Opinión Nacional

Auge y caída de una reforma constitucional

El gobierno bolivariano, aparentemente, engavetó sus proyectos de reformar la Constitución de la República, por ahora. La reforma propuesta por Chávez pretende alterar todo el régimen jurídico del Estado democrático y social de Derecho que se establecido al cabo de años, y sustituyéndolo por otro que, como él mismo lo dice, impulse una etapa en la que se acentúe el proceso de transformaciones hacia el establecimiento de un Estado socialista.

El oficialismo, en todo caso, pretende asumir la autoridad de Poder Constituyente al auto abrogarse su condición de único y total vocero del pueblo, y al pretender fusionar pueblo y gobierno como si fueran lo mismo. Para una reforma de tal profundidad, sólo a través de los mecanismos y procedimientos establecidos en la propia Constitución se puede convocar y concretar una Asamblea Nacional Constituyente. Por conveniencia, el Ejecutivo procura hacer la modificación radical de la Constitución vigente a través de una reforma, asumiendo, indebidamente, que el gobierno es depositario del Poder Constituyente

El gobierno está llevando esta reforma constitucional con misterio, en absoluto secreto. Como una verdadera caja de Pandora, donde los ciudadanos, no saben a ciencia cierta cuál es su planteamiento en materias tan vitales. El principal propósito del gobierno es aprobar una reelección indefinida del Presidente de la Republica, como es obvio, y concentrar mayores poderes en sus manos.

A pesar de no ser necesaria una reforma constitucional para resolver los problemas del país, de insistir en su modificación, es fundamental la participación de todos los sectores de la nación. La Constitución debe ser integradora, no para una parcialidad del país. No debe ser impuesta desde el poder y no debe consagrar una ideología en particular; pues debe respetar y promover la pluralidad política, la tolerancia, la convivencia y la participación real en el proceso de su elaboración. Darle contenido ideológico a la Constitución y calificarla de “socialista”, significa que la Constitución es excluyente, parcializada y está condenada a durar lo que dure el régimen que la impuso.

Con la propuesta de Chávez los temas más sensibles de nuestra legislación están en peligro. La descentralización y el federalismo se verían afectados por el proceso centralizador propuesto. Se pretende poner a la Fuerza Armada constitucionalmente al servicio de una parcialidad ideológica, y no del Estado.

El gobierno propone un socialismo al estilo cubano, pero más del 70 por ciento de los venezolanos lo rechaza. El gobierno propone un control hegemónico de la educación y más del 85 por ciento de la población lo rechaza. El gobierno propone una reelección presidencial indefinida y mas del 70% de la población lo rehechaza. He aquí el verdadero dilema del gobierno: la gran impopularidad de las reformas es evidente. Las cartas del oficialismo están bajo la manga, y no hay razones para descartar sorpresas, porque se trata de un estilo y tácticas conocidas.

* Profesor de Derecho Constitucional

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