultó electo Juan Barreto y ahora Ledezma, y que la nueva autoridad puede coexistir con el Alcalde Mayor, es pretender el triunfo del absurdo, con el único propósito de justificar la postura del oficialismo de no reconocer que su intención solapada consiste en arrebatarle el gobierno de la capital a la oposición política.

El desconocimiento de facto de los gobernadores y del alcalde metropolitano de Caracas electos en la plataforma de la alternativa democrática, y el posterior vaciamiento de sus cargos mediante manipulaciones legales es un golpe de estado, pues se está actuando contra la Constitución, en cuyo marco se crearon esos órganos del poder público y votó el pueblo, mediante una acción sorpresiva sobre organismos claves para controlar el aparato estatal.

Mientras la ‘revolución’ avanza con su plan hegemónico, evidenciado con el nombramiento a dedo de una ‘autoridad única’ sólo para el Municipio Libertador (que recayó en la dirigente del PSUV Jacqueline Farías) Manuel Rosales lanza un llamado desde la clandestinidad. En efecto, el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales (UNT), hizo circular en la tarde de 14 de abril de 2009, vía correo electrónico, una carta titulada «Declaración de lucha popular», en la que apela a una reflexión del fallecido ex presidente Rómulo Betancourt en 1949. El alcalde señala que en Venezuela ya se instauró la dictadura y que pese a estar en el exterior, Hugo Chávez «controló la decisión monstruosa» contra los comisarios de la PM.

«No nos queda como posible sino la acción popular de masas, constante, valiente, perseverante», cita Rosales al fundador de AD, para él añadir: «Hoy más que nunca necesitamos un movimiento de resistencia civil y democrático, que no arree la bandera ni tuerza la fe ni caiga en el derrotismo».

Desde el Poder Ejecutivo se focaliza la arremetida contra el marco constitucional de la República con la utilización de turbas violentas, que siguen el modelo de las S.A. de Rohm, en la Alemania nazi, de las «escuadras» de Farinacci en la Italia fascista y de los mal llamados «batallones de la dignidad» de Manuel Noriega, en Panamá.

2.- La desfiguración de la historia:
Han transcurrido siete años de la masacre de Miraflores y el régimen, con una política sistemática de descalificación, pretende borrar la memoria histórica, ignorando intencionalmente la contundencia de sus actos. Alrededor del 11 de abril, con lo que esa fecha significa, se ha construido toda una realidad virtual, usando una campaña sucia cuyo único fin es transformar el pasado de una manera favorable para el régimen, ello significa, entre otras cosas, que las víctimas aparezcan como victimarios. Esta expresión de crueldad, injusticia e impunidad implica, además, el desprecio por la idiosincrasia y la cultura democrática del venezolano.

El caso de los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, y los cinco funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) procesados por los sucesos del 11 de abril de 2002 actualmente condenados como aquéllos, evoca el caso de Nicola Sacco y Bartolomeo Banzetti, plasmado en la película de Giuliano Montalvo, que cuenta la historia de estos dos trabajadores anarquistas italianos emigrantes en Estados Unidos, quienes en 1927 fueron condenados a la silla eléctrica por un crimen que no cometieron. La razón de su condena estuvo más en su ideología que fue vista como una amenaza para el sistema político de aquellos años. El caso no fue un mero error judicial, sino un ejemplo de la utilización del sistema de justicia en defensa de los intereses políticos de la mayoría conservadora que entendió la condena como un escarmiento para quienes los adversaban.

Lo que ocurre en el país con el manejo político de la justicia debe servir de aldabonazo en nuestras conciencias para entender el axioma que sin justicia no hay derechos y sin derechos desaparece la libertad. El grotesco espectáculo montado en los tribunales de Aragua con los comisarios y agentes de la PM por la Fiscalía General y el Poder Judicial reflejaron a plenitud la carencia de ética de algunos de sus funcionarios, cuyas posiciones, alcanzadas debido a circunstancias políticas, nada tienen que ver con sus calificaciones morales o profesionales.

Chávez, como el Baltasar de Babilonia, celebra impúdico sus «éxitos», sin prestar oídos a las voces que claman por doquier. Creyendo que todavía es tiempo de despechos rentables, no sabe lamer en silencio sus heridas y por eso se abraza a Ajmadineyad e invita al criminal de guerra Bashir. Descuida un dogma central del mundo contemporáneo: no dejar que la prensa mundial te vea como lo que eres. No ha seguido el ejemplo de Fidel Castro, quien con pasión y mucho provecho siempre la cortejó.

