Opinión Nacional

Asamblea Nacional 2006-2011

La recientemente instalada Asamblea Nacional, prácticamente monocolor, tiene relativa legitimidad de origen, pero sufre de congénita minusvalía política. Sus 167 integrantes saben perfectamente, que representan a un universo minoritario, muy restringido, de la población venezolana, lo que de entrada reta su capacidad de análisis, sentido de dignidad política y personal, y lo que recientes trabajos de renombre internacional llaman “inteligencia emocional”. Requieren mucha sindéresis, en la comprensión reposada de la crisis política nacional, que –como lo escribí en columna anterior- trasciende las endebles fronteras de “gobierno” y “oposición”.

Las cifras preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), reflejan la catástrofe política ocurrida el 4 de diciembre de 2005 (4D), en la jornada electoral parlamentaria: 75% de abstención y 7% de votos nulos, lo que suma un 82%, para una participación de votos efectivos de apenas 18%. Muchos quieren hacer creer que no pasó nada o casi nada: ¡se auto engañan!
Si por comodidad asignamos al universo de electores y electoras, 14 millones, estamos hablando de aproximadamente 11 millones 480 mil personas que no votaron para escoger a los elegidos. Pero, ese 18% de participación se reduce al contabilizar los votos efectivamente recibidos por los elegidos, en cada lista regional y en cada circuito. Basta consultar (%=Link(«http://www.cne.gov.ve «,» cne.gov.ve»)%) y buscar los números redondeados y todavía “preliminares”, para constatar la congénita minusvalía política de los elegidos. Eso no tiene discusión, ni da para mucho discursito cursi y engañifas de ocasión, como lo han intentado hacer casi todos los voceros oficialistas, salvo el canciller Rodríguez Araque, quien muy diplomáticamente casi les preguntó públicamente, “¿de qué se ríen?”.

Una dosis de modestia no les vendría mal, a menos que pretendan convertir esa hecatombe en “triunfo”. Pero, bueno, estamos en esta Venezuela pragmática, en la que el mundo político pasa cualquier frontera, hasta la petulancia enfermiza y hasta ridícula. Así la audiencia sea cada vez menor, camino a la extinción histórica de quienes no han hecho más que catapultar los vicios, deformaciones e insuficiencias que distinguieron a los muertos históricos del reciente pasado puntofijista y neoliberal.

EL CONFESIONARIO

•LO DEL VIADUCTO CARACAS-LA GUAIRA
se los comenté a finales de 2005: puede llamarse la velita del séptimo año de fracasos político-administrativos de la gestión del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, en el área de infraestructura. No hay explicación que valga, ante tan glamoroso colapso vial en la conexión capitalina con sus naturales e históricos puerto y aeropuerto, desde los tiempos del “camino de los españoles”, y con la sufrida población varguense. No valen mezquinos ánimos opositores. Al contrario, duele, y mucho, porque ni los caraqueños ni la comunidad guaireña merecemos las catastróficas consecuencias de tal ineptitud. El colapso era inevitable, según todos los informes técnicos, como varias veces lo expusieron públicamente voceros del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Desde 1987, el diario capitalino “2001” lanzó una campaña de alerta, pero el “ya vamos pa’llá” de la Cuarta y Quinta repúblicas (como las llama el oficialismo chavista) no permitió una solución estratégica moderna, compleja y técnicamente bien concebida. Privó la irresponsabilidad, la corrupción y el cortoplacismo, sin solución de continuidad. ¡Vaya fracaso compartido! El colapso estaba anunciado desde hace más de una década, tiempo suficiente para construir una, dos o tres autopistas nuevas. De ese lapso, el 70% (siete años) corresponde a la gestión gubernamental del presidente Hugo Chávez Frías: ¡hecho innegable e irrefutable! Es como el caso de la basura del “doctor en basura” Freddy Bernal; o el de la política de vivienda social, en el subsuelo; o el de mantenimiento de calles, avenidas, carreteras, autopistas y estructuras viales como puentes y túneles; o el del congelado desarrollo urbano. Según la Constitución y leyes vigentes, este desbarajuste acarrea responsabilidades políticas, administrativas y penales, sobre cuya evaluación y sanciones corresponde actuar a la Asamblea Nacional, por ejemplo.

El diputado Darío Vivas, desde la presidencia de la nueva Comisión Permanente de Administración y Servicios de la A. N., tendrá en sus manos la investigación: veremos si no cae en la tentación del “cuidapuestismo” típico de la mayoría parlamentaria oficialista, que ni investiga ni controla, y cuando investiga y concluye en posibles sanciones a “dirigentes del proceso”, engaveta descaradamente los informes, como en el caso Manuitt (Guárico), presuntamente implicado política y administrativamente en inaceptables violaciones a los Derechos Humanos e irregularidades administrativas.

•CUMPLIDOS ANTI-CORRUPCIÓN hemos escuchado en boca de altos dirigentes chavistas, en diciembre pasado y en lo que va de enero 2006. El primero, digamos, fue (por enésima vez) el líder único Hugo Rafael Chávez Frías, quien estremecido por el desastre del 4D, volvió con el cuento de la “guerra a muerte contra la corrupción”, rodeado de corruptos (civiles y militares) como ha estado estos siete años, y a quienes ha protegido, como en los protuberantes casos de Luís Miquilena, Tobías Carrero Nácar y Hernán Grüber Odreman, sus conspicuos colaboradores durante la campaña electoral de 1998 y los primeros años de gobierno, a partir del 2 de febrero de 1999. Los venezolanos y venezolanas, mayoritariamente, no le creemos, pues precisamente la corrupción más nauseabunda, descarada y petulante ha sido la de su gobierno, también sin solución de continuidad en este “proceso” de Cuarta a Quinta. ¡Cómo han robado los militares y civiles encumbrados en la Quinta! La podredumbre es tal, que es vox populi, incluso entre chavistas desencantados: peculado de uso, abuso de poder, comisiones, sobreprecios, créditos sin retorno, cooperativas fraudulentas, neo-ricachones por todos lados. Eso es lo que hay, en el chavismo encumbrado. Y no me venga el presidente Chávez, a decir que él ni ve ni oye, porque su gobierno, simplemente, está semi-podrido (con el debido y sincero respeto a la gente honesta que no se ha lucrado) con la inmundicia de testaferros que les ha servido a esas mafias (delincuencia organizada) de la corrupción administrativa.

