Apoyo a la solicitud de renuncia de Luis Miquilena

Impulso Ciudadano solicita, formalmente, la renuncia del (%=Link(«/bitblioteca/ycamero/miquilena.asp»,»Sr. Luis Miquilena»)%),
presidente del Consejo Legislativo Nacional, por las siguientes razones:

El Sr. Miquilena fue Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Como
aspirante a la elección como Constituyente, el Sr. Miquilena alegaba la necesidad
de una nueva Constitución para relanzar la democracia en nuestra nación, Constitución
que tenía que ser producto de la consulta con todos los sectores del país.

En la práctica, y con la única finalidad electoral de someter la Constitución
a aprobación en diciembre de 1999, el Sr. Miquilena impuso un ritmo de aprobación
de artículos de la nueva Constitución Bolivariana que era imposible de llevar
a cabo de manera racional, obligando así los asambleístas a abandonar la revisión
de las numerosas propuestas llevadas a la asamblea por diversos sectores del
país, a cercenar el debate necesario y a limitarse a levantar la mano para aprobar
lo que un pequeño cogollo había ya aprobado tras bastidores.

Una vez aprobada en Referéndum la nueva Constitución Bolivariana, el Sr. Miquilena,
todavía Presidente de la ANC, fue el primero en violar tanto el espíritu como
la letra de la Carta Magna, imponiendo un nombramiento inconsulto de la nueva
directiva del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la República,
del Contralor General de la República, de la Defensora del Pueblo, y de los nuevos
miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

Luego, el Sr. Miquilena violó de nuevo tanto el espíritu como la letra de la
Constitución Bolivariana, estableciendo un régimen transitorio de facto, poniendo
en manos de un inconcebido Consejo Legislativo Nacional (CLN) -cuyos miembros
fueron nombrados por la ANC dominada por él, y auto-incluyéndose como miembro
de este cuerpo- todo el régimen legislativo y electoral de un período de transición
no previsto en la Constitución.

Elegido luego Presidente del citado CLN, el Sr. Miquilena permitió con su silencio
el establecimiento de una fecha de comicios -el 28 de mayo- totalmente reñida
con las posibilidades de llevar a cabo unas elecciones transparentes y dignas.

Acto seguido, el Sr. Miquilena violó de nuevo la letra y el espíritu de la nueva
Constitución Bolivariana, propiciando una reforma al Reglamento Electoral, a
pesar de no ser esto permitido en un período de seis meses antes de cualquier
acto comicial.

Durante el escándalo suscitado por el desastre organizativo y ético del CNE,
el Sr. Miquilena primero guardó absoluto silencio y luego, una vez suscitada
la suspensión de las megaelecciones, abogó por la permanencia en sus cargos de
los miembros de la directiva del Consejo Nacional Electoral, alegando que la
suspensión se debía a aspectos meramente técnicos. Todavía hoy insiste en que
la suspensión se debió a «errores» no graves, y en ningún momento ha abierto
en el CLN a su mando investigaciones en torno a lo acontecido en dicho organismo,
ni respecto a los fondos públicos perdidos por el mega desastre. Todo lo contrario,
no pierde oportunidad para minimizar la actuación fraudulenta de los directivos
salientes del CNE y para insistir, por todos los medios, en la necesidad y posibilidad
de realizar las elecciones en breve plazo, abogando abiertamente por su separación,
asunto cargado de significación política.

Por otro lado, el Sr. Miquilena ha aprovechado la prórroga otorgada por la posposición
de los comicios para acelerar a fondo la aprobación de instrumentos legales sumamente
complejos y delicados, como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de
Seguridad Nacional. Las repercusiones y consecuencias de las leyes mencionadas
hacen de éstas materia en extremo delicada y, por tanto, requieren de la revisión
y discusión por parte de toda la sociedad civil y, por ende, de un cuerpo legislativo
elegido por el pueblo y que sea realmente representativo de todo el país. A
pesar de esto, el CLN acometió su «estudio», y resultaron aprobadas en primera
discusión (aunque sin discusión) tal como fueron enviadas por el Gabinete Ejecutivo.

Estas leyes han sido objeto de muy serios cuestionamientos en cuanto al poder
discrecional que otorgan al Ejecutivo Nacional para investigar a supuestos enemigos
políticos y acallar a medios no complacientes. De acuerdo con la Cámara de la
Industria de la Radiodifusión (Camradio), los artículos 208 y 209 de la nueva
Ley Orgánica de Telecomunicaciones «violan expresamente los artículos 57 y 58
de la Constitución Bolivariana, así como el artículo 1º de la Ley de Telecomunicaciones,
y fueron incluidos a última hora en la CLN, sin que se nos consultara, a diferencia
del resto de los artículos, en cuya elaboración participamos todas las partes
involucradas». A pesar de lo fundamentado de estos argumentos, el Sr. Miquilena
y sus aliados en el CLN guardan absoluto silencio al respecto, limitándose a
pasar al siguiente orden del día.

Todo esto sin mencionar que el Sr. Miquilena primero fue nombrado Ministro del
Interior, en febrero de 1999. Como tal, y luego en su condición de Presidente
del todopoderoso ANC, fue señalado públicamente de haber utilizado su influencia
para abrir puertas a contratos jugosos para empresas y para socios que hasta
fecha muy reciente habían sido suyos. Si bien una querella interpuesta de manera
apresurada y sin ánimo por parte de la Fiscalía fue denegada por el Tribunal
Supremo de Justicia, ha quedado la impresión de que dicha querella fue mal instruida,
mal sustanciada y mal presentada, prestándose de antemano a su rechazo por las
instancias judiciales.

También ha quedado evidente para la opinión pública la manifiesta incompatibilidad
entre el hecho de que fuera el Sr. Miquilena el factor principal en el nombramiento
de estas nuevas autoridades de la Fiscalía y del TSJ, y el hecho de que fueran
precisamente estas autoridades quienes lo estuvieran juzgando.

Todos estos factores conllevan al convencimiento de que el Sr. Miquilena encarna,
en estos momentos, todo lo que hemos rechazado de la llamada IV República, y
que su permanencia en puestos de altísima responsabilidad en la República Bolivariana
de Venezuela es incompatible con la necesidad de ofrecer al pueblo garantías
de que su destino está en manos de instituciones y personas que desean cambiar
las cosas para que cambien realmente, no para que termine todo quedando igual
pero con nuevos actores.

Es nuestra convicción que el anunciado deseo de personeros de la V República
de sanear las instituciones e imponer un orden moral pasa, necesariamente, por
la separación de su cargo del Sr. Miquilena.