La desfiguración de la historia se ha soportado en la vocería única del Presidente ¿Cuáles realidades ha creado la palabra dominante durante los últimos años en este patio que es Venezuela hoy? Que la IV República fue una cadena absoluta de perversidades. Que el 11 de abril hubo un golpe de Estado. Que los golpistas son los otros. Que se acabó con la corrupción. Que ahora la política sí es participativa. Que Venezuela ahora es de todos. Que los ministerios son del Poder Popular. Que nadie del gobierno tuvo nada que ver con la maleta de Antonini. Que Pdvsa es socialista. Que el capitalismo y otros países son los culpables de todos nuestros males. Que el bolívar es fuerte. Que ahora sí hay justicia. Que la salud es para todos. Que cada venezolano tiene una vivienda digna. Que se puede ser médico en tres años. Que todos tenemos trabajo. Que ya no hay más pobres. Que se acabaron los niños de la calle. Que la historia ha sido distorsionada por los otros. Que Cuba es el mar de la felicidad. Que las elecciones han sido transparentes.

Esa estrategia de imposición de la palabra Presidencial ha sido eficientemente secundada por la del aniquilamiento sistemático de todo tipo de oposición, hoy arrinconada, para evitar que su palabra encuentre el eco necesario para crear otra percepción y, en consecuencia, otra realidad, que inevitablemente aparecerá. Y se impondrá.

3.- La participación de la sociedad civil en la Resistencia Democrática Activa:
Cuando hay una voluntad de poder delirante y destructivo no es posible salir de ella mediante un líder equivalente. Es más, sería altamente indeseable porque un líder equivalente tendría que ser igualmente patológico. A Hitler no lo saca un héroe, lo saca una coalición de personas conscientes del importante rol que cumplían; hombres de Estado, no necesariamente líderes de masas; ni siquiera de grupos o partidos; gente que tenía la racionalidad suficiente para juntar cabezas y estudiar cómo resolver el problema.

Es evidente que los logros políticos del régimen le han dado cierto acorazamiento al proceso, y confort personal a sus mentores. Tal realidad no debe desmoralizar a los demócratas en su objetivo de pasar de la unidad del discurso a la unidad de la actuación de los factores democráticos organizados bajo diferentes formas y ubicados en diferentes instancias del país. Tal paso significa la inminente apertura de un espacio de acuerdo plural, que funcione como un crisol democrático, asociando voluntades cuyos atributos sean la tenacidad, la perseverancia, la obstinación, y la constancia en las decisiones que conducirán a coronar un proyecto de país realizable, incluyente y atractivo para todos los venezolanos.

El estudiantado venezolano es un ejemplo de ello. Ha venido dando demostraciones de valentía en defensa de los valores democráticos. Sin recursos pero con mística, sin respaldo político pero con inquebrantable combatividad. Están en la lucha cívica con la consigna de la libertad, por la convivencia y la paz. Los estudiantes no cesan en el noble empeño que nos convoca y compromete a todos: Venezuela.

Hoy necesitamos de un liderazgo colectivo y conectivo pues la naturaleza colectiva del liderazgo consiste en muchas personas asegurando que se cumpla la función social del liderazgo, asegurando a nivel social un modelaje, sentido de dirección, cohesión, motivación, compromiso e inspiración para la acción colectiva voluntaria, sostenida y responsable. Para alcanzar la meta de la ‘re-democratización’ de la sociedad venezolana se debe asegurar que cada vez más gente participe y trabaje, cooperando en diferentes formas, pues así se incrementa la posibilidad de que personas que son capaces de realizar ellos mismos los cambios necesarios, se involucren para influenciar de forma decisiva en el cumplimiento de la función de liderazgo. A esto se le llama liderazgo conectivo –que conecta- propio del liderazgo colectivo. El liderazgo venezolano requiere capacidad social para darse cuenta que las decisiones y acciones deben tener sentido en oposición a decisiones y acciones sin sentido; capacidad para crear sólidas conexiones entre la diversidad y capacidad para navegar con agudeza en ese «mar picado» de retos compartidos entre diferentes.

Los que pretendan convertirse en dirigentes de la alternativa democrática deben responder oportuna e inteligentemente a la arremetida fascista que desde las filas del Gobierno llaman “El ataque a la Contrarrevolución”. Para ello hay que conformar urgentemente una instancia unitaria de dirección que no puede ser otra ‘Coordinadora Democrática’ subsumida en una asamblea de grupitos y grupúsculos. Los grupos y personalidades de la sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación, deben aceptar el rol de asesores y dejar la dirección política a los políticos.

<4.- La economía venezolana: Una paradoja inaceptable
La reputada revista The Economist afirma que la democracia venezolana está en peligro, mientras la Conferencia Episcopal Venezolana dice que el sistema democrático está «en grave riesgo de colapso». Efectivamente, el presidente Chávez ha implementado una serie de medidas, que demuestran claramente su vocación totalitaria, de evidente estirpe fascista (como nos aclara Enrique Krauze, en su reciente libro El Poder y el Delirio), condimentada con una retórica y una praxis económica neocomunistas.