•WILLIAM LARA Y PEDRO CARREÑO se sumaron al re-que-te-tar-dío coro anti-corrupción de Chávez. ¿Cómo creerles, siquiera, una de sus palabras?. El primero, fue la cabeza de la conspiración chavista, ordenada desde Miraflores, para salvarle el pellejo a Luís Miquilena (entonces, jefe del MVR, de buena parte del gobierno y de la más importante mafia de corrupción, durante los primeros años de gobierno) y su socio Tobías Carrero Nácar, en el caso “Micabú-Multinacional de Seguros”, que llevó a enlodarse históricamente a mucho magistrado del primer Tribunal Supremo de Justicia de la era chavista, en el cual la mafia Carrero-Miquilena se hizo con un tercio de los magistrados. Cumpliendo órdenes, WL le dijo a sus colegas parlamentarios, en reunión privada, que “salvar a Miquilena” era “salvar la Revolución”, según testimonio de algunos participantes. Aquella conspiración para delinquir, dirigida desde el CTN del MVR por orden presidencial y en conocimiento de parte del alto gobierno, llegó hasta el extremo de una red de espías (luego gratificados con altos cargos burocráticos en la Defensoría Pública) incrustados en la Fiscalía General de la República, en torno al despacho del entonces FG, Javier Elechiguerra. El otro, que ahora quiebra lanzas contra la corrupción y va dizque a presidir la Comisión de Contraloría de la A. N., no es menos culpable que Chávez y Lara: tiene en su record personal las grotescas maniobras para salvarle el pellejo a Hernán Grüber Odreman y a Eduardo Manuitt, precisamente en la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, lo que todo el mundo sabe y recuerda perfectamente; allá, la dignidad de quienes levanten la mano para ungirlo “Presidente de la Comisión de Contraloría”, como premio de consolación.

•NO SÉ, USTEDES, pero yo no creo en la honestidad de Chávez, Lara y Carreño, a la hora de lanzar esta ridícula “guerra a muerte contra la corrupción”. Si quieren dar señales serias en ese sentido, deberían reconocer las omisiones y complicidades en que han incurrido durante los últimos siete años de gestión pública semipodrida , y comenzar por investigar a los diputadillos-delincuentes que se dedicaron a tramitar contratos nacionales, regionales y municipales con testaferros, para enriquecerse: sé de dos cochinos casos, ex diputados del MVR (no reelegidos, afortunadamente, en bien de la salud pública) uno por el Estado Anzoátegui, y otro por el Estado Carabobo; ambos salieron tan pero tan ricos, que no pueden ocultar sus bienes de fortuna personal, aunque no se les vea la que comparten con sus testaferros o socios mafiosos. Al de Anzoátegui, todo el mundo lo conoce y sabe de su enriquecimiento vulgar y graciosísimo jalabolismo. Y el de Carabobo, la gente que lo conoció pobre (“pata en el suelo, hasta hace poco”, dicen) no sale de su asombro, pero él les responde con tranquilidad: “yo me jodí bastante para llevar a Chávez a la Presidencia, me comí las verdes, y ahora me estoy comiendo las maduras”.

•NO POR MAJADERO, cito los siguientes artículos constitucionales:
“Artículo 145. …Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otro u otra….
“Artículo 190. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que contraten con personas jurídicas estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas…”
“Artículo 271.previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes.”.

•ENRIQUE MENDOZA (ex jefe de la desaparecida Coordinadora Democrática, a la cual bastante financió con dineros públicos, mediante testaferros, peculado de uso con recursos de la Gobernación de Miranda y aportes a “fundaciones” y “ONG”s) tendría en sus manos la citación, para estos días de enero, del mismo Tribunal que condenó a Carlos Ortega a casi 16 años de cárcel, por su participación dirigente en la convocatoria y realización del paro petrolero y empresarial de diciembre 2002 a febrero 2003, causando pérdidas incuantificables a la economía venezolana, sufrimientos a la población, traumas colectivos y muertes. Lo que nadie sabe es si se presentará o cogerá por los caminos verdes. Después le vendrían las causa judiciales –al menos tres- por presuntos hechos de corrupción administrativa.

• AMNISTÍA, INDULTOS Y SOBRESEIMIENTOS podrían constituir una compleja política de Estado para la reconciliación nacional, de acuerdo con las atribuciones que la Constitución asigna, respectivamente, a los poderes Legislativo (Art. 187/5), Ejecutivo (Art. 236/19) y Judicial. Lo que no podría entrar en esas medidas de gracia sobre los acontecimientos ocurridos entre abril de 2002 y febrero de 2003, es la prevista imprescriptibilidad constitucional de los delitos de violación de derechos humanos, corrupción administrativa y narcotráfico. Es decir, la amnistía (potestad de la Asamblea Nacional) que muchos hemos sugerido, sería específica, aunque amplia, para los delitos por motivaciones políticas que no vulneren lo previsto en el artículo 271 de la Constitución.

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