Opinión Nacional

Ante la agresión autocrática, el pueblo unido

La complaciente decisión adoptada por una mayoría circunstancial en el seno del Consejo Nacional Electoral, además de arbitraria y, por ello, contraria a la Ley, puede ser calificada como una modalidad del golpe de Estado. Se ha hecho uso y abuso de la influencia que emana del poder, mediante el empleo de una pírrica mayoría, para satisfacer el capricho obsceno de un hombre cuya ambición no es otra sino la de lograr, por todos los medios a su alcance, la concentración del poder y ejercerlo en forma total a la usanza de la antigua monarquía absoluta. Para ese inmoderado e inicuo empeño nada vale el real sentido de la Constitución mil veces exhibida y tarareada como el “soporte” de la “nueva era”; así mismo, para esa claque genuflexa y servil poco importa la defensa, protección y garantía de la soberanía popular y demás expresiones de la libertad, la justicia, el pluralismo y la recta razón que deben servir de guía para la vida en democracia.

Para los gorrones que conforman esa mayoría accidental en el seno del CNE, la tarea ha sido cumplida. No hicieron otra cosa sino confirmar el fraude concebido y aupado desde las alturas del poder oficial, y que fue extendiéndose como el morbo de la metástasis hasta todos los intersticios de la red que defiende el intento autocrático en las instituciones que en mala hora controlan. Pero, se han encontrado con la firme posición de un pueblo que lucha y defiende, con las armas de la Constitución en la mano, su legítimo derecho no sólo para retirar el mandato que ostenta el presidente sino para enrumbar al país por las sendas del progreso en un clima de libertad y democracia. En otras palabras, el pueblo hastiado de tanto engaño e injusticias, cansado de “sobrevivir” en medio de un piélago en el que campean a talante la corrupción y la impunidad, desea cambiar de rumbo y ansía una salida democrática y pacífica para acabar con la miseria, el atraso, el desempleo, la inflación, la inseguridad y el deterioro galopante de la economía nacional como signos del más grande estrago y la mayor ruina que hayan sido sentidos en nuestra patria.

Pero el más caro anhelo del pueblo en el expresado sentido, evidenciado de mil formas y puesto de manifiesto en forma reiterada y constante, se halla ahora sufriendo los embates de la más fiel expresión del servilismo que exhibe a los cuatro vientos la “obra” de su exabrupto jurídico. En efecto, con el ánimo de “esconder” la fehaciente manifestación de la mayoría popular, expresado en la solicitud del Referéndum Revocatorio presidencial, se ha llegado a invertir la carga de la prueba: se acusa y señala, sin base o fundamento legal y razonable alguno, a más de un millón de firmantes que sus rubricas “son falsas” o que “están en entredicho…” Alegan que los firmantes no “llenaron” ellos mismos los renglones inherentes a sus datos de identificación… cuando en ninguna norma estaba estipulado que así se debía hacer o proceder… Se acuerdan, estimados lectores, cómo en los comicios anteriores (incluso todos los que se han efectuado durante este gobierno), cómo el propio CNE llevaba “listos” los cuadernos de electores…? Para dejar constancia de la comparecencia al acto de votación, el elector dejaba estampada su firma y su huella dactilar. Ahora, en este proceso refrendario, por su característica particular, no era (ni es) delito alguno que un funcionario electoral asistiere al elector en el llenado de sus datos de identificación en la planilla correspondiente. Evidentemente, “se ha buscado un argumento” para dilatar y torpedear una vez más la contundente presencia de la mayoría popular en solicitud de la revocatoria el mandato presidencial.

Este recurso, por así llamarlo, sólo es socorrido en regímenes autoritarios; recordemos las célebres acusaciones e interesados señalamientos manidos por los totalitarismos nazi-fascistas y estalinistas en su otrora apogeo. Al fin y al cabo, el insano empeño que anima al actual gobierno quiere “imitar” aquellos anacrónicos esquemas aún en los albores del siglo XXI. Lo que se pretende hacer, en forma por demás grosera, es “montar” una soberana burla a los electores que con sana convicción democrática expresaron su derecho constitucional para solicitar la revocación del mandato a un presidente que no ha cumplido a cabalidad con sus funciones conforme a la Ley. Al desconocer esa significativa cantidad de firmas, se llama ahora a un llamado “reparo” o “ratificación”, es decir, los que firmaron deben acudir de nuevo a señalar que sí lo hicieron…desconociendo el principio de la presunción de la buena fe; máxime cuando el acto de al firma en sí fue objeto de vigilancia, control y supervisión no sólo por los proponentes, sino por los testigos del sector oficialista, la fuerza armada y los observadores internacionales.

Al mismo tiempo, debemos recordar que es un elemental principio de derecho señalar que se es inocente hasta tanto de pruebe y demuestre lo contrario… Pero, ahora los inefables representantes de la mayoría circunstancial del oficialismo en el seno del CNE han dejado sentado que este principio no tiene vigencia entre nosotros… No buscaron otro procedimiento más acorde con la razón y lógica de la norma, en defensa del Derecho y para preservar la buena fe y la voluntad de los electores: obligan a los que de buena fe firmaron en las planillas asistidas (mal llamadas planillas “planas”…que no redondas o triangulares…), entendidas como aceptadas -y que por tanto se presumen válidas…- a probar que no han incurrido en delito o falta alguna al momento del reafirmazo… realmente, una torpeza del tamaño de un rascacielos y, es más, una afrenta a la moral del pueblo venezolano que bastantes muestras ha dado –a lo largo de su accidentada historia- de su constante lucha a favor de la libertad y de su fiel apego a la democracia.

Con razón esa inmensa mayoría está dolida en grado superlativo y no le queda otro camino sino agotar los medios de protesta cívica consagrados en la Constitución y las leyes. Ante esa actitud patriótica, el régimen arremete con saña y sin medida mediante el uso de la represión ilímite. Esa es la respuesta lógica ante la sarta de acciones emprendidas por el oficialismo, caracterizadas por la más burda insensatez tanto en plano jurídico como en el político; esa es la natural actitud de un pueblo que se siente agobiado por la obscena ola de agresiones que parte de una cohorte de serviles y adulantes para quienes parece no existir la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Ahí está la sangre de los caídos por enarbolar la bandera contra la opresión y que han contestado el irrespeto de sus derechos cívicos; ahí están las víctimas de los atropellos físicos y morales por su valiente posición en defensa de la libertad y la democracia; ahí están los presos políticos a quienes se les imputa como un delito de lesa patria su adhesión la justa causa popular.

Ante el nuevo estado de cosas, ante la arremetida del régimen contra la voluntad de la mayoría, no cabe vacilación de ninguna naturaleza. La razón asiste al pueblo. Venezuela se resiste a ser sometida a los dictados de un régimen anacrónico. En esta hora, ante las arremetidas de la autocracia sólo cabe la firmeza en la lucha que con justeza libra el pueblo en defensa de la libertad y la democracia. Ahora más que nunca la causa democrática debe conservar su raigambre para vencer la tentación autocrática y totalitaria. Las firmas, expresadas en justa petición conforme con la Ley, deben ser respetadas, su defensa se impone en resguardo de los supremos intereses de la patria. Ningún autócrata puede subsistir ante la avalancha de un pueblo unido en defensa de su dignidad.

*Abogado, Politólogo y Profesor universitario

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