No obstante los fabulosos ingresos que por renta petrolera percibe Venezuela durante el último decenio, el clima para los negocios en el país cayó a su peor nivel en 18 años, desde 1990, cuando la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil y el Instituto de Estudios Económicos de la alemana Universidad de Múnich (IFO) empezaron a elaborar un índice sobre la materia. Según el informe divulgado por la Fundación Getulio Vargas, el llamado Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina se ubicó en enero de este año en 2,9 puntos frente a 3,4 puntos en octubre de 2008 -cuando comenzó a acentuarse la actual crisis financiera internacional- y 5,2 puntos en enero de 2008. El país con el peor clima de negocios en América Latina es Venezuela, que bajó de 2,3 puntos en octubre de 2008 a 1,9 puntos en enero de 2009; en una posición más baja que Ecuador, que cayó de 3,3 puntos a 2,3 puntos; y que Argentina, que descendió de 3,2 puntos a 2,5 puntos, en idéntico lapso desde octubre de 2008.

Cabe recordar que el ICE es un promedio del Índice de Situación Actual (ISA), que mide la nota con la que los economistas de la región califican la coyuntura económica, y el Índice de Expectativas (IE), que evalúa lo que los analistas esperan para los próximos seis meses. Para el estudio de enero 2009 fueron consultados 137 especialistas y economistas de 16 países de la región. Las mejores puntuaciones para la situación actual las siguen ostentando Uruguay (7,0 puntos) y Perú (6,8 puntos).

La coexistencia ilógica de altos ingresos petroleros y desbaratamiento del aparato productivo nacional constituye una verdadera paradoja económica difícil de digerir, pues frente a los ingresos récords de los precios por barril de crudo que obtuvo la nación, la economía venezolana muestra una singular paradoja: La inflación que -en materia alimentaria- excede del 55% (en el primer trimestre de 2009), el desempleo contabiliza más de 6 millones de venezolanos, el déficit habitacional de casi 4 millones de viviendas, los 200 mil homicidios en 11 años y ninguna obra en materia hospitalaria, agroindustrial, infraestructura vial.

Lo expuesto en los tres párrafos anteriores conducen a una simple, pero dramática conclusión: Venezuela tiene una economía invertida, en la cual el régimen posee o controla todo. En el Índice de Libertad Económica de 2009, un libro publicado por la Heritage Foundation, un grupo de expertos de Washington, 179 países están clasificados según la presencia o ausencia de 10 libertades en áreas como propiedad privada, comercio, industria, dinero, inversión, trabajo, corrupción y coacción. Los seis países que más se acercan a un índice perfecto de 100 son Hong Kong, con 90; Singapur, 87; Australia, 83; Irlanda, 82; Nueva Zelandia, 82; y EEUU, 82; los seis están entre los países más ricos del mundo. Las últimas seis naciones son Venezuela, 40; Eritrea, 39; Birmania, 38; Cuba, 28; Zimbabue, 23; y Corea del Norte, 2; las seis se encuentran entre los países más pobres, con una excepción técnica: Venezuela.

Desde 2005, los ingresos de Venezuela se han duplicado. No por ello cada persona recibe el doble de su ingreso de 2005, sino que el Estado tiene toneladas de dinero adicional para gastar como quiera. Dado que Venezuela es un monopolio económico, todos los petrodólares van al gobierno y no a la población. De allí que la población pueda seguir pobre mientras el régimen se enriquece.

Pero todo el mundo se pregunta (igual que lo hizo públicamente Luis Herrera Campins en su campaña electoral) ¿Dónde están los reales? Una simple revisión del balance consolidado del BCV de febrero de 1999 versus febrero de 2009 refleja que los Activos de Reserva Netos pasaron de ser 2.4 veces la base monetaria a sólo 0.8 veces de ellas en el lapso de 10 años. En otras palabras las defensas del valor del bolívar se han erosionado dramáticamente. Hay varios indicadores que los expertos subrayan:
El Fondo para la Estabilización Económica, el FEM, creado con bombos y platillos en 2003 con 700 millones de dólares muestra tener solo unos 826 millones de dólares para Febrero de 2009, a pesar de que en el lapso 1999 / 2008 ingresaron al país, sólo por factura petrolera, la cantidad de 850.000 millones de dólares.

Otro indicador es que del patrimonio del Banco Central se extrajo una inmensa cantidad de dinero para un FONDEN que está literalmente vaciado, a cuenta de ajustarlas a un «nivel adecuado de reservas internacionales». Puede ser que los Activos de Reservas actuales sean las suficientes como para cubrir las necesidades inmediatas del país, especialmente con la política de cupones de racionamiento que parecería ser nos espera a la vuelta de la esquina, pero, lo que sí es seguro, es que el valor de todos los bolívares ya ha sido expropiado de facto.

Finalmente también queda la duda sobre si las cifras que publica el BCV sobre la Reservas son ciertas o no; de si están o no ajustadas al valor mercado, como también flota la duda sobre la validez y la pertinencia del registro a valor nominal de los papeles argentinos y cubanos que afectan dramáticamente el balance consolidado del BCV.

<5.- La revolución se blinda con leyes Prét-a-porter
El proyecto político que se viene implementando en Venezuela desde hace 10 años, supone para su instauración tres instrumentos fundamentales: instituciones articuladas dentro del proyecto revolucionario, legalización de decisiones y actores ejecutantes supeditados a la unidad de conducción del único líder que reconoce el proceso. Tal arquitectura gubernamental permite diseñar un corpus legal ‘a-la-medida’, pero suficientemente dinámico y ‘quita-y-pon’ que esté a la velocidad de involución que el régimen demanda.

Un ejemplo de esa arquitectura de poder es la reciente decisión que condena a 30 años de cárcel a los comisarios y al resto de policías de la Metropolitana. Desde el retraso procesal hasta la decisión misma, asistimos a una serie de ecuaciones políticas que muestran la poca calidad humana del régimen, y la inescrupulosidad con la que se avanza hacia los objetivos revolucionarios.

En su tercera reunión en menos de un mes, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia continuó revisando las leyes que la Asamblea Nacional pretende reformar en este período legislativo. El 15 de abril de 2009 fue el turno de los códigos de Comercio y de Procedimiento Civil y de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. “ Con ellos se pretende modernizar, agilizar y adaptar los instrumentos al contexto histórico socialista que vive el país», aseveró el Diputado Manuel Briceño al ser interrogado sobre la orientación que tendrán los cambios a textos como los que se prevé hacerle al Código de Comercio, el cual regula las actividades económicas y empresariales. Con respecto al Código de Procedimiento Civil y a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aseguró que la principal propuesta formulada fue la incorporación de la oralidad.

Simultáneamente, el ‘proceso convertidor’ hacia el modelo socialista prosigue indetenible en la Asamblea Nacional pues el proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, que contempla la creación de autoridades regionales, se llevará a la plenaria de la Asamblea Nacional para su aprobación durante la segunda semana de mayo.

El proyecto cuenta con 206 artículos y, según ha explicado su autor, El diputado Manuel Briceño (PSUV-Mérida), proponente de la norma, se expone como valor fundamental el hecho de que todos los gobernadores y alcaldes, independientemente de sus posiciones, deberán ceñirse al Proyecto Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista del país. La disposición 19 fija que el Presidente «designará una autoridad regional para cada región funcional, para el desarrollo de políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio que así lo requieran».

La herramienta redactada por Briceño subraya que «las administraciones públicas estadales y municipales, y sus entes descentralizados, estarán sometidos a las directrices impartidas por las autoridades regionales». En la iniciativa se incorporan los conceptos de «distrito productivo» y «región funcional». Esta última se define como «la unidad que integra las ventajas comparativas de los diferentes ámbitos geográficos del territorio nacional, y que responde al modelo de desarrollo endógeno y sustentable, para la creación, consolidación y fortalecimiento de cadenas productivas».

La formación, supresión o modificación de esas zonas responderá al criterio del mandatario nacional, así como la constitución de las áreas bajo régimen de administración especial.

Pero también, desde el seno de la Asamblea Nacional se ha aprobado en primera discusión un proyecto de Ley del Sistema de Justicia que pasa por encima del artículo 267 de la Constitución, como si no ella existiera. Que la Constitución no se puede reformar mediante ley lo sabe un estudiante de primer año de derecho, pero para saber que eso ocurre en Venezuela no hace falta estudiar nada. Aquí la Constitución se modifica por legislación, por sentencia judicial, por decreto y a través de Aló Presidente. Sobre todo así.

Casi de manera simultánea, en la misma semana, la Sala Plena del TSJ ha aprobado otro “Plan de Reestructuración” del Poder Judicial. Otro más. El primero fue el “decreto” de emergencia judicial de la Constituyente, el 18 de agosto de 1999 cuya justificación fue “garantizar el fácil acceso de la población a un sistema de justicia que actúe con la mayor transparencia, imparcialidad, autonomía, celeridad y simplicidad” y en algún momento vino aquel operativo depurador que podríamos llamar “Misión Velásquez Alvaray”.

Mientras desde la Asamblea Nacional (con la aprobación a priori del T.S.J.) se diseñan los instrumentos legales que le permitan al régimen un piso legal, el blindaje del gobierno se ejecuta por mampuesto, vía CNE. En efecto, las peticiones de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) no prosperan. Después de una reunión que se prolongó por cuatro horas los rectores del Poder Electoral -con el voto en contra de Vicente Díaz- rechazaron la solicitud del Consejo Legislativo del Zulia (CLZ) para que se activara una consulta popular que permitiría conocer la opinión de los 2.794.421 electores de la entidad sobre la autonomía administrativa del estado.

Los rectores consideraron que la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público es de carácter nacional, lo que impide que se convoque una consulta popular de ámbito regional para evaluar la opinión de los ciudadanos sobre cómo debe aplicarse la norma legal. La sesión del CNE también rechazó la solicitud de convocar un referendo consultivo para dirimir el destino del antiguo mercado de Chacao. Los rectores justifican su decisión recordando que el 28 de octubre de 2008 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una medida cautelar que prohíbe a las autoridades municipales y metropolitanas dictaminar actos administrativos en tanto no salga una sentencia definitiva sobre el viejo mercado.

El despido írrito y sin fórmula de liquidación de 18 mil trabajadores de Pdvsa, las elecciones parlamentarias de 2005 en las que participó sólo el 15% del padrón electoral, o aquel infamante «uh, ah, Chávez no se va» en el inicio de las sesiones del Tribunal Supremo en 2006, son sólo muestras de cómo en Venezuela el Estado de Derecho es papel mojado, y mucho más desde que la Asamblea Nacional aprobó dos leyes que revierten la descentralización, expropia empresas sin fórmula conocida de pago y acosa a figuras de la oposición en tribunales absolutamente sumisos, del mismo modo como condenó a los comisarios Vivas, Forero y Simonovis, y a seis policías metropolitanos, por el caso del 11 de abril de 2002, en una sentencia que ha provocado el repudio del país.

La consideraciones anteriores vienen al caso dadas las recientes iniciativas impulsadas desde Miraflores, apoyadas por la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, bajo la mirada pasiva de la Fuerza Armada, orientadas a reforzar el poder del Presidente de la República a costa de la democracia y afirmadas sobre el desconocimiento de la voluntad popular expresada en elecciones mediante el voto; incluso usando para ello de las formas del Derecho, pero vaciándolo de contenido ético y finalista: medios en apariencia legítimos con miras a fines ilegítimos y fines supuestamente legítimos a través de medios claramente ilegítimos.

Así las cosas, en su intento por reforzar su poder político personal a costa de la libertad y de las instituciones republicanas, el Presidente Hugo Chávez Frías avanzó hacia la reforma de la Constitución de 1999 situando como elemento central a su reelección indefinida como Jefe del Estado; todo ello dentro de un cuadro de nuevas relaciones sociales y de poder modificatorias de la ingeniería constitucional precedente y bajo el argumento de un avance del país hacia el Socialismo del siglo XXI, mero plagio de la Constitución comunista cubana de 1976.

6.- Al golpe y cuida:
Para blindarse con leyes a la medida de sus designios, Chávez abusó de un medio legítimo y democrático – el voto referendario – para ponerle coto y amarras a la democracia, consumando un golpe de Estado.

Hay quienes piensan que los golpes de estado ocurren únicamente cuando, desde afuera y mediante mecanismos de fuerza, se derriba a la autoridad constituida. O sea, lo que el actual Presidente y otros intentaron en 1992 y que, curiosamente, ellos llaman “rebelión militar” y rechazan que se le califique de intento de golpe. Es verdad que eso es un golpe, y lo que estamos viviendo también. Porque los golpes pueden darse desde dentro y desde arriba, para ensanchar el poder de los que mandan y ubicarlo por encima de todo control, incluso el de la Constitución.

Tan es así, que el arquetipo del golpe, el que puede decirse que bautizó el coup d’etat como desde Francia se llamó para el mundo, es el de Luis Napoleón Bonaparte, quien siendo Presidente constitucionalmente electo desde 1848, en 1851 disolvió la Asamblea Nacional, detuvo a los jefes de partidos opositores, y convocó a un plebiscito para legitimar su acción mediante una nueva constitución que fortaleció al Ejecutivo y creó una presidencia decenal y reelegible. Terminó proclamándose emperador.

Las obras de Gabriel Naudé (Consideraciones políticas sobre el Golpe de Estado, 1639), Curzio Malaparte (Técnica del Golpe de Estado, 1931), o la más actual, de Edward Luttwak, con igual título que la de éste (1969), son emblemáticas en cuando a este fenómeno fáctico de la política, y también jurídico, pues como lo recuerda el maestro de la dogmática del Derecho, Hans Kelsen, ha lugar a la violación de la legalidad del orden existente y su mutación con un claro propósito: el reforzamiento del poder por quien lo ejerce.

Indiferentemente el título con el que se califique la circunstancia política actual e institucional de Venezuela , y al margen del debate que suscita la Teoría del Golpe de Estado, lo cierto es que en la práctica, un golde de estado es el acto llevado a cabo por órganos del mismo Estado. No se reduce, como se cree, a un levantamiento o insurrección que la experiencia demuestra ineficaces, y tampoco es una simple acción de la soldadesca sobre el centro del poder constituido.

Chávez ejecuta, de facto, un golpe de Estado “en-frío” y propicia un fraude constitucional porque cuenta con la complicidad la Presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, y la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Las tres, reparando en el continente y no en el contenido, impulsan una enmienda constitucional con idéntico motivo al de la reforma frustrada: sostener a Chávez en el poder, fortaleciéndolo por sobre la constitucionalidad y usando de un medio legítimo – de nuevo el voto – para un fin ilegítimo. Volvió a consumarse otro golpe de Estado.

La inhabilitación previa de candidatos y la persecución judicial, así como el desmantelamiento de las competencias de los opositores electos como gobernantes locales, blindan todavía más el poder ya omnímodo y abusivo del presidente Chávez, y aunque cuidándose las formas con las fórmulas sacramentales que brinda la ley, ha lugar a un golpe de Estado, porque lo ejecutado no responde al Bien Común sino a la idea del control totalitario de la sociedad por el gobernante golpista, quien al concentrar de facto las funciones de los demás poderes en él, y aún por encima de su fuente de legitimación que es el voto popular, consuma, como lo refiere la doctrina francesa, “una violación deliberada de las formas constitucionales por un gobierno, por una asamblea, o por un grupo de personas que detentan autoridad”.

Al revertir las competencias otorgadas a las regiones, trapisonda posible sólo con la complicidad del TSJ, la AN y el inexistente Poder Moral, el presidente Hugo Chávez está perpetrando un golpe de Estado por entregas pues la promulgación de la Ley Orgánica de Descentralización, que permite al Ejecutivo nacional reasumir el control de los bienes y servicios que administran las entidades federales, convierte al Presidente en un moderno y tropical Señor feudal, dueño de los bienes de la República.

7.- Tres fracasos inocultables: Salud, seguridad y educación:
Salud en terapia intensiva:

A los ya enormes retos que enfrentan médicos, epidemiólogos y otros especialistas, para tratar y controlar repuntes de enfermedades prevenibles por vacunas como la parotiditis y la lechina, o de aquellas transmitidas por vectores como dengue y la malaria, ahora se le suma un nuevo desafío: El diagnóstico y tratamiento de las llamadas zoonosis -enfermedades animales transmitidas al hombre- las cuales están emergiendo y re-emergiendo en Venezuela.

La reaparición y repunte de leptospirosis, brucelosis, cisticercosis, rabia y rabia selvática, entre otras zoonosis; los brotes de Chagas; así como la inexistencia y la inefectividad de las políticas públicas en materia de prevención y control de epidemias coloca al Ministerio de Salud y Protección Social de espaldas al país.

Una de las causas de la reaparición en Venezuela de enfermedades de animales en humanos es la eliminación del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) creado en 1992 para el estudio, prevención, combate y erradicación de enfermedades, plagas y demás agentes perjudiciales en animales y vegetales. El SASA era de vital importancia para el desarrollo, no sólo de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, sino sobre todo para la salud humana.

La liquidación del SASA, la decisión del Ejecutivo de esconder las información epidemiológica, así como la improvisación y la falta de políticas públicas sanitarias efectivas y coordinadas son los factores determinantes que han contribuido a la generación de los dos brotes de Chagas (en Chacao y Vargas) en menos de un año y medio y en la reaparición y repunte de casos de leishmaniasis, leptospirosis, brucelosis y rabia.

El rotundo fracaso de la Misión Barrio Adentro se puede medir, no sólo por la ineficacia del sub sistema de atención primaria, que suplantó a otros modelos ‘criollos’ de comprobada efectividad, sino por la estampida de los médicos venidos de Cuba, quienes han provocado una crisis de proporciones inimaginables entre los Gobiernos de Caracas y La Habana, al punto que por la cartera del Ministerio del Poder Popular para la Salud se han turnado una decena de ‘comprometidos compatriotas’, sin que ninguno haya podido frenar la diáspora de galenos antillanos.

Solidaridad Sin Fronteras es un pequeño grupo sumado a la causa desde que se conformó legalmente en agosto de 2004, en el Estado de Florida que lidera el programa bautizado Barrio Afuera como un grupo que brinda «ayuda humanitaria”. A través de un servicio de defensa de derechos humanos para todos los médicos cubanos que desean emigrar de Cuba, utilizando como trampolín a Venezuela y la misión Barrio Adentro. No se consideran una agencia de viajes ni una organización ilegal ni clandestina. Cuando esos médicos toman la decisión de desertar, ellos les ayudan para que puedan llegar a Estados Unidos.

En Miami hay al menos una decena de médicos escapados de Barrio Adentro. SSF señala que tienen contacto con más de 20 colegas desertores que hoy viven en Estados Unidos y estiman que, a lo largo del tiempo que lleva operando la misión, se han evadido unas 500 personas hacia Colombia, España, Estados Unidos, México y los menos afortunados están dentro de la propia Venezuela, esperando la oportunidad de ir a la tierra prometida del exilio cubano.

Los espacios dejados por los desertores no han quedado vacíos. La teoría que manejan en SSF es que los han sustituido personas sin la preparación adecuada. No todos son médicos pues hay muchas quejas y testimonios de profesionales venezolanos sobre mala praxis, diagnósticos errados y uso de términos inadecuados.

Pero mientras la misión se desintegra, los módulos lucen abandonados y la población se agolpa en las atestadas salas de emergencia del Servicio Público de Salud, totalmente colapsado el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, aprueba 400 millones de bolívares fuertes para continuar fortaleciendo a la Misión Barrio Adentro I y II.

<Seguridad bandida:
En todo el territorio nacional, el pueblo clama por seguridad, una garantía constitucional que las autoridades encargadas de su ejecución se saltan a la torera y que ha producido en los últimos diez años de revolución socialista más muertos por cada cien mil habitantes que los conflictos bélicos en Irak y Afganistán juntos. El problema ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, autoridades éstas que han visto comprometida gravemente su ética y su moral, al ser partícipes directos de los delitos que supuestamente deben combatir.

Un total de 110 funcionarios policiales del estado Aragua fueron destituidos de ese cuerpo de seguridad por estar incursos en diversos hechos delictivos, mientras que otros seis están siendo investigados por la muerte de dos de sus compañeros en hecho ocurrido el pasado 23 de marzo. Los uniformados destituidos están siendo investigados, en su mayoría, por los delitos de robo y hurto de vehículos.

A finales de 1998 las muertes por homicidio sumaban 4.550 víctimas. En 2003 fueron 11.342 los homicidios y la cifra oficial y maquillada de 2006 se situó en 12.257 homicidios, a partir de la cual los organismos internacionales declararon a Venezuela como el país más violento del Occidente. En el 2007 se verificaron 49 homicidios por cada 100.000 habitantes, elevándose la cifra a 13.200 víctimas.

Mientras todos estos sucesos copan la atención de la opinión pública nacional, la Sala Constitucional del TSJ, con ponencia de Luisa Estela Morales, declaró, en revisión formal, la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía dictada por el Presidente mediante el decreto 5895, luego de lo cual éste procedió a promulgarla. Las competencias otorgadas a la Policía Nacional en la novísima Ley incluyen las que fueran propias de la Guardia Nacional, como las relativas a aduanas y protección ambiental, estrechamente vinculadas al cuidado territorial y de las fronteras.

Esta Ley desarrolla el artículo 164.6 y el artículo 178.7 constitucionales, relativos a las competencias de los Estados para crear policías y determinar sus ramas «conforme a la legislación nacional aplicable» y de los municipios para proveer al respecto. Pero se permite, bajo tal paraguas, aniquilar las competencias estadales y municipales en cuestión. Una cosa es que los estados y municipios dispongan sobre policía lo que les corresponde bajo las normas de la Ley Nacional y con apego a la Constitución, y otra cosa es pretender que los estados y los municipios organicen sus policías según lo diga y autorice el ministro del Interior, como reza la Ley sancionada. De modo que, cada estado que pretenda, según la Constitución, ejercer su «competencia exclusiva» para organizar su policía y determinar cuál de sus ramas confía al municipio debe pedirle licencia al ministro del ramo y obtener de él su acuse, según se establece en el artículo 31.

La Ley, además, le confía a los policías la función de «resolver conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación» (artículo 4), vale decir, confunde la función ejecutiva policial con la administración de justicia. Y desconoce, así, que la función judicial de resolución de conflictos en las comunidades, mediante el arbitraje, la conciliación, la mediación u otros medios alternativos, corresponde constitucionalmente a los jueces de Paz (artículo 258). Finalmente, la Ley prohíbe que los distritos metropolitanos puedan organizar cuerpos de policía o ejercer servicios de policía, asunto que, según la Constitución, corresponde decidirlo a los consejos legislativos estadales (artículos 171 y 172) y en el caso de Caracas a su Cabildo Metropolitano.

La ‘maleducada’ educación socialista:
La pretensión de ideologizar a los niños en las escuelas se inició con el fatídico Decreto 1.011 y prosiguió con el que nuevo diseño curricular anunciado por el Ministerio del Poder popular para la Educación, un proyecto que está orientado a desconocer el derecho a la educación libre y democrática establecidos en los artículos 102 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación vigente, sustituyéndolo por el de un modelo de sociedad socialista autoritario que acaba con la libertad y los derechos civiles y políticos y que convierte a los alumnos en receptáculos de una visión de país equivocada que desvirtúa la historia republicana del país y los convierte en miembros de una falange cuasi-militar, al servicio de una ideología.

Mientras el nuevo diseño curricular se impone a troche y moche en el sistema educativo venezolano, ahora ‘sistema educativo bolivariano y socialista’, los docentes acumulan dos años sin contratación colectiva. La única reivindicación fue el incremento de 40% en 2006 por decreto presidencial. Para saldar esa deuda el Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum), de tendencia chavista, presentó su proyecto al Ministerio del Trabajo. El documento, como es de esperar, lo atraviesa el socialismo del siglo XXI. Así las cosas, se propone un proyecto educativo sustentado en «los cinco ejes de equilibrio, los diez objetivos estratégicos y los cinco motores constituyentes hacia el socialismo bolivariano».

8.- Se manifiesta la entropía que antecede al caos social:
La entropía social se manifiesta de manera multi sintomática, con señales aparentemente desconectadas y sin inter relación: Aumenta la conflictividad laboral. 104 reclamos de los trabajadores en lo que va de año. 62% de la nómina estatal afectado por retraso en la contratación colectiva y entonces ocurre lo inimaginable: Ante la amenaza oficial, sindicalistas partidarios del proceso, opositores e independientes se entienden para luchar juntos.

En el primer trimestre de 2009, Pdvsa aporta al fisco un poco más del 50% de lo previsto. Las noticias provenientes de Guayana avisan de la grave situación de las industrias básicas y la peligrosa situación social. Las deudas de la CVG ponen en riesgo de cierre a las empresas de la región. Al CICPC le faltan siete mil funcionarios y casi dos mil patrullas. La SIP considera “dramática” la situación de la prensa venezolana. Brota el conflicto de los reclusos en once penales, y para abonar la siembre de lo desconcertante, en la Gobernación del Estado Miranda se venden miles de libros de las bibliotecas públicas como materia prima industrial. Mientras, el 20% de los médicos recién graduados se va de Venezuela y entre tantas noticias trágicas asociadas a la inseguridad ciudadana, destaca una: “Apuñalado médico en el Hospital de El Llanito mientras cumplía su guardia”.

Pero son las decisiones en políticas públicas, tanto a nivel macro como en lo micro, las que generan una profunda y silenciosa entropía en lo económico, como la descapitalización, el deterioro del capital humano, la caída de los salarios e ingresos reales, la caída de la inversión de la gente, caída en el consumo, y también en lo social que se evidencia en el deterioro de la calidad de vida de la gente y en el ensanchamiento de los umbrales de pobreza.

El país nacional necesita que el país político elabore, desde el marco de una resistencia democrática activa, una propuesta, una estrategia y un plan. La propuesta debe consistir en la elaboración de un proyecto alternativo al socialismo siglo XXI, con base en la pluralidad de pensamiento, el desarrollo económico con fundamento en la propiedad privada, en la libertad de empresa y en nuestras ventajas competitivas, pero que beneficie a la mayoría y con mecanismos que permitan disminuir drásticamente las desigualdades sociales y reducir la pobreza. La estrategia a diseñar debe marcar el camino a seguir para restablecer la Constitución y enrumbar al país hacia el desarrollo sustentable. El plan debe señalarnos los pasos que debemos dar y las acciones a emprender. Para que esto sea posible, es requisito necesario, pero no suficiente, la creación de un Frente común con participación de todos los actores políticos y de la sociedad civil que creen en la democracia.

Es urgente encontrar un nuevo punto de equilibrio político, donde funcionen en armonía, tanto la dialéctica de la política como las Leyes de la Teoría del Caos Social. Un equilibrio que nos permita aprovechar el potencial creativo de una población que demanda participación y la oportunidad única de la fase caótica en la que está entrando de manera irreversible el régimen, para de este modo aprovechar el Principio de la Turbulencia de la Ley del Vórtice, el cual asegura que las organizaciones sociales requieren para su desarrollo la ambigüedad de saber y no saber, de lo inadecuado, de la incertidumbre, de la alegría, del horror, de la aceptación de los rasgos metamórficos y no lineales de la realidad, es decir, de todas y cada una de las facetas del caos creativo.